Prensa
Continúa la violación al derecho a un medio ambiente sano en los arrecifes veracruzanos
Expertas y expertos advierten que la ampliación del puerto de Veracruz fue nuevamente autorizada sin conocer los verdaderos impactos ambientales ni establecer medidas suficientes para prevenir o revertir los daños.Los arrecifes coralinos, uno de los ecosistemas marinos más importantes de México, están en grave riesgo por deficiencias en las evaluaciones de impacto ambiental en ecosistemas marinos y terrestres.Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que la nueva autorización va en contra de las medidas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2022 y solicitan una evaluación de impacto ambiental integral.Se hace un llamado a la Secretaría de la Convención Ramsar y al Consejo de Áreas Naturales Protegidas para que se pronuncien en defensa de los arrecifes veracruzanos.En el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, este 22 de mayo organizaciones nacionales e internacionales levantan la voz por la protección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) en México. A tres años de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó cancelar las autorizaciones del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y realizar evaluaciones integrales basadas en la mejor ciencia disponible, el impacto ambiental real del megaproyecto aún se desconoce. En 2023 y 2024 los arrecifes de coral del PNSAV han presentado eventos de blanqueamiento alarmantes, resultado de afectaciones acumuladas por el aumento de la temperatura, y probablemente agravados por la sedimentación generada por las obras, el tráfico marítimo y la contaminación del agua. Estas amenazas ponen en grave riesgo uno de los ecosistemas marinos más importantes de México: los arrecifes coralinos. Estos impactos podrían ser mitigados por un proceso adecuado de evaluación de impacto ambiental y un manejo integral costero, algo que no se hizo antes de aprobar la ampliación del puerto.En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó nuevamente de manera fragmentada la ampliación del puerto de Veracruz mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-06257-22. Esta decisión se tomó sin integrar adecuadamente la información científica ni garantizar la participación de las personas que habitan en la zona conurbada, cuyas actividades económicas -como la pesca y el turismo- dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos, impactados por este megaproyecto.Las organizaciones Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice, en conjunto con personas expertas científicas, analizaron la nueva autorización y detectaron incumpliminetos a la sentencia de la SCJN: No se realizaron nuevos estudios con información actualizada.No se adoptó un enfoque holístico e integral.No se garantizó la participación ciudadana.No se presentaron medidas suficientes y adecuadas para evitar o revertir los impactos ambientales. Además, se ignoraron factores clave señalados por las personas expertas, como los impactos de la construcción en ambientes terrestres y la delimitación de la zona de fondeo a escasos metros de los arrecifes sumergidos la Loma y Los Verdes Norte; así como los impactos de la extracción de rocas para las escolleras, el aumento del tráfico marítimo, la contaminación del mar y la erosión costera causada por el cambio en las corrientes marinas.Ante el incumplimiento por parte de la SEMARNAT de su deber de proteger el derecho a un medioambiente sano, la SCJN ordenó que la Secretaría gestione la asistencia técnica internacional en el marco de la Convención Ramsar, pero debido a la falta de gestiones idóneas y significativas, a la fecha aún está pendiente la misión de asesoramiento con personas expertas designadas por la Secretaría Ramsar. Además, se dispuso que la istración del Sistema Portuario (ASIPONA) presente un programa de restauración ecológica al Consejo de Áreas Naturales Protegidas, el cual no se ha presentado a la fecha.En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil han promovido acciones judiciales y de incidencia para aportar información técnica al caso, exigiendo una nueva evaluación del impacto ambiental que considere el proyecto en su totalidad. Sin embargo, estas acciones no han tenido efecto hasta ahora y el verdadero impacto del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz continúa sin evaluarse conforme a la sentencia de la SCJN y a los más altos estándares en materia del derecho a un medioambiente sano.Ante esta alarmante situación, que pone en riesgo a los arrecifes y los ecosistemas que nos sostienen, en violación al derecho humano a un medioambiente sano, organizaciones nacionales e internacionales hacen una llamado energético a:Al juez del Juzgado Quinto de Distrito: a no dar por cumplida la sentencia sin la realización de la necesaria evaluación de impacto ambiental de forma integral que permita conocer el verdadero riesgo ambiental de la obra portuaria, así como el reconocimiento de todos los impactos en los ecosistemas marinos y terrestres, así como en las comunidades que de ellos dependen.A la Secretaría de la Convención Ramsar: a realizar urgentemente la misión de asesoramiento pendiente con el fin de evitar daños mayores a los arrecifes y garantizar prácticas de evaluación de impacto ambiental integrales.Al Consejo de Áreas Naturales Protegidas: a no emitir una opinión favorable sin contar con una evaluación integral de los impactos que sustente un programa de restauración ecológico adecuado. Sumemos nuestras voces en defensa de los arrecifes del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano y de los ecosistemas que son amenazados por la ampliación del puerto de Veracruz. Llamamos a las autoridades ambientales a garantizar un manejo costero integral, con evaluaciones ambientales completas, como precedente necesario frente a futuras ampliaciones portuarias y otros megaproyectos en México. os de prensaNatalia Ramírez, TerraVida, [email protected], +52 (1) 5584625917Víctor Quintanilla Sangüeza, AIDA, [email protected], +52 5570522107 Ava Ibanez Amador, Earthjustice, [email protected]
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Alerta internacional urgente ante las afectaciones de la minería de litio a humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile
Las organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos alertan a la Secretaría de la Convención Ramsar acerca de los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales andinos y el incumplimiento de los países de sus obligaciones internacionales.La Alianza por los Humedales Andinos envió una alerta urgente a la Secretaría General de la Convención Ramsar, acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales, acerca de los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales andinos —salares, lagos, lagunas, vegas y bofedales— en Argentina, Bolivia y Chile, a causa de la creciente minería de litio.La alerta da cuenta que, en medio de la expansión de la minería de litio, los Estados de los tres países están incumpliendo sus obligaciones internacionales de la Convención de Ramsar sobre conservación, gestión y uso racional de los humedales.En el documento, la Alianza advierte que estos cambios implican afectaciones, actuales y potenciales, en la diversidad biológica, la seguridad hídrica, el proyecto de vida y las prácticas tradicionales y productivas de las comunidades locales y pueblos indígenas que dependen de estos ecosistemas.Chile, Argentina y Bolivia componen un sistema de salares andinos —ubicados en la ecorregión de la Puna— que alberga los mayores reservorios de litio a nivel mundial, concentrando