Fuentes de Agua Dulce

A dos años de las medidas cautelares para Belo Monte, Brasil sigue sin responder y la construcción y sus impactos avanzan…

Por Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Nunca olvidaré el 1o de abril de 2011. Tenía ocho semanas de embarazo y había terminado mi trabajo de las sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Iba en un bus de Washington a Nueva York para visitar a una prima y aproveché que tenía a internet para seguir trabajando. De repente: ¡BOOM! Recibí el correo de la CIDH informándonos que habían otorgado las medidas cautelares en favor de comunidades indígenas afectadas por la construcción de la represa Belo Monte en el río Xingú, Amazonas de Brasil. La CIDH solicitó al Gobierno de Brasil suspender cualquier permiso y obra relacionada con la represa Belo Monte hasta que se garantizara la protección de los derechos de las comunidades indígenas afectadas, incluyendo aquellas en aislamiento voluntario. Fue una decisión difícil, pero fundamentada en la información enviada por AIDA y nuestros colegas, y en la que proporcionó el Gobierno brasileño a la CIDH. Han trascurrido dos años desde entonces y deseo compartirles las 10 cosas que considero más importantes sobre lo sucedido con las medidas cautelares y con las miles de personas afectadas por la represa: 1. Reacción de Brasil ante la OEA. Ésta fue sorpresivamente fuerte. El Gobierno de Brasil tildó la decisión de “injustificable”, retiró su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA y dejó de enviar sus aportes anuales a ese organismo. Al considerar que no había claridad en los procesos de medidas cautelares, comenzó un proceso para “fortalecer” el Sistema Interamericano (más información abajo). Hoy las cosas se han calmado. Aún no hay embajador/a ante la OEA, pero Brasil propuso un nuevo candidato a la Comisión para estas elecciones y prometió aumentar sus aportes financieros a la OEA. 2. Autorización y construcción de la represa. En junio de 2011, el gobierno autorizó la obra con más de 60 condiciones ambientales y de protección a comunidades indígenas. Pese a ellas, el permiso ignoraba la solicitud de la CIDH. La construcción hoy ha avanzado aproximadamente 30% y las condiciones no se han cumplido. Lo que sí es visible son los primeros impactos socio-ambientales en la zona. Así lo evidencian estas duras fotos de nuestros colegas de ISA. La empresa a cargo del proyecto debía, por ejemplo, tener un plan de compensación para las personas afectadas que incluya la provisión de casas a las familias que perdieron y perderán la suya. El desalojo se inició hace más de un año y miles de personas todavía no reciben las indemnizaciones prometidas, tampoco se han comenzado a construir las casas, que deberían estar listas en 2014. A este ritmo, la empresa deberá construir 365 casas por mes para cumplir con su obligación. 3. Mortandad de peces. En septiembre de 2012, en la visita que hicimos a la comunidad de Santo Antonio, fui testigo de algunos de los impactos de la construcción de la represa. En ese lugar, a orillas del río, vi los peces que, según los pescadores, habían muerto tras explosiones con dinamita. En efecto, a la entrada de las obras, un letrero anuncia cuatro rondas de explosiones diarias. Según don Leóncio Arará, fundador de la aldea Maia en la tierra indígena de los Arará, antes pescaba unos 100 peces al día y ahora, sólo seis o siete. 4. Grandes migraciones y falta de infraestructura. Uno de los impactos de este tipo de proyectos, también denunciado ante la CIDH, es la alta migración que reciben las poblaciones donde se ejecutan las obras y el consecuente aumento en la demanda de servicios e infraestructura con los que generalmente no se cuenta. Según el Ministerio Publico, Altamira tiene 50,000 nuevos habitantes, lo que está generando graves problemas para el tratamiento de desechos, a servicios de salud y la calidad del agua. 5. Huelgas, manifestaciones y ocupaciones. Los impactos ocasionados por Belo Monte motivaron varias protestas de indígenas y comunidades locales. Durante el famoso encuentro internacional de Rio+20, en junio de 2012, las comunidades del río Xingú hicieron una impresionante demostración llamada Xingu+23 y ocuparon simbólicamente la zona de construcción. Hubo nueve huelgas de trabajadores y cuatro protestas más de la comunidad que paralizaron momentáneamente las obras. 