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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Expertos de la ONU denuncian amenazas y estigmatización contra personas defensoras del agua y del páramo de Santurbán; exigen protección a su labor
Bucaramanga, Colombia. El pasado 6 de marzo, las Relatorías Especiales de la ONU sobre defensores de derechos humanos, medio ambiente sano, agua y saneamiento, y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos enviaron comunicaciones a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC para denunciar las amenazas y estigmatización que enfrenta el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán por defender este ecosistema amenazado por la minería en Colombia. A la fecha, solo se ha publicado una respuesta por parte del gobierno.Si bien los hostigamientos no son nuevos, recientemente se han difundido contenidos en redes sociales señalando como "personas no gratas" a las vocerías del comité. "Cada día que pasa sin respuesta del gobierno nacional, las empresas legitiman a quienes buscan silenciarnos", advirtieron integrantes del comité. Durante 16 años, el comité ha trabajado por proteger este ecosistema del que depende el suministro de agua dulce de más de dos millones de personas. Recientemente, lograron el reconocimiento de una parte del páramo como Zona de Reserva Temporal, lo que implica la suspensión por dos años de las actividades mineras a gran escala en el mismo. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá, subrayó que "el hecho de que Canadá aún no responda a las relatorías y expertos de la ONU lo dice todo. Canadá debe priorizar a las personas defensoras del ambiente del Comité de Santurbán y a su lucha por proteger el agua".Sebastián Abad Jara, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sostuvo que "mediante estas cartas, las agencias reconocieron al comité como coalición de personas defensoras; pusieron en conocimiento de gobiernos y empresas el riesgo claro, inminente y específico que padecen sus integrantes; y desmontaron la falsa vinculación de sus actividades con grupos ilegales". Los organismos de la ONU subrayan que Aris Mining, su subsidiaria Minesa y todas las empresas de su cadena de suministro —como Calimineros— , asociadas al proyecto Soto Norte, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente los de las personas defensoras del ambiente y del agua. "Colombia es uno de los países más peligrosos para defender el agua y la vida ante los proyectos extractivistas, por lo que urge la actuación inmediata de los Estados y las empresas para frenar la estigmatización y garantizar la seguridad del comité", indicó Jen Moore, investigadora asociada del Institute for Policy Studies (IPS). El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, AIDA, Mining Watch Canada, IPS, Common Frontiers Canadá y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) reiteramos el llamado de los expertos de Naciones Unidas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, a la empresa Aris Mining y a MDC Holding para que salvaguarden la vida e integridad de quienes integran el comité. Igualmente, hacemos un llamado urgente para que Estados y empresas respondan sobre el fondo de las comunicaciones y adopten medidas —con plazos verificables y avances medibles— para prevenir que las empresas asociadas al proyecto Soto Norte incurran en violaciones a los derechos humanos, conforme a las obligaciones previstas en la legislación nacional, el Acuerdo de Escazú, la normativa y jurisprudencia interamericana y los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Solo la protección y el fortalecimiento de liderazgos históricos como el del Comité de Santurbán en Colombia nos acercan a la justicia ambiental y climática. Las preocupaciones elevadas por las agencias de la ONU son un recordatorio de que la protección de quienes lideran las luchas por el agua en América Latina es un imperativo de la debida diligencia estatal y empresarial. os de prensaComité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected] Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011
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Comunidad maya en Guatemala exige en tribunales un alto a la contaminación que viola su derecho a un ambiente sano
La comunidad poqomam presentó una petición de amparo contra el gobierno municipal de Chinautla por no atender la contaminación de ríos y suelos causada por desechos sólidos y vertederos ilegales, problemática que alcanza al Motagua, el río más grande de Guatemala, y que afecta incluso al mar Caribe. Hoy, en audiencia pública, representantes de la comunidad dieron sus alegatos finales en espera del fallo.Ciudad de Guatemala. La comunidad del pueblo maya poqomam de Santa Cruz Chinautla presentó hoy sus alegatos finales en el litigio iniciado contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales, problemática que vulnera sus derechos a la salud y a un ambiente sano.Santa Cruz Chinautla, una de las 9 aldeas del municipio de Chinautla —ubicado a tan solo 12 kilómetros de la Ciudad de Guatemala—, atraviesa una grave crisis ambiental que impacta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de los más de 114 mil habitantes del municipio. Además de los basureros ilegales de desechos domésticos, la aldea enfrenta la llegada diaria de decenas de camiones que descargan desechos de construcción sin ningún control."Cuando era niño, nos bañábamos, pescábamos y jugábamos con las ranas en los ríos de Santa Cruz Chinautla. Hoy, todo eso quedó en el recuerdo. Ahora vivimos entre la basura y aguas negras que llegan desde la ciudad y de vertederos ilegales. Pedimos a las autoridades municipales que cierren los basureros clandestinos en nuestra comunidad y que establezcan acuerdos con las municipalidades aledañas para detener la contaminación y restaurar los ríos, como eran antes", dijo Efraín Martínez, Autoridad Ancestral del Pueblo Maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla, ante el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil durante la audiencia pública realizada hoy y en la que se presentaron los alegatos finales del caso, paso previo al fallo del tribunal.Santa Cruz Chinautla se ubica en las riberas de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, este último un afluente directo del río Motagua, el más extenso de Guatemala. La acumulación de desechos en áreas no autorizadas ha