entre el 52% y el 68% de las reservas globales, según distintas fuentes. Al 2023, el 30% de la producción minera de litio en el mundo provino de estos tres países y coloca a Latinoamérica como la segunda región con mayor producción.Frente a este panorama, la alerta contiene evidencia de las afectaciones ambientales que ya están ocurriendo en esta ecorregión, en los humedales andinos en general y en aquellos catalogados como de Importancia Internacional bajo el tratado Ramsar debido a múltiples proyectos de extracción de litio y de otros minerales que son considerados críticos para la transición energética de países del norte global.En Chile, por ejemplo, al menos tres salares han sido declarados por la judicatura chilena con daño ambiental irreparable por la extracción de agua: Punta Negra, Lagunillas y Pedernales. En Argentina, la minería de litio ha sido explotada durante más de treinta años en el Salar del Hombre Muerto, ubicado a menos de 60 km del Sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, lo que ha provocado una drástica disminución en el contenido de agua del salar. En Bolivia, los salares de Capina y Chalviri, que ya tienen impactos ambientales por actividades mineras son parte de convocatorias para nuevos proyectos de extracción de litio.Y es que la minería de litio demanda el uso de agua en una región donde es un bien escaso, lo que agrava el estrés hídrico de los salares, dada sus características de aridez extrema. El uso de agua dulce para producir una tonelada de carbonato de litio equivalente oscila entre 5000 y 50000 litros, según una investigación publicada en Science of The Total Environment.En la alerta, las organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos solicitan a la Secretaría de la Convención Ramsar, entre otras cosas:Establecer comunicaciones con los Estados de Argentina, Chile y Bolivia para que tomen conocimiento, se informen y transmitan sin demora, informaciones acerca de las modificaciones en las condiciones ecológicas de los humedales andinos, como consecuencia de la minería de litio, cobre y otras, en el marco de la transición energética del norte global.Incluir en el Registro de Montreux, un listado de humedales que están amenazados gravemente, a los humedales andinos que ameriten dicha medida.Proponer como medida urgente el Procedimiento de Monitoreo de Humedales de Importancia Internacional, en los territorios nacionales de los tres países.Establecer programas de acción específicos para los humedales y las cuencas de las que forman parte.Realizar un examen de leyes, políticas e incentivos relacionados con los humedales andinos y con la minería, en el marco de la transición energética.Establecer una estrategia regional conjunta para la conservación y uso racional de los humedales, como para la planificación de la gestión del agua, que tome en consideración las necesidades ecológicas de los humedales en el contexto actual y, genere las condiciones necesarias para asegurar la subsistencia, los modos de vida y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales en el territorio. o de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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Expertos de la ONU denuncian amenazas y estigmatización contra personas defensoras del agua y del páramo de Santurbán; exigen protección a su labor
Bucaramanga, Colombia. El pasado 6 de marzo, las Relatorías Especiales de la ONU sobre defensores de derechos humanos, medio ambiente sano, agua y saneamiento, y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos enviaron comunicaciones a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC para denunciar las amenazas y estigmatización que enfrenta el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán por defender este ecosistema amenazado por la minería en Colombia. A la fecha, solo se ha publicado una respuesta por parte del gobierno.Si bien los hostigamientos no son nuevos, recientemente se han difundido contenidos en redes sociales señalando como "personas no gratas" a las vocerías del comité. "Cada día que pasa sin respuesta del gobierno nacional, las empresas legitiman a quienes buscan silenciarnos", advirtieron integrantes del comité. Durante 16 años, el comité ha trabajado por proteger este ecosistema del que depende el suministro de agua dulce de más de dos millones de personas. Recientemente, lograron el reconocimiento de una parte del páramo como Zona de Reserva Temporal, lo que implica la suspensión por dos años de las actividades mineras a gran escala en el mismo. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá, subrayó que "el hecho de que Canadá aún no responda a las relatorías y expertos de la ONU lo dice todo. Canadá debe priorizar a las personas defensoras del ambiente del Comité de Santurbán y a su lucha por proteger el agua".Sebastián Abad Jara, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sostuvo que "mediante estas cartas, las agencias reconocieron al comité como coalición de personas defensoras; pusieron en conocimiento de gobiernos y empresas el riesgo claro, inminente y específico que padecen sus integrantes; y desmontaron la falsa vinculación de sus actividades con grupos ilegales". Los organismos de la ONU subrayan que Aris Mining, su subsidiaria Minesa y todas las empresas de su cadena de suministro —como Calimineros— , asociadas al proyecto Soto Norte, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente los de las personas defensoras del ambiente y del agua. "Colombia es uno de los países más peligrosos para defender el agua y la vida ante los proyectos extractivistas, por lo que urge la actuación inmediata de los Estados y las empresas para frenar la estigmatización y garantizar la seguridad del comité", indicó Jen Moore, investigadora asociada del Institute for Policy Studies (IPS). El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, AIDA, Mining Watch Canada, IPS, Common Frontiers Canadá y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) reiteramos el llamado de los expertos de Naciones Unidas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, a la empresa Aris Mining y a MDC Holding para que salvaguarden la vida e integridad de quienes integran el comité. Igualmente, hacemos un llamado urgente para que Estados y empresas respondan sobre el fondo de las comunicaciones y adopten medidas —con plazos verificables y avances medibles— para prevenir que las empresas asociadas al proyecto Soto Norte incurran en violaciones a los derechos humanos, conforme a las obligaciones previstas en la legislación nacional, el Acuerdo de Escazú, la normativa y jurisprudencia interamericana y los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Solo la protección y el fortalecimiento de liderazgos históricos como el del Comité de Santurbán en Colombia nos acercan a la justicia ambiental y climática. Las preocupaciones elevadas por las agencias de la ONU son un recordatorio de que la protección de quienes lideran las luchas por el agua en América Latina es un imperativo de la debida diligencia estatal y empresarial. os de prensaComité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected] Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011
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Comunidad maya en Guatemala exige en tribunales un alto a la contaminación que viola su derecho a un ambiente sano