6. Una alta corte brasileña suspendió el proyecto. En agosto de 2012, un Tribunal Regional suspendió las obras al concluir que no se había consultado a las comunidades indígenas, el mismo argumento de la CIDH para solicitar las medidas cautelares. Dos semanas después, el Supremo Tribunal de Justicia suspendió ese fallo argumentando seguridad nacional, pero sin analizar la situación de derechos humanos derivada de la construcción de la represa, la cual reinició de inmediato. 7. Un cambio en las medidas cautelares. En julio de 2012, la CIDH modificó las medidas cautelares y dejó de exigir la suspensión de la construcción del proyecto: la medida realmente efectiva para evitar los impactos irreversibles en los derechos humanos. En todo caso, la Comisión reiteró otras medidas como la protección de salud a comunidades indígenas, la aclaración de títulos agrarios y la protección a pueblos no ados. 8. Espías y militares en el río Xingú. Aunque parezca de película, en febrero pasado, durante una reunión de estrategia de los grupos que exigimos que Belo Monte respete el ambiente y los derechos humanos, descubrimos un espía. Denunciamos el hecho a las autoridades y a la opinión pública, pero todavía no tenemos respuesta. En reacción a las protestas y para presionar aún más a quienes demandamos el cumplimiento de los derechos humanos, el Ministerio de Minas y Energía pidió el envío de tropas del ejército nacional para evitar que las obras paren de nuevo. 9. Proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano y cambios en la CIDH. En gran medida por la reacción de Brasil, los Estados de la OEA implementaron un proceso para “fortalecer” el Sistema Interamericano, el cual comenzó en la Asamblea General de junio de 2011. El proceso duró 22 meses y concluyó en la Asamblea Extraordinaria del pasado 22 de marzo, tras una complicada negociación de 12 horas que tuve el honor de presenciar. Además, derivó en la reforma del reglamento y prácticas de la CIDH. 10. Financiamiento del proyecto. En noviembre de 2012, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) aprobó un préstamo de aproximadamente US$10.8 billones para Belo Monte. Las personas afectadas, agrupadas por el Movimento Xingú Vivo para Siempre, y 68 organizaciones solicitamos al BNDES no desembolsar el dinero por las violaciones a las normas y afectaciones a derechos humanos. La entidad no nos hizo mucho caso y a comienzos de 2013 desembolsó el primer monto. Dos años después Así ha transcurrido una historia en la cual el Gobierno de Brasil continúa sin responder ante la CIDH por las medidas cautelares. Pero no todo ha sido negativo. También en estos dos años se comenzó a implementar el comité de gestión para dar seguimiento a las condiciones de la licencia de Belo Monte. En él participan todos los ministerios y la dirección de la Secretaría de la Presidencia. Continuaremos insistiendo para que el gobierno, en particular la Presidencia —instancia que asumió el caso— responda ante la Comisión Interamericana y se anime a dar su versión de los hechos. A quienes tengan curiosidad, les cuento que también en este periodo nació mi bebé. Ahora tiene 18 meses y justo hace cinco días recibió sus primeros puntos de cirugía tras una caída en el jardín infantil. A veces las noticias no son positivas y no son las deseadas. Para mí fue duro saber que mi hijito debía recibir puntos en la cara. Seguro que a la Presidenta Dilma le ha tocado enfrentar muchas cosas parecidas. Igual y las medidas cautelares de Belo Monte no son una noticia tan agradable, pero hay que enfrentarlas, responder y tratar de resolver el asunto. Ignorarlas no hace que desaparezcan… Ya les seguiré contando. Mientras tanto, pueden consultar mayor información en nuestras páginas de Facebook, Twitter y unirse a la defensa de los derechos de los indígenas del río Xingú.

