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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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Desde el 2016, la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA, por sus siglas en inglés), en conjunto con otros actores, promueve una serie de iniciativas para fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en el financiamiento climático, en particular en los proyectos y flujos financieros del Fondo Verde para el Clima (FVC).El FVC es el primer fondo internacional de financiamiento climático que incorpora la perspectiva de género como un eje central en su funcionamiento, convirtiéndose en un marco clave para avanzar hacia la equidad en el , uso y destino de los recursos climáticos a nivel global.Sin embargo, el financiamiento climático internacional que llega a los países a menudo está desconectado de las necesidades reales de las comunidades locales a las que debería beneficiar, especialmente de las mujeres. Esto representa un problema que requiere atención urgente, ya que, por un lado, las comunidades tienen el derecho de participar en las decisiones que las afectan. Por otro, se pierde la oportunidad de incorporar el conocimiento local en las soluciones, lo que las haría más pertinentes y efectivas para enfrentar la crisis climática. En su informe especial sobre cambio climático y tierra, el Intergubernamental sobre Cambio Climático (por sus siglas en inglés, IPCC, 2022) destaca, por ejemplo, que incorporar los conocimientos de las mujeres sobre gestión de la tierra contribuye a mitigar la su degradación y facilita la adopción de medidas integradas de adaptación y mitigación.El financiamiento climático con enfoque de género no se limita a destinar recursos a las mujeres y a promover la igualdad de género, sino que exige repensar cómo se diseñan e implementan las soluciones financieras y climáticas. Esto implica reconocer la diversidad de las mujeres, eliminar barreras de a los recursos, desfinanciar las llamadas "falsas soluciones" y apoyar iniciativas que aborden las causas estructurales del cambio climático.En ese sentido, en América Latina y el Caribe existen múltiples iniciativas locales de soluciones al cambio climático que no son conocidas por quienes toman las decisiones. Esto dificulta que reciban apoyo, se repliquen o sirvan como aprendizaje para otras iniciativas en beneficio de las mismas comunidades. Por ello, esta publicación presenta cinco estudios de caso de soluciones climáticas exitosas con enfoque de género y justicia climática, desarrolladas a nivel local en la región. Su objetivo es fortalecer la colaboración entre los actores responsables de la provisión e implementación de los recursos del FVC y las organizaciones de la sociedad civil.Los estudios de caso demuestran el potencial de eficiencia que se puede alcanzar cuando los recursos llegan directamente a las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades. Todos los proyectos se ejecutaron con presupuestos inferiores a 50 mil dólares y generaron contribuciones significativas para transformar aspectos estructurales que incrementan la vulnerabilidad de los territorios, las mujeres y otros grupos marginados frente a la crisis climática. Lee y descarga la publicación
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El tratado que protege la vida en alta mar: ¿Por qué los gobiernos deben ratificarlo?
El océano cubre dos tercios del planeta. Es tan inmenso e inabarcable que 64% de sus aguas están fuera de cualquier frontera, en un espacio conocido como alta mar.Es una zona que está fuera de las jurisdicciones nacionales y que representa el 40% de la superficie de la Tierra.Por la riqueza de vida marina que resguarda —incluyendo especies nuevas para la ciencia—, alta mar es una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Es además fuente de alimento y oxígeno, regula el clima, amortigua los impactos de la crisis climática y sostiene los modos de vida de comunidades dedicadas a la pesca y al turismo.A pesar de su importancia, apenas 1,2 % de las aguas de alta mar tiene protección internacional.Para llenar este vacío, en junio de 2023, los países de la ONU adoptaron formalmente un acuerdo para proteger la biodiversidad en alta mar, el cual necesita la ratificación de al menos 60 países para entrar en vigor.Consulta cuántos y qué países han ratificado el tratado. Al ser un reservorio