Prensa

Septiembre 25 2015

AIDA solicita a la Corte Suprema la protección de las fuentes de agua

AIDA pidió anular la resolución de la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, que establece el Caudal Ecológico en 10%, dejando el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas a disposición de grandes proyectos, como represas hidroeléctricas. Ciudad de Panamá, Panamá. AIDA presentó un escrito legal de apoyo a la demanda promovida por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) que solicita la anulación de la Resolución No. AG-0691-2012, aprobada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hoy Ministerio de Ambiente. Esta resolución, que establece el Caudal Ecológico, permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas. El Caudal Ecológico es el flujo mínimo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros—, valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM, cuya nulidad se busca, limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede en manos de mega proyectos de infraestructura. En el escrito judicial de apoyo a la demanda, AIDA expone los principales argumentos de derecho internacional resaltando las obligaciones que tiene el Estado Panameño de protección del recurso hídrico y de garantizar los derechos humanos. “Buscamos que los jueces de la Sala Tercera declaren la nulidad de la resolución de la ANAM comprendiendo la importancia de que Panamá cuente con una regulación de Caudal Ecológico en concordancia con las obligaciones internacionales, que procure la salud de los ecosistemas acuáticos y garantice los derechos humanos”, señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. AIDA solicita que la Corte Suprema declare la nulidad de la resolución de la ANAM por considerar que la misma violenta principios y obligaciones internacionales contraídas por el Estado panameño de proteger la biodiversidad de los ecosistemas y su uso racional, los derechos humanos como el de al agua, al ambiente sano y a la vivienda. Asimismo, AIDA considera que la resolución carece de mecanismos de participación para establecer el caudal ecológico de forma tal que incorpore las necesidades de todos los interesados en cada cauce.

Septiembre 23 2015 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Belo Monte incumple condiciones para operar: concluye autoridad ambiental

Altamira, Brazil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) publicó ayer el análisis técnico de la represa de Belo Monte concluyendo que las condiciones para otorgar la Licencia de Operación no se han cumplido. Diez de las doce condiciones identificadas por IBAMA son consideradas esenciales para otorgar la licencia. Hasta que el consorcio Norte Energia cumpla esas condiciones la continuidad del proyecto será interrumpida y el embalse no podrá comenzar a llenarse. "Recibimos positivamente la evaluación detallada de IBAMA para Belo Monte, una represa que ya ha causado graves impactos a los derechos humanos y al ambiente" dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. "En el futuro es crucial que todas las condiciones se cumplan integralmente y que existan medidas efectivas para proteger a las personas del Xingú y al ambiente, antes de otorgar la licencia". Por más de cinco años, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha ayudado a organizaciones y a comunidades indígenas y locales en la dura lucha para denunciar las irregularidades del proyecto Belo Monte. Las conclusiones de IBAMA reafirman los argumentos de quienes por años se han opuesto a la represa debido a los impactos socioambientales negativos. "Si el gobierno de Brasil aprueba la licencia de operación sin antes garantizar la protección del ambiente y de los derechos humanos, estará violando sus compromisos internacionales", dijo María José Veramendi, abogada de AIDA. AIDA y organizaciones aliadas hemos argumentado que no existen condiciones para la aprobación de las licencias de Belo Monte. Siguen pendientes aspectos esenciales como agua potable, saneamiento y servicios de salud y la garantía de los derechos mínimos a la población desplazada. En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas afectadas en la cuenca del río Xingú. La gravedad de las violaciones a los derechos humanos se evidencia en un informe del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, al que AIDA contribuyó, así como en información de autoridades gubernamentales de protección de pueblos indígenas, de salud y por el Ministerio Público Federal. AIDA espera que el informe técnico de IBAMA sea seriamente atendido en la decisión final con respecto a la licencia de operación. La negación de la licencia podría finalmente servir como un cambio positivo hacia futuros proyectos planeados en la Amazonía de Brasil y en toda la región, enviando un mensaje positivo que proyectos de desarrollo económico no pueden implicar violaciones a derechos humanos.