Declaratoria de parte de Santurbán como Parque Natural Regional es el inicio para cumplir con la exclusión de páramos de la minería

AIDA destaca la decisión e insta al Ministerio de Ambiente a garantizar la protección de estos ecosistemas en su totalidad. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) recibió con beneplácito la declaratoria de una parte del páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander (Colombia), como Parque Natural Regional. La medida, tomada en enero, reafirma la exclusión legal de los páramos de actividades mineras en Colombia, por lo que aún debe garantizarse la protección del conjunto de estos ecosistemas.   Así quedó expresado en una carta enviada por AIDA al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto Alexander Von Humboldt y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) de Colombia. La declaratoria cubre 11,700 hectáreas de las 92,000 que conforman el páramo, y fue propuesta al consejo directivo de la CDMB por el Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, con base en un concepto previo técnico del Instituto Von Humboldt.   “En AIDA llevamos más de cinco años reiterando la obligación nacional e internacional del Estado colombiano de proteger los páramos, por lo cual insistimos en que el gobierno la cumpla y excluya la minería de estos ecosistemas”, declaró Paulo Bacca, abogado de la ONG.   AIDA ha insistido en la exclusión de los páramos de la minería a través de observaciones a los Código de Minas y proyectos de ley, y mediante el seguimiento a casos paradigmáticos como el de Santurbán. Por ello celebramos que el Ministerio de Ambiente, en la misma línea que los argumentos constitucionales e internacionales entregados por AIDA, negara la licencia ambiental solicitada por la firma canadiense Greystar Resources Ltda. (ahora Eco Oro Minerals) para implementar la mina de oro Angostura en el corazón del páramo.   “Este asunto supera el ámbito jurídico, es un tema de seguridad nacional y de calidad de vida de los y las colombianas, pues los páramos son esenciales para el abastecimiento del 70% del agua dulce, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático e incluso la generación de energía”, señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA.   Finalmente y para evitar que la falta de demarcación sirva de excusa para impulsar proyectos mineros en las zonas de páramo, AIDA exhorta al Ministerio a que acoja de inmediato la cartografía del nuevo atlas de páramos entregada por el Instituto Von Humboldt hace unos meses. Creemos que acoger la cartografía “contribuiría a evitar que las empresas mineras se escuden en la falta de definición y demarcación de los páramos para impulsar proyectos mineros en dichas zonas”, brindando claridad a su protección y a la de los demás ecosistemas sensibles.   Vea la versión en PDF de la carta.

A pesar de críticas, el BNDES aprueba un préstamo sin precedentes para la controversial represa de Belo Monte en la Amazonía brasileña

Los cuestionamientos señalan que el financiamiento ignora las violaciones a derechos humanos y salvaguardas ambientales, afectando así la reputación del banco. Brasilia, Brasil. El lunes 26 de noviembre, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) anunció la aprobación de un préstamo sin precedentes de 22,5 billones de reales (aproximadamente US$10.8 billones) para la construcción de la controversial represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, un gran afluente del Amazonas. Es el crédito más grande en los 60 años de historia del banco.  El BNDES otorgará 13.5 billones de reales a través de financiamiento directo; mientras que la Caja Económica Federal (CEF), un banco público, transferirá siete billones de reales y el banco de inversión privada BTG, otros dos billones. En respuesta al anuncio del BNDES, nueve organizaciones de la sociedad civil brasileña presentaron ayer una petición al Ministerio Público Federal solicitando una investigación por la presunta violación de requisitos legalmente vinculantes relativos a los impactos sociales y ambientales del proyecto, sus riesgos y su viabilidad económica.  La petición hace un llamado a que los Procuradores tomen medidas urgentes para evitar que el BNDES transfiera el préstamo al desarrollador de la represa (Norte Energía, S.A.) antes de que se investigue el caso. El controversial proyecto ha sido paralizado al menos en seis oportunidades por las comunidades indígenas y de pescadores afectadas, quienes han protestado ante la incapacidad de Norte Energía y las agencias gubernamentales de cumplir con los requerimientos ambientales y sociales.   