La comunidad poqomam presentó una petición de amparo contra el gobierno municipal de Chinautla por no atender la contaminación de ríos y suelos causada por desechos sólidos y vertederos ilegales, problemática que alcanza al Motagua, el río más grande de Guatemala, y que afecta incluso al mar Caribe. Hoy, en audiencia pública, representantes de la comunidad dieron sus alegatos finales en espera del fallo.Ciudad de Guatemala. La comunidad del pueblo maya poqomam de Santa Cruz Chinautla presentó hoy sus alegatos finales en el litigio iniciado contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales, problemática que vulnera sus derechos a la salud y a un ambiente sano.Santa Cruz Chinautla, una de las 9 aldeas del municipio de Chinautla —ubicado a tan solo 12 kilómetros de la Ciudad de Guatemala—, atraviesa una grave crisis ambiental que impacta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de los más de 114 mil habitantes del municipio. Además de los basureros ilegales de desechos domésticos, la aldea enfrenta la llegada diaria de decenas de camiones que descargan desechos de construcción sin ningún control."Cuando era niño, nos bañábamos, pescábamos y jugábamos con las ranas en los ríos de Santa Cruz Chinautla. Hoy, todo eso quedó en el recuerdo. Ahora vivimos entre la basura y aguas negras que llegan desde la ciudad y de vertederos ilegales. Pedimos a las autoridades municipales que cierren los basureros clandestinos en nuestra comunidad y que establezcan acuerdos con las municipalidades aledañas para detener la contaminación y restaurar los ríos, como eran antes", dijo Efraín Martínez, Autoridad Ancestral del Pueblo Maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla, ante el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil durante la audiencia pública realizada hoy y en la que se presentaron los alegatos finales del caso, paso previo al fallo del tribunal.Santa Cruz Chinautla se ubica en las riberas de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, este último un afluente directo del río Motagua, el más extenso de Guatemala. La acumulación de desechos en áreas no autorizadas ha afectado gravemente no solo a estos cuerpos de agua, sino también los suelos y la alfarería, una tradición que por generaciones ha sido una de las principales fuentes de sustento de la población.En octubre de 2024, ante la falta de respuesta de las autoridades locales, la comunidad poqomam de Santa Cruz Chinautla presentó, con apoyo del Bufete para Pueblos Indígenas, una petición de amparo contra el Concejo Municipal de Chinautla. En ella exigen:Una respuesta a la solicitud de cierre de los vertederos clandestinos.La elaboración de un plan de restauración de los ecosistemas dañados.La firma de acuerdos con el gobierno municipal de la Ciudad de Guatemala y de Mixco para el saneamiento de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, así como la protección de sus microcuencas y subcuencas.El cumplimiento de obligaciones y competencias relacionadas con la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos; la gestión de vertederos y residuos sólidos; y la vigilancia de la calidad ambiental, cuya omisión está causando graves violaciones de derechos humanos. "La municipalidad de Chinautla debe vigilar la calidad ambiental porque hasta ahora no cuenta con políticas, planes o programas que aseguren el debido tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos", indicó Carmela Curup, directora del Bufete para Pueblos Indígenas.En el litigio, con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la comunidad logró reunir información acerca de las fuentes de contaminación y la situación ambiental y social que enfrenta Santa Cruz Chinautla. Con ello evidenció el incumplimiento, por parte de las autoridades municipales, de sus obligaciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y el Código de Salud. La situación en Santa Cruz Chinautla es parte de una problemática más grande y transfronteriza: las aguas contaminadas del río Las Vacas, cuyos desechos provienen principalmente de la Ciudad de Guatemala, afectan al río Motagua, el más extenso del país, cuyo caudal desemboca en el mar Caribe. Así, la contaminación afecta estas aguas, las costas hondureñas y al Arrecife Mesoamericano, el segundo más largo del mundo."El Arrecife Mesoamericano es un gran ecosistema compartido por cuatro países —México, Belice, Honduras y Guatemala— y su protección depende de una gestión integral que abarque toda la cuenca del río Motagua, lo que implica la protección de los ríos que lo alimentan, incluidos los que pasan por Santa Cruz Chinautla", señaló Bryslie Cifuentes, abogada de AIDA, organización que respaldó el litigio con un escrito legal (amicus curiae). "Nos sumamos a la petición por los derechos de la comunidad indígena poqomam porque un fallo favorable representaría un paso importante para el saneamiento del río Motagua y, con ello, la conservación del arrecife. Este caso puede sentar un precedente en el derecho ambiental que permita al Estado de Guatemala cumplir con sus obligaciones de prevención, garantía, vigilancia y restauración en favor del derecho a un ambiente sano", resaltó. os de prensa:Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522017Carmela Curup (Guatemala), Bufete para Pueblos Indígenas, [email protected], +502 2254 6241
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Familias de La Oroya exigen al Estado peruano cumplir con las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana
A un año de la sentencia, el Estado aún no la implementa y la población carece de atención en salud integral y está nuevamente expuesta a contaminación tóxica por la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que opera sin una gestión ambiental adecuada.A un año del fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral en favor de residentes de La Oroya, tras responsabilizarlo de violar sus derechos, las víctimas continúan esperando la implementación de la sentencia y con ello el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.“Ha pasado ya un año desde la notificación de la sentencia, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar?”, cuestionó Yolanda Zurita, residente de La Oroya y peticionaria del caso. “¡Basta ya! Exigimos al Estado peruano dar cumplimiento inmediato a la sentencia de la Corte Interamericana, que beneficiará no solo a las víctimas del caso, sino también a la población de La Oroya y del país expuesta a sustancias tóxicas derivadas del desarrollo indiscriminado de actividades extractivas e industriales en nuestros territorios”.El 22 de marzo de 2024 —en una decisión histórica para la protección del ambiente sano en América Latina—, la Corte IDH dio respuesta a la larga e incansable búsqueda de justicia de familias de La Oroya, afectadas durante décadas por los niveles extremos de contaminación provenientes del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y por la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado, que hoy ignora el fallo y subestima su importancia.Aunque la Corte IDH ordenó al Estado garantizar que las operaciones del CMLO cumplan con estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana, actualmente ocurre todo lo contrario: el CMLO reactivó sus operaciones sin haber modernizado sus instalaciones con la finalidad de prevenir y atender los riesgos que genera a la población en términos ambientales y de salud.Es urgente que el CMLO deje de contaminar y que el Estado peruano adopte las acciones requeridas por la Corte IDH para que se modernice acorde con los estándares ambientales internacionales de protección ambiental, cumpliendo con lo establecido en el fallo.