Septiembre 22 2015 Arrecifes de coral, Océanos

Entregan a SEMARNAT más de 30 mil firmas pidiendo proteger Los Tuxtlas y Arrecife Veracruzano

Exitosa y muy participativa la iniciativa en la plataforma change.org/conservaveracruz La Reserva de los Tuxtlas y el Sistema Arrecifal Veracruzano están en riesgo por la autorización que Semarnat otorgó para las obras de ampliación del Puerto de Veracruz. Alertan organizaciones ante el Comité Científico de la Comisión Interamericana para la Protección de las Tortugas la amenaza de este proyecto para las tortugas marinas. Organizaciones de la sociedad civil entregaron a José Luis Juan Bravo Soto, Director de Atención Ciudadana de SEMARNAT y David Gutiérrez Carbonell, Director General de Conservación para el Desarrollo de CONANP, las más de 30 mil firmas para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revoque la autorización en materia de impacto ambiental otorgada para la extracción de roca basáltica de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas (RBLT), que pretende utilizarse en la ampliación del Puerto de Veracruz. La autorización expedida a favor de la istración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) por parte del gobierno en junio del 2014 profundizará los daños que históricamente el puerto ha ocasionado a la barrera coralina y pondrá en peligro a dos de los tesoros naturales más importantes de México y el mundo. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), y las organizaciones Resistencia Organizada por la Conservación Ambiental (La Roca) y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) señalaron en conferencia de prensa que, actualmente, el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) se encuentra en riesgo debido a la autorización que otorgó Semarnat para que se modificara, sin la suficiente información técnica y científica, la superficie del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), de forma que sea posible ampliar el Puerto de Veracruz. Adicionalmente, el gobierno federal permitió la explotación de una mina de piedra basáltica en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto, aun cuando el programa de manejo de la reserva prohíbe expresamente el uso de explosivos en el área. Esta región es una de las últimas selvas húmedas de México, un muro natural contra huracanes y tormentas tropicales, refugio de millones de especies vegetales y animales, y hogar de muchas comunidades. Además de las acciones emprendidas hasta el momento, CEMDA y AIDA presentaron el 22 de septiembre de este año, un informe al Comité Científico de la Comisión Interamericana para la Protección de las Tortugas (CIT), sobre los impactos que la ampliación del puerto de Veracruz, así como los proyectos indirectos de éste (como la construcción de almacenes de roca) tendrán sobre las tortugas marinas y su hábitat. Cabe recordar que el Sistema Arrecifal Veracruzano es el mayor ecosistema de coral del Golfo de México. Funciona como barrera contra olas y tormentas, como cuando en 2010 protegió a la ciudad de Veracruz del huracán Karl. Asimismo, alberga una gran variedad de flora y fauna . Particularmente, las costas de Veracruz, incluyendo el PNSAV, reciben en diferentes épocas del año a cinco especies de tortugas marinas neotropicales . APIVER, promotora del proyecto de ampliación del puerto, señaló en su manifestación de impacto ambiental que “nunca se hará afectación directa sobre especies bajo protección” . Sin embargo, no presentó medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la carey, catalogada como especie amenazada conforme a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) y la legislación mexicana. Esta especie se distribuye dentro del PNSAV y tiene rutas migratorias a lo largo del Golfo de México. Semarnat autorizó el proyecto en diciembre de 2013, sin requerir condicionantes o plan de manejo especial para conservar a esta especie . Esta situación es contraria a la obligación del Estado mexicano de promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen -particularmente de los lugares de desove y alimentación-; debido a que no restringe las actividades humanas que puedan afectar a los quelonios, particularmente durante los periodos de reproducción e incubación. El Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida en 1992 y en 2004 fue registrado como Humedal de Importancia Internacional de acuerdo a las características establecidas por la Convención Ramsar, por lo que la autorización otorgada por la autoridad ambiental contraviene normas nacionales e internacionales y no considera apropiadamente los impactos acumulativos que el proyecto tendrá en ese ecosistema. Asimismo, se incumple con la responsabilidad del Estado mexicano de proteger la biodiversidad de su territorio y se incumplen la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las disposiciones de la Convención de Diversidad Biológica.