Recientemente, ocho mil trabajadores del proyecto cerraron el complejo, incendiaron los campos de construcción y la maquinaria y bloquearon carreteras en reclamo por la violación de la legislación laboral por parte de la empresa. “Mientras Norte Energía y el Gobierno brasileño, incluyendo el BNDES, continúen ignorando las demandas de los afectados, habrá resistencia y aumentará la conflictividad.  Al aprobar este préstamo mientras existe un grado alto de conflictividad en la zona se demuestra la falta de compromiso del BNDES para garantizar derechos y salvaguardas ambientales.  El banco debería reconsiderar la aprobación del préstamo para evitar más conflicto”, señaló Maíra Irigaray, Asesora de Financiamiento Internacional de Amazon Watch. Jueces federales suspendieron las obras de Belo Monte en dos ocasiones durante 2012 con base en la ausencia de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo estipula la Constitución de Brasil y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.  La Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han determinado que el proyecto pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas afectadas.  Asimismo, análisis expertos e independientes han evidenciado que la represa es económica, social y ambientalmente inviable. Norte Energía y el Gobierno Federal responden por 15 acciones civiles en la justicia brasileña promovidas por el Ministerio Público, la defensoría pública e instituciones de la sociedad civil, así como por acciones a nivel internacional que cuestionan las numerosas ilegalidades e irregularidades cometidas desde el inicio de las obras. A pesar de los grandes riesgos legales, financieros y de reputación que rodean Belo Monte, el BNDES ha decidido financiar el proyecto, aparentemente bajo la intensa presión del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Con la aprobación de este crédito, el BNDES se convierte en el mayor financiador de un proyecto que adolece de graves violaciones a los derechos humanos y la legislación ambiental, incluida la integridad cultural de los pueblos indígenas y las comunidades ribereñas.  Entre sus impactos ambientales, Belo Monte causaría importantes emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo de metano, un gas 25 veces más fuerte que el dióxido de carbono. “Las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte han sido denunciadas ante instancias internacionales, por lo cual el Estado de Brasil y por ende ahora también BNDES, podrían ser responsables”, afirmó Astrid Puentes, co-directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que brinda apoyo legal a las comunidades afectadas. En 2011, la CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas adas y no adas de la cuenca del río Xingú, afectadas con la construcción de la represa. Las medidas están vigentes pese a que el Estado ignoró las solicitudes de la Comisión. “El BNDES no aplicó ninguna salvaguarda social y ambiental seria para la aprobación de un préstamo que utiliza el dinero de los impuestos de los brasileños”, sostuvo Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre.  “El banco dice que parte de los recursos deberá ser utilizado en la mitigación de los problemas. Eso es discurso, nadie garantiza que ese dinero va a minimizar el sufrimiento de los afectados ya que hasta ahora prácticamente todas las promesas que Norte Energía le hizo a los indígenas, ribereños y pescadores no han sido cumplidas. El BNDES ya transfirió más de tres billones de reales para Belo Monte sin ningún análisis de riesgo y hay que ver la situación desastrosa de la población de la región, la deforestación y la falta de infraestructura en Altamira”. El préstamo sin precedentes para Belo Monte, la que sería la tercera represa más grande del mundo, es el más cuantioso en los 60 años de historia del banco.  Los críticos del proyecto argumentan que éste es económicamente inviable debido a factores como los crecientes costos de construcción, que pasaron de 4.5 billones de reales en 2005 a un estimado actual de 28.9 billones. Se prevé que el proyecto utilice sólo el 39% de su capacidad instalada: 11,233 MW. De acuerdo con Brent Millikan, Director del Programa de Amazonía en International Rivers, “si los costos sociales y ambientales, junto con los riesgos financieros, legales y de reputación de Belo Monte hubiesen sido seriamente tomados en consideración, el BNDES nunca se hubiese acercado al proyecto”.