afectado gravemente no solo a estos cuerpos de agua, sino también los suelos y la alfarería, una tradición que por generaciones ha sido una de las principales fuentes de sustento de la población.En octubre de 2024, ante la falta de respuesta de las autoridades locales, la comunidad poqomam de Santa Cruz Chinautla presentó, con apoyo del Bufete para Pueblos Indígenas, una petición de amparo contra el Concejo Municipal de Chinautla. En ella exigen:Una respuesta a la solicitud de cierre de los vertederos clandestinos.La elaboración de un plan de restauración de los ecosistemas dañados.La firma de acuerdos con el gobierno municipal de la Ciudad de Guatemala y de Mixco para el saneamiento de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, así como la protección de sus microcuencas y subcuencas.El cumplimiento de obligaciones y competencias relacionadas con la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos; la gestión de vertederos y residuos sólidos; y la vigilancia de la calidad ambiental, cuya omisión está causando graves violaciones de derechos humanos. "La municipalidad de Chinautla debe vigilar la calidad ambiental porque hasta ahora no cuenta con políticas, planes o programas que aseguren el debido tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos", indicó Carmela Curup, directora del Bufete para Pueblos Indígenas.En el litigio, con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la comunidad logró reunir información acerca de las fuentes de contaminación y la situación ambiental y social que enfrenta Santa Cruz Chinautla. Con ello evidenció el incumplimiento, por parte de las autoridades municipales, de sus obligaciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y el Código de Salud. La situación en Santa Cruz Chinautla es parte de una problemática más grande y transfronteriza: las aguas contaminadas del río Las Vacas, cuyos desechos provienen principalmente de la Ciudad de Guatemala, afectan al río Motagua, el más extenso del país, cuyo caudal desemboca en el mar Caribe. Así, la contaminación afecta estas aguas, las costas hondureñas y al Arrecife Mesoamericano, el segundo más largo del mundo."El Arrecife Mesoamericano es un gran ecosistema compartido por cuatro países —México, Belice, Honduras y Guatemala— y su protección depende de una gestión integral que abarque toda la cuenca del río Motagua, lo que implica la protección de los ríos que lo alimentan, incluidos los que pasan por Santa Cruz Chinautla", señaló Bryslie Cifuentes, abogada de AIDA, organización que respaldó el litigio con un escrito legal (amicus curiae). "Nos sumamos a la petición por los derechos de la comunidad indígena poqomam porque un fallo favorable representaría un paso importante para el saneamiento del río Motagua y, con ello, la conservación del arrecife. Este caso puede sentar un precedente en el derecho ambiental que permita al Estado de Guatemala cumplir con sus obligaciones de prevención, garantía, vigilancia y restauración en favor del derecho a un ambiente sano", resaltó. os de prensa:Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522017Carmela Curup (Guatemala), Bufete para Pueblos Indígenas, [email protected], +502 2254 6241
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Pequenos investimentos com grandes impactos. Soluções climáticas dos territórios com justiça de gênero
Desde 2016, a Aliança Global para Ação Verde e de Gênero (GAGGA, por sua sigla em inglês), em articulação com diversos atores, tem promovido iniciativas voltadas à inclusão da perspectiva de gênero no financiamento climático, com ênfase nos projetos e fluxos financeiros do Fundo Verde para o Clima (FVC).O FVC foi o primeiro fundo internacional de financiamento climático a incorporar a perspectiva de gênero como eixo central de suas operações, consolidando-se como um marco essencial para a promoção da equidade no o, uso e alocação de recursos climáticos em escala global.No entanto, o financiamento climático internacional que chega aos países muitas vezes está desconectado das reais necessidades das comunidades locais que pretende beneficiar, especialmente das mulheres. Essa desconexão representa um problema que exige atenção urgente: por um lado, essas comunidades têm o direito de participar das decisões que impactam suas vidas; por outro, perde-se a oportunidade de integrar conhecimentos locais às soluções, o que poderia tornálas mais relevantes e eficazes no enfrentamento da crise climática. Em seu relatório especial Mudanças Climáticas e Terra, o Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2022) destaca, por exemplo, que a incorporação do conhecimento das mulheres sobre a gestão da terra contribui para mitigar sua degradação e facilita a adoção de medidas integradas de adaptação e mitigação.O financiamento climático com perspectiva de gênero não se limita à alocação de recursos para mulheres ou à promoção da igualdade de gênero; exige repensar a forma como as soluções de financiamento climático são concebidas e implementadas. Isso implica reconhecer a diversidade das mulheres, remover barreiras ao o a recursos, retirar financiamento das chamadas “falsas soluções” e apoiar iniciativas que enfrentem as causas estruturais das mudanças climáticas.Nesse sentido, na América Latina e no Caribe, há múltiplas iniciativas locais de enfrentamento das mudanças climáticas que ainda fogem ao conhecimento dos tomadores de decisão. Essa invisibilidade dificulta que recebam apoio, sejam replicadas ou sirvam de referência para outras ações voltadas às mesmas comunidades. Diante disso, esta publicação apresenta cinco estudos de caso de soluções climáticas bem-sucedidas, com perspectiva de gênero e justiça climática, desenvolvidas localmente na região. Seu objetivo é fortalecer a colaboração entre os atores responsáveis pelo financiamento e pela implementação dos recursos do FVC e as organizações da sociedade civil.Os estudos de caso demonstram o potencial de eficiência alcançado quando os recursos são proporcionados diretamente às organizações da sociedade civil e às comunidades. Todos os projetos foram implementados com orçamentos inferiores a USD 50.000 e resultaram em contribuições significativas para a transformação de aspectos estruturais que aumentam a vulnerabilidade dos territórios, mulheres e outros grupos marginalizados diante da crise climática. Leia e baixe a publicação
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