Septiembre 11 2015

Organizaciones regionales respaldan informe de expertos sobre Ayotzinapa

Ciudad de México Las organizaciones firmantes hemos seguido con atención la colaboración del gobierno Mexicano con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa (en adelante GIEI o Grupo de Expertos). En este marco, expresamos nuestro apoyo absoluto al informe presentado por el GIEI el pasado 6 de septiembre del año en curso. Consideramos que el informe contiene aportes sustanciales para la debida investigación y esclarecimiento de los hechos, y por ello, solicitamos al Gobierno Mexicano que refrende su voluntad de hacer justicia en este caso y garantice el cumplimiento cabal de las recomendaciones formuladas por el GIEI. Asimismo, es de nuestro conocimiento que, el Presidente de la República ha aceptado recibir y escuchar personalmente a las víctimas y sus familiares. Quedaremos atentos al cumplimiento de este compromiso, ya que consideramos que se trata de un gesto fundamental en aras de la reivindicación de las víctimas y sus familiares. En dicho encuentro esperamos que éstos puedan recibir una explicación clara sobre los pasos a seguir para que, a partir de las aportaciones del GIEI, sus demandas de verdad y justicia se hagan realidad. Cabe destacar que el GIEI reconoce que la problemática de la desaparición trasciende el caso de los 43 estudiantes normalistas y afecta a miles de familias en México. En este sentido, el Grupo de Expertos formuló recomendaciones estructurales para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la verdad de sus familiares. Al respecto, consideramos esencial que el gobierno Mexicano cumpla también con estas recomendaciones, como un primer paso para poner fin a la espiral de impunidad que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana durante décadas. Finalmente, las organizaciones firmantes respaldamos la solicitud de las víctimas y sus familiares de extender el mandato del GIEI hasta que los hechos sean totalmente esclarecidos. ATENTAMENTE, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – México Abuelas de Plaza de Mayo – Argentina Acción Solidaria en VIH/Sida - Venezuela Acción Visual (Argentina) ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ (de Colombia) Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)- México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – regional Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH) Asociación pro Derechos Humanos- APRODEH – Perú Casa de la Mujer (Colombia) Casa Renacer Honduras (Casa Hogar de Personas con VIH) Católicas por el Derecho a Decidir - México CCAJAR – Colombia CEDAL- Centro de Derechos y Desarrollo. Perú CEFEM Centro de Justicia Feminista de los Derechos Humanos de las Mujeres Leticia Galarza Campos - México CEJIL Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, - México Centro de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas (Chile) Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM-Ecuador) Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) - Colombia Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH – Perú Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Perú CIVILIS Derechos Humanos - Venezuela Cofavic (Costa Rica) Colectiva Lesbica/Bisexual ANAT – Honduras Colectivo Nacidos en la Tempestad – México Coletivo Peso / Periferia Soberana (Brasil) Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en EE.UU. (GHRC/USA) Comisión de Justicia y Paz (Colombia) Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU – Ecuador Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Argentina Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Colombia Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM El Salvador Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Uruguay Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Guatemala Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Conectas Direitos Humanos - Brasil Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay - CODEHUPY (Paraguay) Corporación Sisma Mujer de Colombia Defensa de Niñas y Niños Internacional- DNI Costa Rica Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. / México Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. (México) El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICG- FEDERACION COMUNAL DE BOGOTA Y MOVIMIENTO NACIONAL COMUNAL - Colombia Fundacion Myrna Mack – Guatemala Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Regional Fundar, Centro de Análisis e Investigación GAPP - Grupo de Apoio ao Protesto Popular (Brasil). Grupo de Mujeres San Cristobal de las Casas IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) Instituto de Defensa Legal (IDL) – Perú Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos JASS (Asociadas por lo Justo) Laboratorio de Paz (Venezuela) Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Oficina jurídica para la mujer de Cochabamba Bolivia (Bolivia) Paz y Esperanza (Perú) Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD-Ecuador) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea - Venezuela) Robert F. Kennedy Human Rights Terra Mater (Ecuador) Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social - UNITAS (Bolivia) Vicaría de DD.HH de Caracas – Venezuela