de bienes comunes globales, la protección y uso sostenible de alta mar es un derecho y una obligación de todos los gobiernos. ¿Qué establece el Tratado de Alta Mar?El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— es universal y puede beneficiar a todos los países, incluso a los que no son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como Colombia, El Salvador, Perú y Venezuela.El tratado contiene los siguientes elementos clave:Herramientas de manejo por zonas. El tratado establece un marco jurídico y un proceso claro para crear redes de áreas marinas protegidas, que pueden brindar una protección integral a la biodiversidad en alta mar frente a múltiples actividades, manteniendo la salud y resiliencia de esta parte del océano.Evaluaciones de impacto ambiental. Bajo el tratado, cualquier actividad nueva en alta mar está sujeta a evaluaciones de impacto ambiental detalladas y modernas que incluyan los impactos acumulativos de múltiples actividades afectando un mismo ecosistema. Los países en desarrollo recibirán apoyo para ser parte de esta tarea.Reparto justo y equitativo de los beneficios por recursos genéticos marinos. El acuerdo establece obligaciones para compartir los beneficios monetarios y no monetarios del aprovechamiento de los recursos genéticos encontrados en alta mar (material genético de cualquier animal, planta o microbio) para desarrollar nuevas medicinas, por ejemplo.Creación de capacidades y transferencia tecnológica. El tratado dispone la provisión de financiamiento y la transferencia de tecnología en condiciones justas para que países en desarrollo aumenten su capacidad científica y tecnológica marina, incluyendo intercambio de datos, desarrollo y mejora de infraestructura y respeto de conocimientos tradicionales.¿Por qué los gobiernos deben ratificar el Tratado de Alta Mar?Tener un Tratado de Alta Mar tomó más de dos décadas, incluyendo cinco años de negociaciones en la ONU. Para garantizar este avance histórico, el acuerdo debe entrar en vigor —volverse ley bajo el derecho internacional—, lo cual ocurrirá 120 días después de que lo hayan ratificado 60 países. Al momento, 28 países han ratificado el tratado.La ratificación significa que los países, además de firmarlo, dan su consentimiento formal al tratado, lo que a menudo implica garantizar que sus leyes nacionales sean coherentes con este.Hay muchas razones por las que la ratificación del acuerdo beneficiará a los países en desarrollo, particularmente a los de América Latina y el Caribe. Algunas de ellas son:El tratado nos acerca a la justicia ambiental. Beneficiará a los países históricamente excluidos del a los recursos de alta mar, brindándoles nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico, científico y económico. Además, permitirá a todos los países ser actores activos de una plataforma global de toma de decisiones, coordinación y cooperación para la protección y uso sostenible de estos recursos.El tratado permite conservar ecosistemas clave. Bajo el tratado, todos los países podrán proponer áreas marinas protegidas en alta mar, incluyendo aquellos sin litoral (como Bolivia y Paraguay). Esto permitirá proteger zonas ricas en biodiversidad y especies endémicas en América Latina, como las cordilleras submarinas de Salas y Gómez & Nazca (Chile-Perú) o el Domo Térmico en el Pacífico centroamericano.El tratado beneficia modos de vida y economías locales. Al promover un alta mar saludable y resiliente, el tratado tendrá efectos positivos en las áreas costeras y en las actividades económicas que dependen de especies migratorias, como la observación de cetáceos y de tortugas, el buceo, el turismo, la pesca comercial y deportiva. Especies altamente migratorias como los calamares son vitales para las economías latinoamericanas.El tratado otorga voz en la toma de decisiones sobre alta mar. Los países que hayan firmado el tratado participarán en las reuniones de la Comisión Preparatoria y quienes lo ratifiquen podrán participar en la Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo, cuya primera versión tendrá lugar un año después de su entrada en vigor, donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios. El llamado es entonces a que todos los países ratifiquen el Tratado de Alta Mar, protegiendo así el 64% de nuestro océano, que hoy carece de una protección efectiva.Es momento de actuar por la vida marina y por las futuras generaciones.