“Con la reactivación del complejo metalúrgico, la población de La Oroya está nuevamente expuesta a niveles de contaminación ambiental que ponen en riesgo su vida; la sentencia de la Corte Interamericana es clara y el Estado está obligado a cumplirla”, afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El retraso en el cumplimiento del fallo genera una revictimización para familias que llevan más de 20 años exigiendo justicia”.La Corte IDH ordenó además al Estado brindar atención médica gratuita a las víctimas y garantizar atención especializada a residentes con síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación proveniente de la actividad minero-metalúrgica. Sin embargo, hoy la atención en salud integral no está siendo garantizada en La Oroya. Es necesario que el Estado —a través de y en coordinación con el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Junín, la Dirección General de Salud Ambiental y las entidades prestadoras de servicios de salud— creen e implementen el protocolo de atención integral para las víctimas en La Oroya, tal como lo estableció la Corte IDH.La sentencia estableció un precedente histórico para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estados. Para que el Estado peruano avance realmente en su implementación, es imperativo que la Procuraduría General expida la resolución de cumplimiento.“A pesar de los plazos establecidos por la Corte Interamericana al Estado peruano, prácticamente no se tiene ningún avance en la implementación de la sentencia” señaló Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). “Se debe considerar, sobre todo, la naturaleza misma del caso, lo cual implica que La Oroya fue catalogada como una zona de sacrificio por los altos niveles de contaminación; ante ello, la necesidad de reparar integralmente a las víctimas es urgente. Antecedentes del casoLa Oroya está ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. En 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Corporation instaló allí el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) para procesar concentrados de minerales. El complejo fue nacionalizado en 1974 y, bajo la denominación de Centromin Perú, operado por el Estado hasta 1997, cuando pasó a manos de la empresa Doe Run Perú, responsable de sus operaciones hasta 2009. En suma, el CMLO tiene más de 100 años de antigüedad.En La Oroya, la mayoría de las personas afectadas por la contaminación del CMLO, incluyendo niños y niñas, ha presentado niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos, han registrado niveles superiores de arsénico y cio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional y en representación de las víctimas, una coalición internacional de organizaciones presentó la denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006. En octubre de 2021, la Comisión estableció la responsabilidad del gobierno peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana. En octubre de 2022, más de 16 años después de iniciada la demanda internacional, las víctimas presentaron el caso ante la Corte IDH, representadas por AIDA y APRODEH, con el apoyo de Earthjustice. os de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107María Nieve Sullón (Perú), APRODEH, [email protected], +51 984926868
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Declaratoria de Zona de Reserva Temporal en el páramo de Santurbán es una victoria para la defensa del agua en América Latina
Organizaciones de la sociedad civil celebran la medida tomada por el Ministerio de Ambiente de Colombia, la cual implica la suspensión por dos años del proyecto de minería de oro de la canadiense Aris Mining en el macizo de Santurbán.Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Institute for Policy Studies (IPS) - Proyecto de Minería y Comercio, Mining Watch Canada, el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Common Frontiers Canada celebramos a la resolución mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables. Este gran paso fortalece la protección de uno de los páramos más emblemáticos de la región andina y de los ecosistemas conexos, fundamentales para la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica de un estimado de 2 millones de personas en la región.Con la Resolución 0221 del 3 de marzo de 2025, en la que el MADS delimita y protege un área de 75.344,65 hectáreas, se logra la suspensión provisional por dos años del proyecto de minería de oro Soto Norte de la multinacional canadiense Aris Mining y su subsidiaria en Colombia, Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa), que amenazaba a Santurbán. Lo anterior porque, en virtud del principio de precaución, la norma prohíbe el otorgamiento en el área de “nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, (...) así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales” hasta tanto se adelanten los estudios técnicos necesarios que darían lugar a su protección definitiva. Esta resolución no afecta la actividad agrícola, pecuaria o de turismo en la zona. No obstante, manifestamos nuestra preocupación porque la resolución deja vigente el contrato de concesión con Calimineros, empresa que tiene un subcontrato de formalización minera con Minesa desde 2020, a partir del cual Minesa promete comprar y procesar material mineralizado. Alentamos a las autoridades competentes a suspender la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental para este proyecto y la prórroga del subcontrato de formalización debido a los potenciales impactos ambientales que podría ocasionar en Santurbán y por efectivamente ser parte del mismo proyecto Soto Norte. Los páramos y ecosistemas conexos son de alta sensibilidad, reconocidos por su papel en la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de biodiversidad endémica. La remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que generaría la minería en Santurbán podría afectar el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible; y romper la interconectividad ecológica con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono y provocando impactos a perpetuidad. Por estas razones, valoramos que la medida adoptada busque prevenir el avance de la minería en esta área de alta sensibilidad y relevancia ambiental, previniendo procesos de degradación de las cuencas que alberga la estrella hídrica de Santurbán y preservando el ciclo del agua.Sebastián Abad-Jara, abogado de AIDA, señaló: "Al proteger Santurbán, Colombia ratifica su compromiso con el cumplimiento de metas ambientales globales en materia de biodiversidad, clima y humedales, y se consolida como referente para los gobiernos de otros países donde estos ecosistemas también están amenazados por la actividad minera, como Perú y Ecuador"."Celebramos esta declaratoria como la victoria de haber dado el primer paso; el objetivo final debe ser la consolidación del costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva, protegiendo de manera definitiva esta estrella hídrica, vital para toda la vida que depende de ella", indicó Jen Moore, investigadora asociada del IPS - Proyecto de Minería y Comercio. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada, agregó: "Esta resolución es fruto del arduo trabajo del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que ha padecido hostigamientos e intimidaciones por su labor a favor de la protección del páramo y que ha sido víctima de campañas de desinformación sobre los supuestos efectos perjudiciales de la norma para la actividad agropecuaria". AIDA, IPS, MiningWatch Canada, CIEL y Common Frontiers Canada respaldamos la adopción de esta medida de protección para Santurbán. También alentamos con esperanza al gobierno nacional y local para que realice los estudios técnicos necesarios para su protección definitiva, y tome medidas preventivas para evitar los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de la minería en la zona, en relación con los proyectos que ya cuentan con título minero. Además, reiteramos la urgencia de adoptar medidas de protección de las personas defensoras de los páramos en Colombia.La experiencia de Santurbán es muy valiosa y debe servir de ejemplo e impulsar legislaciones para la protección ambiental en América Latina que pongan en el centro el derecho humano al agua y el equilibrio e integridad de ecosistemas frágiles como los páramos y la alta montaña. Consulta la resolución que declara la zona de reserva temporal en Santurbán #NuestroOroEsElAgua os de prensaVictor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011 (prensa IPS)Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Alexandra Colón-Amil, CIEL, [email protected], +12024550253