Agosto 12 2015 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Pronunciamiento ante los hechos de violencia registrados en La Oroya

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, manifestamos nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia que se vienen suscitando en la ciudad de La Oroya, departamento de Junín. De acuerdo con información de conocimiento público, desde las primeras horas de ayer martes 11 de agosto el paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya propiedad de la empresa Doe Run Perú S.A. conllevó el bloqueo de la Carretera Central, lo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Lo anterior, ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona, el señor Edwar Soto de la Cruz (41) y alrededor de 67 personas heridas, entre ellas, cuatro heridas de bala e identificadas por el propio Ministerio Público como Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52), las mismas que no pueden ser debidamente atendidas, ya que el hospital de ESSALUD de La Oroya ha colapsado por no contar con suficiente personal médico para atender la emergencia. En vista de dicha situación manifestamos que: El derecho a la protesta social es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para ejercer un justo reclamo ante el Estado, no obstante, éste debe de ser ejercido de forma pacífica. El Estado peruano debe garantizar el pleno respeto a la vida e integridad de la población de conformidad con la Constitución Política y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, en su tarea de mantener el orden público, la Policía Nacional del Perú debe respetar el protocolo de intervención policial en conflictos sociales y no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza letal. Información difundida a través los medios de comunicación constata el uso de fuerza letal por parte de la Policía en La Oroya. Exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación de la “Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú”, al amparo de las facultades legislativas, norma que permitirá regular el empleo de la fuerza por personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional, que es mantener y restablecer el orden interno. Expresamos nuestro rechazo y condenamos todo acto violencia, por lo que hacemos un llamado al diálogo que permita llegar a una solución oportuna y pacífica, evitando de esta manera que el número de víctimas se acreciente con el paso de las horas. Ante el reclamo de parte de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya de respeto a su derecho al trabajo, el Estado tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además, garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya. Finalmente, solicitamos que el Ministerio Público realice una pronta y exhaustiva investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y que de manera urgente, el Estado brinde los recursos necesarios al Hospital de ESSALUD de La Oroya a efectos de que pueda atender adecuadamente a las víctimas.

Julio 10 2015 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Defensores de derechos humanos afectados por hidroeléctrica Las Cruces son víctimas de criminalización e intimidación

