Si buscas reducir los niveles de polución del aire en tu ciudad o tratas de impedir el avance de un proyecto que implica riesgos para el ambiente y para las personas de tu comunidad, eres un defensor o una defensora ambiental, aunque probablemente no lo hayas visto de esa manera.

Las personas defensoras están en la primera línea de batalla en la protección del ambiente y los derechos humanos, desafiando intereses públicos y privados. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan grandes dificultades para hacerlo, sufriendo violaciones graves a sus derechos, como persecuciones, amenazas, uso de la fuerza pública, sanciones legales e incluso asesinatos.

Según el informe más reciente de la organización Global Witness, en el año 2019 se registraron 212 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio. La región más afectada fue América Latina, siendo Colombia el país que lidera la lista con 64 asesinatos.

Pese a que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos de quienes defienden el ambiente, la violencia en su contra se agudiza.

El pasado 22 de abril —en el Día de la Tierra— entró en vigor el Acuerdo de Escazú: el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que pone en valor el trabajo de las personas defensoras del ambiente y obliga a los Estados a protegerlas y a castigar las acciones que vulneren sus derechos.

En una entrevista con Marcella Ribeiro, abogada brasileña del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, hablamos sobre la realidad que viven quienes defienden el ambiente en América Latina y el rol preponderante que los Estados deben tener para su protección.

¿Cuál es la situación actual de las personas defensoras ambientales a nivel mundial y particularmente en América Latina?

Estamos pasando por un momento de vulnerabilidad extra. Al iniciar la pandemia —y principalmente en los países que albergan a la Amazonía— los medios de comunicación se enfocaron solo en cubrir noticias relacionadas a la COVID-19. En ese contexto, las personas defensoras fueron cada vez más amenazadas y algunas incluso asesinadas sin que hubiera repercusión pública.

¿En qué sentido exacerbó la pandemia su vulnerabilidad?

Voy a hablar desde la perspectiva de Brasil, donde estoy. Las y los defensores de derechos humanos ambientales —con quienes trabajamos en AIDA— tienen que defenderse tanto del Estado como de las empresas, que buscan entrar a sus territorios e implementar una visión de desarrollo que no está en consonancia con la de las comunidades.

¿Por qué es importante proteger a las personas que defienden el ambiente?

Porque son la primera fuerza que hay para la defensa del territorio, de la naturaleza y de los derechos humanos, no desde una perspectiva individual, sino colectiva. Lo que hacen es protegernos a todos y a todas, nuestros derechos, nuestro aire y nuestra agua, incluso nuestra seguridad alimentaria. Las personas defensoras evitan que entremos en situaciones de no retorno: una vez que la selva esté demasiado deforestada o una vez que el río esté contaminado, no habrá forma de recuperar esos ecosistemas.

Con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, ¿cómo cambia la situación de estas personas y cómo pueden tener garantizado el a la justicia">