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Río Motagua: Una historia de contaminación y un grito por justicia
El río Motagua, el más extenso de Guatemala, está gravemente contaminado con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.Su caudal desemboca en el mar Caribe, por lo que la contaminación alcanza esas aguas, así como el Sistema Arrecifal Mesoamericano —el arrecife transfronterizo más grande el mundo— y las costas hondureñas, causando daños sociales y ambientales incuantificables.Las actividades contaminantes ocurren en toda la cuenca del río, incluyendo subcuencas y microcuencas.En términos generales, la contaminación ha deteriorado la salud, además de vulnerado el derecho al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.La contaminación del Motagua es un problema que lleva décadas y que requiere medidas urgentes de largo plazo que contribuyan al saneamiento y manejo integral de la cuenca del río. ¿Dónde está el río Motagua?El río Motagua es uno de los principales de Guatemala. Con una longitud de 486 km, atraviesa 96 municipios y 14 departamentos del país. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.Es en su desembocadura donde su caudal confluye con el Arrecife Mesoamericano, que se extiende por aproximadamente 1 000 km y abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México. Así, la contaminación que arrastra el río deteriora la salud del sistema arrecifal, donde está el segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial.El Arrecife Mesoamericano protege miles de kilómetros de costas contra corrientes, olas y tormentas. Además de ser lugar de crianza y alimentación para una gran diversidad de especies, es un sumidero de dióxido de carbono y un desintoxicante del agua y el aire. De su conservación depende la salud ecológica y económica de toda la zona del Atlántico Sur.Además, la contaminación del río Motagua llega a las costas de Honduras y se esparce a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala y Belice. Se trata, sin duda, de una problemática transfronteriza. ¿De dónde viene la contaminación del río Motagua?El mayor volumen de contaminación del río Motagua proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, principalmente mediante las aguas del río Las Vacas, que recibe una gran cantidad de desechos sólidos del río Chinautla, además de aguas negras que son descargadas en su afluente diariamente.Los desechos sólidos del río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, provienen a su vez de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina. Cualquier pequeño derrumbe en ese vertedero genera desechos que automáticamente son vertidos al río en cualquier época del año.La contaminación que el río Chinautla transporta consiste también en una gran cantidad de aguas negras, generadas por al menos 500 mil personas que viven en la parte norte de la ciudad de Guatemala y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.En el municipio de Chinautla hay numerosos vertederos ilegales. Además, muchos vehículos particulares y camiones recolectores descargan desechos a orillas de los ríos Chinautla y Las Vacas.Según datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se estima que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.La mayoría de los desperdicios son vertidos en quebradas y/o superficies susceptibles al arrastre, terminando en su mayoría de una u otra forma en fuentes de agua, como la cuenca del Motagua.En otras palabras, la fuente principal de la contaminación del río Motagua es el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en el país; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. ¿A quiénes afecta la contaminación del río Motagua?La contaminación del río Motagua afecta a toda la población de Guatemala. En la cuenca baja, afecta directamente a las personas dedicadas a la pesca, quienes han visto reducidas sus capturas.Y, al perjudicar el turismo en el Caribe, afecta también a las comunidades que tienen en ese rubro su modo de vida.Al ser un problema que abarca toda la cuenca, la contaminación del Motagua afecta a quienes viven en las principales subcuencas y microcuencas del río, incluidas las comunidades indígenas del pueblo maya poqomam de las ciudades de Chuarrancho y Chinautla.En Chinautla, la contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de más de 18 mil personas.La restauración del río Motagua es determinante para mejorar la calidad de vida de al menos el 30% de la población guatemalteca, así como de las personas afectadas en los países vecinos. Acciones para rescatar al río Motagua de la contaminaciónFrente a la grave degradación de la cuenca hidrográfica más grande de Guatemala, los daños a ecosistemas clave como el Arrecife Mesoamericano y las violaciones de derechos humanos que la contaminación genera, se requieren medidas urgentes, entre ellas: Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y municipal, así como prevenir y frenar los daños ambientales desde las fuentes mediante regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua.Fortalecer la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales y manejo de desechos sólidos para que se implementen de manera oportuna mediante sistemas de tratamiento completos en los municipios de la cuenca.Iniciar acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca, incluyendo medidas políticas, legislativas y istrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico y destinen los suficientes recursos financieros para garantizar la protección de las aguas y de los territorios.
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