Los líderes del movimiento de defensa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto en Nayarit llevan detenidos dos meses sin derecho a fianza; denuncian abuso de autoridad. El proyecto fue autorizado por SEMARNAT pese a que no se garantizó el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas. Nayarit, México. Los incidentes de intimidación contra los líderes indígenas del movimiento de defensa del territorio que será afectado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, han aumentado en la primera mitad del año. El Secretario General de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas, acusó que las movilizaciones tienen el apoyo del crimen, lo cual es falso A ello se suma la criminalización de la que son víctimas autoridades ejidales y tradicionales de los territorios que serán afectados por la hidroeléctrica, ya que cinco de ellos denuncian abuso de autoridad por estar detenidos de manera arbitraria hace dos meses sin derecho a fianza. En el contexto de megaproyectos como la hidroeléctrica Las Cruces, el gobierno ha conformado estrategias de intimidación y criminalización de defensores de derechos humanos que se oponen a la explotación de su territorio; ése es el caso de los cinco presos políticos, acusados de delitos sin pruebas. Los líderes han sido acusados del delito de asociación delictuosa por la Procuraduría local derivado de la intención de crear un sistema de vigilancia comunitaria. Lo anterior fue expresado a manera de opinión en sus reuniones comunitarias. Ante ello, Lucía Chávez, Coordinadora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó la necesidad de que el gobierno del Estado de Nayarit, así como todas las dependencias involucradas en el proyecto, reconozcan la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos. En una conferencia de prensa realizada esta mañana, hizo notar que la labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental en un Estado democrático, por lo que se debe transmitir el mensaje de que las agresiones de criminalización hacia su labor están totalmente fuera de lugar y los colocan en riesgo; por lo que deben parar las descalificaciones hacia las personas y colectivos que se oponen al megaproyecto. Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y asistir a personas y grupos que corren el riesgo de ser desplazados tanto por un megaproyecto, como por los actos de hostigamiento derivados de la defensa de sus derechos. La protección contra el desplazamiento interno es un mandato constitucional que se desprende de las obligaciones de proteger, garantizar y defender los derechos humanos; así como de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Al respecto, tanto el Convenio 169 de la OIT (artículos 15 y 16) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 10) establecen que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, ni se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, y sin la existencia de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción del regreso. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir el permiso. “Conforme a los estándares internacionales, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto como lo condiciona la SEMARNAT en la autorización de impacto ambiental de Las Cruces; en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, entidad a cargo del proyecto, debió de consultar de manera, previa, libre, informada y de buena fe a estos pueblos desde el diseño del plan hidroeléctrico, conforme a las instituciones indígenas, y a sus usos y costumbres para proteger su integridad cultural, social y económica”, indicó Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la conferencia de prensa. Por su parte, Manuel Rebolledo, presidente del Grupo Ecológico Manglar, mencionó la falta de adecuación del proyecto con diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT en virtud de la falta de realización de una consulta libre, previa e informada. Raúl Nacía Coutiño, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad informó que la construcción de Las Cruces iniciará en enero de 2016. De construirse la hidroeléctrica, el poblado de San Blasito y algunas tierras comunales cultivables quedarán bajo el agua. En consecuencia, sus pobladores se verán obligados a desplazarse. Al represar el río San Pedro Mezquital, se afectarán sitios sagrados que están sobre el caudal, dañando así la cultura, religión y las fuentes de subsistencia de los pobladores de la zona.

Julio 10 2015 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

El Fondo Verde Climático decepciona al acreditar entidades con antecedentes inadecuados de forma apresurada y poco transparente

Durante su décima reunión, realizada en Songdo, Corea del Sur, y en un proceso poco transparente, la Junta Directiva del Fondo Verde Climático acreditó a 13 entidades para el manejo del financiamiento que el Fondo otorgará para actividades de adaptación y mitigación del cambio climático. La Junta acreditó a las entidades en paquete, sin hacer un análisis debido caso por caso. Y lo hizo sin tener en cuenta que algunas de ellas habían sido penalizadas por financiar terrorismo y lavado de dinero, y que su cartera principal de financiamiento son los combustibles fósiles. Tampoco consideró que algunas de ellas no demostraron capacidad suficiente para manejar proyectos de cambio climático de alto riesgo que pueden conllevar impactos sociales y ambientales irreversibles, y que no cumplen con estándares fiduciarios internacionales para manejar ese tipo de actividades. “Estamos decepcionados al ver que el Fondo Verde Climático muestra un comportamiento orientado a los negocios, nada diferente a otros organismos financieros; ello no ayuda a que el Fondo contribuya a un cambio paradigmático y brinde mayor a recursos a los actores locales”, dice Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA y observadora de la sociedad civil durante las reuniones de la Junta Directiva del Fondo. El proceso de toma de decisiones para la acreditación de las 13 entidades no fue transparente ya que no se conocieron los nombres de los candidatos sino hasta que la decisión fue tomada. Pese a ello, las organizaciones de la sociedad civil lograron obtener información para identificar los antecedentes inadecuados de algunas de las entidades que buscaban ser acreditadas y solicitaron a la Junta decidir caso por caso. Pidieron además que la Junta evalúe la existencia de evidencia suficiente sobre la capacidad de estas instituciones para el manejo de proyectos de alto riesgo, y asegure que sólo las mejores entidades sean acreditadas. Sin embargo, la Junta optó por tomar una decisión apresurada. Revisó las propuestas en una Sesión Ejecutiva, es decir secreta, y acreditó a las 13 entidades en conjunto sin considerar sus antecedentes problemáticos. “Al actuar de ese modo, la Junta pone en riesgo la reputación, credibilidad y legitimidad del Fondo Verde”, señala Rodríguez. La Junta Directiva debe asegurar que las entidades que buscan acreditación cumplan con todos los estándares requeridos para acceder a los recursos del Fondo. De ello depende también que países en desarrollo accedan al financiamiento necesario para implementar acciones frente a los daños cada vez más severos del cambio climático. Y es vital también que la Junta garantice procesos transparentes de toma de decisión.