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Colombia: Comunidades y trabajadores/as logran primer fallo judicial sobre cierre de minas de carbón que protege sus derechos
Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebramos el fallo de la Corte Constitucional de Colombia, el cual reconoce los derechos al debido proceso y a la participación de comunidades y trabajadores/as en el cierre de proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar. Este sentencia llega tras años e insistencia de estos grupos, quienes interpusieron una acción de tutela. En este caso, AIDA contribuyó con un escrito legal en el incluye el análisis que ha realizado sobre la temática del cierre y la salida responsable en América Latina, desde la mirada del derecho al ambiente sano y otros derechos humanos.A continuación, compartimos el comunicado de las comunidades y trabajadores/as con motivo del fallo.La Corte Constitucional de Colombia dictó la primera sentencia sobre cierres de minas en el país (T-029 de 2025). En ella garantizó el debido proceso y, en consecuencia, la participación efectiva de las comunidades y sindicatos que representan a más de 20 mil personas de los más de cuatro municipios afectados ante los impactos ambientales, sociales y económicos que ha dejado el primer e irregular abandono y cierre de minas de carbón a gran escala en Colombia.Nosotros, un grupo de comunidades afectadas y trabajadores despedidos del Cesar y Magdalena, hemos liderado una acción judicial durante más de cuatro años para que se garantice un diálogo público por medio de una gran mesa de concertación donde las comunidades, los trabajadores despedidos, las autoridades locales y la ciudadanía en general afectada de los municipios mineros de la Jagua, el Paso, Becerril y Ciénaga puedan conocer y participar en la definición de las medidas de compensación y restauración que en materia ambiental, social y económica la multinacional Glencore – Prodeco debe llevar a cabo en estos municipios dentro de su plan de abandono y cierre minero, el cual está en proceso de aprobación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA).En esta sentencia, la corte determinó que el Juzgado Séptimo istrativo de Valledupar vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar que la empresa multinacional había cumplido con este proceso de participación con una ÚNICA reunión de socialización llevada a cabo en noviembre de 2022 en estos municipios, la cual es claramente insuficiente y no cumple con lo acordado en el acta de reunión, donde el compromiso de las partes era convocar la GRAN MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN en presencia de la población afectada de estos cuatro municipios.Ordenó que se inicie de nuevo la apertura del incidente de desacato en contra del representante legal del Grupo Empresarial PRODECO S.A y se revise el cumplimiento del fallo y del acuerdo contenido en estas actas.Nosotros, como comunidades y sindicatos del corredor minero respaldados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, y representados judicialmente por la abogada Rocío Torres Bobadilla, consideramos que esta mesa pública puede ser la última oportunidad garante y vinculante para que hagamos un balance de lo ocurrido en nuestros territorios luego de 25 años de explotación y logremos medidas para que la empresa Glencore compense y restaure todos los impactos ocasionados.Por tanto:Invitamos a la empresa Glencore -Prodeco a un diálogo constructivo, a evitar maniobras evasivas y a respetar la importancia de este fallo judicial.Solicitamos al Estado Colombiano en cabeza del ANLA, la DEFENSORÍA y la PROCURADURÍA que nos acompañen en este proceso, respalden esta decisión judicial y fortalezcan nuestras medidas de protección para garantizar nuestra seguridad como líderes y lideresas en este proceso para el cumplimiento de este fallo.Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales que nos continúen respaldando para garantizar una participación real y efectiva y que se cumpla con esta GRAN MESA DE CONCERTACIÓN.Finalmente, pedimos a toda la población del país y especialmente de los municipios de la Jagua, Becerril, el Paso y Ciénaga que nos acompañen, nos respalden y nos unamos en un gran proceso para DEFENDER ESTA DECISIÓN JUDICIAL que es HISTÓRICA para nuestro territorio con el fin de poder restaurar y compensar los graves impactos ambientales y sociales ocasionados ante el irregular cierre minero y encontrar medidas para enfrentar la gran pobreza y desempleo que estamos viviendo. Acompáñanos a ser escuchados, a sanar nuestros territorios y a recuperar nuestra economía. Firman:Junta de acción comunal de BoquerónConsejo Comunitario Afrodescendiente Coafrovis de la Victoria de San IsidroRed de Mujeres del Municipio del Paso Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución y el Buen Vivir Asociación de s Campesinos (ANUC) el Paso Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Minero-Energética (Sintraminergetica) Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Asociación del Reguardo Sokorhpa del Pueblo Indígena Yukpa Consejo Comunitario Caño Candela de Becerril Junta de Acción Comunal del Barrio Don Jaca en Santa Marta Corregimiento de Cordobita en Ciénaga (Madgalena) Vereda el Hatillo Representante Junta de Acción Comunal Sororia de la Jagua de Ibirico Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna Rocío Torres Bobadilla- defensora de derechos ambientales Organizaciones nacionales e internacionales y defensores/as que NOS APOYAN:Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena Clínica Jurídica AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente)London Mining Network PAX Holanda PAX Colombia CNV Internacional Solifonds Multiwatch ASK Grupo de Trabajo Suiza- Colombia Urgewald Polen –Transiciones JustasAna Catalina Herrara - defensora de derechos laborales Ángela Velandia Cruz - defensora de derechos humanos Para comunicaciones llamar a: 3228519975
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La vida en los humedales andinos, en riesgo por el extractivismo