Julio 09 2015 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Represa Belo Monte podría empezar a operar pese al incumplimiento de condiciones socioambientales

Las condiciones para la protección de la salud, integridad y vida de la población afectada no se han cumplido. Organizaciones reiteran la vigencia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, cuya situación de riesgo a causa de la represa persiste y ha empeorado. Altamira, Brasil; Washington, Estados Unidos. La represa Belo Monte está a punto de obtener la autorización para comenzar a operar. Ello podría ocurrir sin que se hayan cumplido las condiciones necesarias para proteger la salud, integridad y vida de la población afectada por el proyecto, incluidas las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, sobre el cual se construye la hidroeléctrica con un avance de más del 70%. Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener las medidas cautelares otorgadas en 2011 a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Lo hicieron como respuesta al pedido del Gobierno brasileño de levantar las medidas, que fueron otorgadas para evitar daños irreparables a los derechos de las comunidades. El escrito fue presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXPVS) en representación de comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la represa Belo Monte. Las organizaciones argumentan ante la CIDH que la situación social y ambiental en torno a Belo Monte sigue siendo grave, urgente y que se causarían daños irremediables. Lo hacen con base a un informe reciente del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil y a datos oficiales del gobierno que incluyen información de las autoridades de salud y de protección indígena, y del Ministerio Público. El informe de ISA analiza a detalle la situación de Altamira, Pará, región donde se construye Belo Monte, enfatizando las violaciones de derechos humanos e irregularidades del proyecto. El informe alerta que no existen las condiciones necesarias para que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorgue la Licencia de Operación al proyecto y autorice el llenado de la represa, así como el desvío definitivo del Xingú, para que una parte de la hidroeléctrica comience a operar. Según el informe de ISA, las medidas para evitar los impactos del proyecto en salud, educación y saneamiento básico no se han cumplido. Ello derivará en otros daños como la desmembración de pueblos indígenas, la saturación de los servicios públicos de salud, menor calidad en la educación y mayor degradación forestal. “Las consecuencias que anunciamos hace años son ahora una realidad”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “El llenado de la represa, previsto para fin de año, materializará la pérdida de viviendas, territorio y la modificación de los modos de vida tradicionales y fuentes de sustento de las comunidades del Xingú; por ello, las autoridades, de Brasil y la CIDH deben actuar efectivamente para evitar este desastre”. Todo apuntaría a que no existen las condiciones para que Norte Energía, consorcio a cargo del proyecto, obtenga la Licencia de Operación. El vicegobernador de Pará informó que aunque las obras de construcción registran un 70% de avance, sólo el 30% de las condicionantes se han cumplido. Del mismo modo, la Procuradora de República en Altamira, Thais Santi, dijo que el consorcio no está respetando el plan de protección de las tierras indígenas, la principal condicionante para la protección de los pueblos del Xingú. La decisión sobre la autorización del funcionamiento de Belo Monte deberá tomarse además en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado al proyecto. La investigación Lava Jato, iniciada hace un año, evidenció una masiva red de corrupción entre el gobierno y las grandes empresas constructoras en Brasil. Un alto ejecutivo, actualmente en prisión acusado de corrupción, mencionó en sus declaraciones cómo se habían pactado y ejecutado sobornos para la construcción de Belo Monte. Debido a ello la Contraloría General de la Unión (CGU) decidió investigar el uso de recursos públicos en el proyecto. “La falta de control efectivo en la ejecución del proyecto ha hecho que las consecuencias sean mucho peores a las previstas, por lo que dar vía libre a la operación de la represa implicaría en este momento cerrar por completo las opciones de evitar mayores desastres sociales y humanitarios en la zona”, dijo Sandy Faidherb, de la SDDH.

Junio 24 2015

Organizaciones ambientales condenan atentados contra el ambiente en Colombia

Bogotá, Colombia. Las organizaciones ambientales abajo firmantes condenan los atentados contra el ambiente ocurridos en los departamentos de Putumayo, Nariño, Arauca, Boyacá y Norte de Santander, atribuidos a las FARC-EP. Según información de los medios de comunicación, los ataques contra la infraestructura petrolera han generado daños ambientales en las cuencas de los ríos Tibú y Caunapí, entre otras, y en la Bahía de Tumaco, afectando a más de 84.000 personas. Este tipo de actos impactan en las comunidades locales, el país y el ambiente a nivel global. La contaminación por hidrocarburos en cuerpos de agua amenaza gravemente la vida y la salud de las personas, así como la integridad de los ecosistemas y sus especies animales. Las organizaciones firmantes recuerdan que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe a los actores de conflictos armados incurrir en la destrucción del ambiente no justificada por necesidades militares imperiosas, de acuerdo a los principios de distinción y proporcionalidad. Del mismo modo, los actores del conflicto, en la conducción de las hostilidades, deben abstenerse de menoscabar los derechos al ambiente sano y al agua. Las organizaciones reiteran que el derecho ambiental y de derechos humanos aplicable en Colombia, así como las obligaciones del Estado en la materia, no se suspenden durante períodos de conflicto armado. Por todo lo anterior, las organizaciones ambientales abajo firmantes llaman a las FARC-EP a respetar el Derecho Humanitario, absteniéndose de causar daños al ambiente. Asimismo, reiteran la necesidad de excluir tanto a las comunidades como a los ecosistemas del conflicto armado. Asociación Ambiente y Sociedad Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Foro Nacional Ambiental Fundación Natura Klimaforum Latinoamérica Network (KLN) Red por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC)

Junio 18 2015

AIDA celebra publicación de Encíclica Papal y reconocimiento de desafíos urgentes para Nuestra Casa: la Tierra

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la nueva Encíclica Laudato si (Alabado sea) del Papa Francisco dada a conocer hoy, que aborda los retos ambientales que la humanidad debe afrontar con urgencia de forma conjunta para proteger la Tierra “con la cual compartimos la existencia”. Su Santidad resalta las recomendaciones que organizaciones como AIDA hemos venido sugiriendo, lo cual nos complace y esperamos que finalmente tenga eco en los gobiernos, entidades internacionales, empresas y todas persona en este planeta, pues todos tenemos la responsabilidad de actuar para proteger nuestra Casa. La Encíclica es muy completa y abarca diversos temas, de los cuales resaltamos que el Papa reconozca: El trabajo que organizaciones e individuos realizamos para proteger el ambiente. Agradecemos su gesto y nos sentimos honrados y comprometidos a continuar con la ardua labor. Que “…las Cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces.…”. Por lo cual concluye que “…la reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes…”. La inequidad social y el impacto de la degradación ambiental, la cual “empeora” la miseria de los más pobres, incluidos migrantes y comunidades indígenas. Por tanto, reiteramos nuestro llamado a proteger la Tierra considerando especialmente soluciones que atiendan esa desigualdad. La compleja y rica biodiversidad de los ecosistemas del planeta, la cual debe ser preservada, así como el derecho humano al agua que “determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. El Principio de Precaución como mecanismo para evitar daños graves e irreversibles al ambiente. Con esta Encíclica, el Papa Francisco se une a otras autoridades religiosas que han realizado un llamado urgente para adoptar acciones inmediatas de protección al planeta.