El avance de la explotación industrial de litio y otros minerales para la transición energética del norte global amenaza los salares y otros humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile. Estos frágiles ecosistemas son fuente abundante de vida y fundamentales para la subsistencia humana, el equilibrio ambiental y para la mitigación y adaptación a la crisis climática. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile están en riesgo grave debido al avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética en los países del norte global. Desde la Alianza por los Humedales Andinos alertamos de esta amenaza para estos ecosistemas donde la vida abunda y que son clave para la subsistencia humana y de la diversidad biológica en general y la lucha contra la crisis climática.Este año, la Convención sobre los Humedales propone como tema para el Día Mundial de los Humedales: “Proteger los humedales para nuestro futuro común”. Este lema resalta la importancia de una acción colectiva para proteger a estos ecosistemas, de los cuales depende el futuro de la humanidad.Según datos de Naciones Unidas, aunque sólo cubren un 6% de la superficie terrestre, los humedales son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Y, en el mundo, más de 1.000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) viven en zonas rurales y urbanas que dependen de estos ecosistemas como medio de subsistencia. Sin embargo, con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años (desde 1970), los humedales son el ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.En América Latina, los humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— albergan especies únicas de flora y fauna, especialmente adaptadas a condiciones climáticas extremas, así como microorganismos que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Su alta capacidad para purificar y almacenar agua garantiza el abastecimiento del recurso para comunidades y especies, generando además condiciones de adaptación a la crisis climática.Sin embargo, debido a la presencia en estos humedales de grandes cantidades de litio —los tres países concentran más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral— existe una gran presión sobre ellos: actores empresariales y estatales han desarrollado una creciente y masiva industria minera para cubrir la demanda de litio del norte global, orientada a la fabricación de vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía de fuentes renovables, entre otros fines.De su lado, los gobiernos nacionales y provinciales ven en la industria la oportunidad de atraer inversiones y fortalecer sus economías, para lo cual flexibilizan o implementan de forma deficiente la normativa que exige un análisis adecuado de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. Asimismo, no se realizan procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas que viven en los territorios. Tampoco se garantizan los derechos de a la información, a la participación ciudadana, el a la justicia en asuntos ambientales, ni un entorno seguro para las personas defensoras del ambiente.Una de las principales afectaciones de este tipo de minería es al agua, elemento central de los humedales andinos. El litio se extrae del agua debajo de los salares, para lo cual se utiliza agua salada y dulce. Los humedales andinos están en zonas donde la supervivencia depende de la escasa agua que las caracteriza. El avance del extractivismo en la región del Gran AtacamaArgentinaSegún datos oficiales, en el país hay una cartera de más de 50 proyectos de litio en diferentes estados de avance ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. Tres de ellos están en etapa de producción y exportación (un cuarto proyecto comenzó su producción en julio de 2024), cuatro en construcción y más de 40 con distinto grado de avance (prospección/exploración/factibilidad), mayoritariamente en fase de exploración avanzada. En Salta y Jujuy operan grandes empresas como Pan American Energy, Pluspetrol y Teetrol, históricamente vinculadas a la industria del petróleo y gas, que ahora están ampliando su presencia en sectores de energías renovables, con un marcado interés en la extracción de litio.Sin embargo, a través de un amparo ambiental iniciado contra autoridades y gobierno de la provincia de Jujuy, se ha tomado conocimiento de que existen más de 40 proyectos mineros sólo en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una cuenca endorreica donde viven más de treinta comunidades originarias pertenecientes a los pueblos/naciones Kolla y Atacama. Al día de hoy, se desconoce su estado de avance y si existen otros proyectos debido a que el a la información pública ambiental está restringido y no se provee de forma completa y oportuna, en incumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, está el enclave de extracción de litio más antiguo del país. El salar ha sido explotado desde 1996 por la empresa Livent (ahora Arcadium Lithium), causando el desecamiento total e irreversible de la Vega del Río Trapiche. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en este salar hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativo. BoliviaEn el Salar de Uyuni, el más grande del mundo, se han identificado recursos de 23 millones de toneladas de litio. Y hay otros 26 salares que, por normativa, están reservados para la explotación del mineral, en seis de ellos se realizan actividades de exploración. En Bolivia, el litio es de propiedad estatal. El país cuenta con una planta de explotación estatal que comenzó a operar el 2024 al 20% de su capacidad. En 2012 y 2018, se realizaron dos consultas públicas para las plantas estatales, pero estas excluyeron a comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas. Algunas comunidades han denunciado de manera informal una merma significativa de vertientes y pozos de agua. También se ha denunciado la degradación del Salar de Chalviri y la sobreexplotación de litio y boro en el Salar de Capina.Desde 2023, se han firmado convenios e iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas. Estos convenios han resultado en dos contratos, firmados a finales del 2024 y pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa, con la empresa rusa Uranium One Group para una planta en el Salar de Uyuni y con el consorcio chino CBC Hong Kong (empresas CATL-BRUMP-CMOC) para otras dos plantas en el mismo salar. También a finales del año pasado, se lanzó una segunda convocatoria internacional para la explotación de otros cuatro salares (Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana), la cual ha resultado en la firma de convenios con las empresas EAU Lithium Pty Ltd (Australia), Teetrol S.A. (Argentina) y Geolith Actaris (Francia). Estos convenios, contratos y procesos se han desarrollado sin procesos de consulta previos y con falta de transparencia. ChileLa cuenca del Salar de Atacama alberga más del 90% de las reservas de litio de Chile y fue una de las primeras en ser explotadas por la industria minera. Actualmente, en dicho salar, ubicado en la Región de Antofagasta, hay cuatro grandes operaciones mineras: la extracción de Litio por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y de Albemaerle, bajo contratos con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que implica la extracción de más de 2.000 litros de agua por segundo; y la extracción en paralelo de cobre de parte de Minera Escondida y Minera Zaldívar, que extraen más de 1.400 litros de agua dulce por segundo, agravando la ya crítica crisis hídrica de la zona. La Comunidad Atacameña de Peine, quienes habitan en la cuenca del salar, ha impulsado acciones legales denunciando la sobreexplotación de sus acuíferos, mientras que, en Calama, los movimientos ciudadanos exigen una gobernanza del agua frente a la extracción descontrolada de las mineras. En 2015, un comité designado por el gobierno reconoció que la extracción de salmuera tiene efectos adversos en el ecosistema, pero en lugar de regular su uso, confirmó la política de larga data del gobierno, que consiste en regular la producción de litio.En Chile, el gobierno tiene derechos exclusivos de propiedad sobre el litio en virtud del Decreto Ley 2886 (1979). Esto significa que las instituciones estatales, particularmente CORFO, establecen las condiciones bajo las cuales las empresas privadas operan en los salares. En 1979, siguiendo las directrices de Estados Unidos, el gobierno chileno —la dictadura de Augusto Pinochet— declaró al litio como “mineral estratégico” y tomó medidas para salvaguardar las reservas de largo plazo, limitando la producción mediante cuotas acreditadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Estrategia Nacional del Litio, lanzada en 2023, busca expandir la explotación estatal, incluyendo nuevos proyectos en los salares de Maricunga y Pedernales. Chile concentra el 36% de la producción global de litio y, con al menos 31 nuevos proyectos de hidrógeno verde en carpeta, la presión sobre los recursos hídricos aumentará exponencialmente. Se sabe que, desde 2013, en la propiedad de SQM, 32,4% de los algarrobos (Prosopis chilenis) se han secado por falta de agua. El algarrobo es un árbol nativo, resistente a la sequía y con raíces muy profundas que le permiten sobrevivir en ese ambiente. os de prensa Víctor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina, [email protected], +54 1159518538Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina), [email protected], +54 93834771717Juan Donoso, Formando Rutas (Chile), [email protected], +4915780743628
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Regulaciones y estrategias de la Unión Europea ponen en riesgo la transición energética justa en Latinoamérica
Reducir la producción y el consumo de minerales, y profundizar en su política de circularidad podría permitir a la UE abordar las crisis sociales y ambientales de forma equitativa, sin exacerbar las desigualdades ni comprometer el bienestar humano en las zonas del sur global donde se extraen. Bruselas, Bélgica. Tras la Semana de las Materias Primas en UE, que se celebró del 9 al 13 de diciembre en Bruselas, organizaciones de la sociedad civil de América Latina alertan de que las regulaciones de la Unión Europea no respetan derechos de las comunidades afectadas o en riesgo de ser impactadas por proyectos de extracción de minerales utilizados para la transición energética y otras industrias, profundizando las desigualdades en el sur global.Mientras el debate en torno a la futura dinámica de las materias primas en Europa –bajo el lema “La Unión Europea es negocio. La Unión Europea es una potencia”– pretendía fomentar las oportunidades de inversión entre la industria de la UE y los países del sur global, el evento ha ignorado las realidades de los territorios en los que se extraen estos minerales. La participación efectiva de la sociedad civil de América Latina ha sido prácticamente inexistente, y se han excluido las voces de las comunidades locales afectadas o en riesgo de serlo por los proyectos de “minerales críticos” promovidos en el evento.“Las actuales políticas de materias primas y de comercio de la UE contradicen la pretensión y la retórica de Europa de defender los derechos humanos y las normas ambientales más estrictas y de apoyar a los países ricos en minerales en la creación de valor agregado y en su propia transición energética”, sostuvo Teresa Hoffmann, experta en políticas de materias primas de la UE e integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “En lugar de avanzar rápidamente en la aplicación de los derechos humanos y las normas ambientales, se corre el peligro incluso de desregular las leyes existentes en nombre de la ‘competitividad a través de la simplificación’”. Paradigma de competitividadLa agenda del evento mostró el paradigma que impulsa la Comisión Europea en el marco de la competitividad frente a otros países como China y Estados Unidos, que también buscan controlar el mercado de las llamadas “tecnologías limpias” y de otras industrias como la militar y aeroespacial. Este enfoque se sustenta en el Informe Draghi que destaca la importancia de reforzar la posición de Europa en el mercado global.Esta narrativa enmarca la competitividad desde una perspectiva de crecimiento perpetuo, ignorando elementos claves como la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la necesidad de adoptar medidas genuinas para que la UE adopte medidas para reducir su demanda de minerales y su consumo de energía.“El nuevo paradigma de competitividad no toma en cuenta las limitaciones del planeta, ni las crisis climáticas, de biodiversidad y del agua, arriesgando perpetuar y profundizar las relaciones de asimetría y desigualdad que existen entre países del sur y el norte global y promoviendo políticas que impiden una transición energética global justa”, señaló Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y del área de Política Ambiental de FARN. Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (CRMR)Bajo esta lógica, la Comisión discutió esta semana sobre la implementación de la Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Regulation, CRMR) vía los ‘proyectos estratégicos’ y ‘asociaciones estratégicas’ en y con países del sur global.Es crítico que a pesar de que la regulación será ampliamente implementada en Latinoamérica donde gran parte de estos minerales se encuentran en ecosistemas estratégicos para la vida y territorios indígenas, esta no incluya mecanismos sólidos de debida diligencia de derechos humanos y ambientales adecuadas al contexto sociocultural de esta región. Por el contrario, la regulación permite que las empresas europeas se autorregulen en el cumplimiento de estándares de derechos humanos y ambientales mediante esquemas que no dan cuenta de la complejidad de los impactos agregados y sinérgicos de las actividades extractivas que se expanden a gran velocidad debido a la demanda europea y global.“Desde Europa se busca asegurar el a minerales y energía por medio de la modernización de tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales de inversión y la propia CRMR. Desde esta nueva ley, se promueven mecanismos privados de participación multiactor y estándares mineros en materia ambiental o de transparencia que no pueden ser entendidos como sustituto de los procedimientos y regulaciones contempladas en las leyes de países. Actualmente, son utilizados por las mismas empresas y estados que en conjunto niegan sistemáticamente el derecho a la consulta libre, previa e informada de pueblos muchas veces afectados simultáneamente por megaproyectos mineros y energéticos”, indicó Ramón Balcázar, investigador y director ejecutivo de Fundación Tantí. Realidades territoriales fuera de la agenda de la UEEn América Latina existe evidencia suficiente de que la extracción a gran escala de minerales se traduce en degradación y conflictividad socioambiental, trayendo consigo graves riesgos para las comunidades locales y los defensores del ambiente.En el Salar de Atacama, en Chile, y el Salar del Hombre Muerto, en Argentina, la extracción de litio ha generado conflictos medioambientales, debilitado el tejido social, profundizado la violencia estatal y afectado significativamente a estos sensibles ecosistemas.A pesar de lo anterior, representantes gubernamentales de varias provincias argentinas que participaron en el evento no se refirieron a la falta de licencia social y la grave conflictividad socioambiental a la que se enfrentan. Por el contrario, subrayaron las oportunidades de inversión en esas provincias ricas en minerales, promoviendo reformas que generan un grave retroceso en los derechos humanos y ambientales como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Así fue denunciado por la organización Argentina FARN en reciente comunicación.“La Unión Europea cuenta con regulaciones cuyos procesos de implementación no están respetando los derechos de y el derecho internacional ambiental”, señaló Yeny Rodríguez, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esto es sumamente preocupante, pues sabemos, que hay 49 proyectos estratégicos para la extracción de minerales de transición que no están dentro de la UE (de 170 propuestas en total), pero no tenemos información sobre cuáles son. Es posible que estén en el sur global y, más preocupantemente, proyectados en tierras indígenas y ecosistemas estratégicos para el clima, que deberían ser reconocidos como No-Go Zones por la UE, es decir, espacios libres de minería”.Hacemos un llamado para que las UE adopte rápidamente soluciones efectivas de reducción de la producción y el consumo de minerales en la UE, y profundice su política de circularidad, a fin de que aborde las crisis sociales y ecológicas intergeneracionalmente de forma justa, sin generar nuevas desigualdades o comprometer el bienestar humano de América Latina, tal y como fue solicitado recientemente por la misma Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. os de prensaAnna Miller (EE. UU.), AIDA, [email protected], +17166029553Belén Felix (Argentina), FARN, [email protected], +5491134214728Felipe Fontecilla (Chile), Fundación Tantí, [email protected], +56954460903
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Pueblos indígenas y organizaciones sociales exigen protección urgente de los derechos territoriales en Argentina
Enviaron una solicitud de reunión urgente a Relatorías Especiales de la ONU en la que denuncian que el país está al borde de una crisis institucional y territorial debido a desalojos inminentes de comunidades indígenas y por la posible derogación de su protección legal ante proyectos extractivos.A fin de abordar las crecientes amenazas contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina, diversas comunidades y organizaciones indígenas, junto con organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, solicitaron una reunión urgente con las Relatorías Especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible.La posible derogación de la Ley 26160, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, ha encendido las alarmas debido al riesgo que representa de un aumento en los desplazamientos forzosos, de la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento adecuado y, como consecuencia, de un incremento en la violencia y criminalización contra estas comunidades.La Ley 26160 (actual DNU 805/2021), vigente desde 2006, suspende los desalojos de comunidades indígenas y promueve el relevamiento de sus territorios comunitarios. Sin embargo, la situación actual amenaza la estabilidad y la frágil seguridad jurídica de alrededor de 2.000 comunidades que dependen de esta normativa para preservar sus territorios y sus modos de vida tradicionales.La situación se agravó con la reciente resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, esencial para el reconocimiento jurídico de estas comunidades. Esta medida, señalan las organizaciones, ha generado un estado de indefensión e inseguridad, en franca violación a los derechos constitucionales e internacionales que protegen la autodeterminación de los pueblos indígenas como consecuencia de los desalojos, la criminalización, la militarización de territorios y el incumplimiento de la consulta libre, previa e informada."El año 2024 no ha sido un año fácil para los pueblos indígenas en un escenario marcado por la violencia, el negacionismo y el racismo estructural. Los cambios políticos y el ascenso al poder político (y económico) de sectores vinculados a la derecha han intensificado una retórica que deslegitima y hostiliza a los pueblos indígenas al no reconocerlos como legítimos e históricos sujetos de derecho, cuestionando y vulnerando sus derechos constitucionales y convencionales", expresa Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena y Responsable del Área de Pueblos Indígenas de Xumek.Por su parte, Paula Alvarado Mamani, abogada indígena e integrante de la Comunidad Multiétnica Tres Ombúes, manifiesta: "Lamentablemente nos encontramos en tiempos en donde la perspectiva capitalista, colonial y racista se encuentra en crecimiento, a ello se le suman los fuertes negociados de empresas privadas (nacionales/internacionales) que tienen intereses particulares en despojarnos de nuestros territorios y apropiarse de ellos y de las demás fuerzas naturales (bienes comunitarios) que se encuentran allí, además de la complicidad del poder judicial que, existiendo una normativa que lo prohíbe, han tenido éxito en despojar algunas comunidades de sus territorios ancestrales".Desde Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Mariana Katz, abogada de esa organización social y docente universitaria, señala: "A pesar de tener una norma que ha declarado la emergencia territorial, por la que solo se reconoce la posesión y que ha sido útil en muchos casos para evitar los desalojos, en la actualidad se la está desvirtuando en su aplicación, incluso han aumentado los casos de desalojos de comunidades y la violencia que sufren como consecuencia de la resistencia. A pesar de ello, tenemos conocimiento de la intención de derogarla. Además de esto, nos preocupa muchísimo la falta de voluntad de una sanción de ley de propiedad comunitaria indígena, tan necesaria para garantizar de manera efectiva la seguridad jurídica de los territorios"."Las comunidades indígenas enfrentan una situación crítica ante la posible derogación de la Ley 26160 y la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, lo que podría generar graves impactos en sus derechos territoriales y culturales", destacó Sofía Barquero, abogada del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Sin embargo, confiamos en que la intervención de las Relatorías de la ONU pueda promover soluciones constructivas, garantizar la protección de los derechos humanos y territoriales, y contribuir a un diálogo que refuerce la paz social y el desarrollo sostenible en Argentina".La posible derogación representa un retroceso drástico en la protección de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas. Esto sucede en un contexto de crecientes presiones de actividades mineras, de hidrocarburos, desmontes y otros proyectos económicos que conllevan desalojos violentos y criminalización de las comunidades indígenas.Las comunidades indígenas y organizaciones firmantes solicitan la intervención urgente de la ONU para intentar frenar los desalojos, proteger los territorios, asegurar la protección ambiental y garantizar la consulta libre, previa e informada a las comunidades sobre cualquier proyecto o medida que afecte sus derechos.Se adhieren:Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Xumek Organización Territorial Malalweche Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)Comunidad Mapuche-Tehuelche INAN KUME RUPU Comunidad Indígena Diaguita Mala Mala, Dpto Lules Tucumán Comunidad Indigena Diaguita Mala Mala P/J 220/09 Tucumán Argentina Comunidad Sikiman/Ancon (Punilla Sur-Córdoba) Organización territorial KAMI Henen (Cmiare-Camichingon/Sanavirón/Ranquel) Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) Instituto de Cultura Popular (Incupo)Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática de Latinoamérica EarthJustice Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina Amnistía Internacional Asociación Americana de Juristas Rama Argentina Red Argentina de Abogacía Comunitaria Centro de Políticas Públicas para el Socialismo Comunidad Mapuche Urbana Pillan, Olavarría, Buenos Aires Comunidad Plurinacional Diaguita Olongasta Comunidad Indígena Tres Ombúes os de prensa:Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107Mariana Katz, SERPAJ, [email protected]Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, Xumek, [email protected], +5492616807798Gabriel Jofré, Organización Identidad Territorial Malalweche, +54 9 2604 59 2679María Natalia Echegoyemberry, [email protected]
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