Represa Belo Monte suspendida por tribunal de apelaciones de Brasil

El proyecto fue autorizado ilegalmente por el Congreso, sin consulta previa con las comunidades indígenas, comentó el juez. Altamira, Brasil. Una corte de alto nivel suspendió el lunes la construcción del polémico proyecto de la represa de Belo Monte en el río Xingú del Amazonas, citando pruebas abrumadoras de que los indígenas no habían sido debidamente consultados antes de la aprobación del proyecto por parte del gobierno. Un grupo de jueces del Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF1) confirmó que la autorización del proyecto por parte del Congreso brasileño en 2005, fue ilegal. La corte concluyó que el Congreso sólo puede autorizar el uso de los recursos hídricos para proyectos hidroeléctricos después de una evaluación independiente de los impactos ambientales y las consultas previas a los pueblos indígenas afectados, tal como lo establece la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, firmado por Brasil.   El fallo indica que el Congreso brasileño deberá corregir el error mediante la realización de consultas con los indígenas del río Xingú en especial los de las comunidades Juruna, Arara y Xikrin, sobre los posibles impactos del proyecto. Sus opiniones deberán ser tomadas en cuenta en la decisión del Congreso sobre la autorización de Belo Monte.   Paralelamente, al mismo tiempo, el consorcio del proyecto ha recibido la orden de suspender la construcción de la represa. El consorcio Norte Energía SA, liderado por la empresa paraestatal de energía Eletrobras, enfrenta una multa diaria de R$500.000 (aproximadamente 250,000 dólares) ,si no cumple con la suspensión. Se espera que el consorcio del proyecto apele la decisión ante la Corte Suprema de Brasil.   "La decisión del tribunal, pone de manifiesto la urgente necesidad de que el gobierno brasileño y el Congreso respeten la Constitución federal y los acuerdos internacionales, sobre la realización de consultas previas con los pueblos indígenas, cuando hay proyectos que pongan en riesgo sus territorios y medios de vida. Los derechos humanos y la protección del ambiente no pueden estar subordinados a los intereses empresariales” declaró el juez federal Souza Prudente, autor de la sentencia.   "La reciente decisión del tribunal reivindica lo que los pueblos indígenas, activistas de derechos humanos y el Ministerio Público de la Federación han demandado desde que se aprobó el proyecto. Esperamos que el Procurador General de la Presidenta Dilma y el juez principal del tribunal federal (TRF1) no traten de revertir esta decisión tan importante, como lo han hecho anteriormente en casos similares", expresó Brent Millikan de International Rivers, desde Brasilia.   "Esta decisión refuerza la petición formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2011, de suspender el proyecto debido a la falta de consulta con las comunidades indígenas. Esperamos que Norte Energía y el gobierno cumplan con la decisión de la corte y respeten los derechos de las comunidades indígenas", comentó Joelson Cavalcante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que da apoyo legal a las comunidades afectadas.   El Congreso de Brasil autorizó la construcción de Belo Monte, hace siete años, sin una evaluación de impacto ambiental (EIA). Un estudio posterior – formulado y presentado por la empresa estatal de energía Eletrobras y tres de las compañías de construcción más grandes de Brasil (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Odebrecht) - fue ampliamente criticado por subestimar los posibles impactos socio-ambientales, especialmente en los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que viven río abajo de la enorme represa que además desviará el 80% del caudal natural del río Xingu. El EIA del proyecto fue aprobado por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) en febrero de 2010, bajo una intensa presión política, a pesar de que el personal técnico de la agencia estaba en contra.   Con la construcción de la represa desde junio de 2011, se ha comprobado que muchos de los impactos sociales y ambientales previstos, eran reales. Por tal razón, los pueblos indígenas afectados han aumentado sus formas de protestas.   Durante la conferencia de las Naciones Unidas, Rio+20 en junio pasado, los líderes indígenas tomaron la zona de construcción de la represa durante 21 días para protestar por los crecientes impactos del proyecto y las promesas incumplidas por parte del consorcio del proyecto. Dos semanas más tarde, las comunidades indígenas detuvieron a tres ingenieros de Norte Energía en las tierras de la comunidad. Ambas protestas exigían la suspensión del proyecto debido a la falta de cumplimiento de los requerimientos de mitigación.   El mes pasado, la Oficina del Fiscal Público Federal presentó una demanda solicitando la suspensión de la licencia de instalación de Belo Monte, dado el incumplimiento generalizado de las condiciones de las licencias ambientales del proyecto. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, el largo proceso de consulta (conflictivo y complicado) con sus comunidades no tendrá resultados positivos en el veredicto sobre Belo Monte. Conflictos similares en torno a violaciones de los derechos indígenas por parte de los proyectos de represas están surgiendo en otras partes del Amazonas en Brasil.   La semana pasada, en otra decisión histórica dirigida por el juez Souza Prudente, un grupo de jueces de la TRF1 ordenó la suspensión inmediata de una de las cinco grandes represas planeadas para el río Teles Pires (un tributario importante del río Tapajós), considerando para tal decisión, la falta de consulta previa e informada con los pueblos indígenas: Kayabi, Apiakás y Munduruku, que serían afectadas por el proyecto.   De acuerdo con Souza Prudente, "la agresión contra los pueblos indígenas en el caso de la represa Teles Pires ha sido aún más violenta que la de Belo Monte. La decisión política de proceder a la construcción de cinco grandes represas en el río Teles Pires fue hecha por el Ministerio de Minas y Energía, sin un análisis efectivo de los impactos sobre los medios de vida y territorios de los pueblos indígenas. Los rápidos Sete Quedas en el río Teles Pires son considerados sagrados por los pueblos indígenas y son vitales para la reproducción de los peces, elemento básico de su dieta. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta en el inventario de cuencas, ni los estudios de impactos ambientales. Por otra parte, el gobierno y el Congreso simplemente ignoraron sus obligaciones para garantizar la consulta previa e informada con los pueblos indígenas, según lo determinado por la Constitución Federal y el Convenio 169”.   Ayer por la tarde, el Presidente de la TRF1 anunció su intención de revocar la decisión de Souza Prudente y los demás jueces federales con respecto a la represa de Teles Pires. Esto marca así una creciente crisis en el sistema judicial de Brasil relacionado con los planes de construcción de represas en el Amazonas promovidos por la Presidenta Dilma Rousseff.

Líderes de movimientos brasileños en contra de Belo Monte amenazados con cárcel por protestas legales

Grupos internacionales denuncian ante la OEA y organismos de derechos humanos de la ONU intentos de criminalizar a la sociedad civil. Altamira (PA), Brasil. Movimientos sociales y organizaciones brasileñas de la sociedad civil enfrentan juicios por motivos políticos, dada su oposición legítima a la construcción de la presa de Belo Monte, según una de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos y ambiente.  En un informe enviado a los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU), grupos brasileños e internacionales denunciaron los intentos de procesar a los activistas ambientales y de derechos humanos, y de solicitar la detención de 11 líderes de la sociedad civil, incluyendo un periodista local y los demandantes en el caso internacional correspondiente a la controversial represa. Entre los acusados están un periodista local, los líderes del Movimiento Xingu Vivo para Siempre, un sacerdote que dio una misa antes de la protesta, una monja católica, un documentalista que filmó el evento y un pescador cuya casa fue demolida para dar paso a la presa. “Las quejas presentadas por el consorcio de la represa y las solicitudes de arresto están basadas en información fabricada y en grandes distorsiones de los hechos, con la clara intención de criminalizar a los líderes de un movimiento social legítimo que se opone a la obsesión del gobierno federal de construir Belo Monte, a pesar de los costos humanos y ambientales y de la violación a las normas” dijo Marco Apolo, abogado y co-director de SDDH, una conocida ONG de derechos humanos del estado de Pará, Brasil. La policía estatal de Brasil solicitó una orden de arresto en una corte local que aún está pendiente de aprobación, y se dio en respuesta a una queja del consorcio que construye la presa, después de las protestas pacíficas organizadas por grupos brasileños de la sociedad civil para celebrar los 23 años de resistencia al megaproyecto de la represa. La protesta tuvo lugar en San Antonio, un pequeño poblado agrícola, que ya fue desplazado por la construcción de la presa.  En un hecho aislado un pequeño grupo de personas de manera independiente entraron a la oficina del consorcio y causaron algunos daños.  A pesar de la ausencia de evidencia que vincule el incidente con los líderes del movimiento, la policía solicitó el arresto por los cargos de daños a la propiedad, robo, incendio y alteración del orden público. "Esperamos una pronta respuesta de la OEA y de la ONU con respecto a este intento rampante de intimidar y criminalizar a los defensores derechos humanos y medio ambiente, quienes trabajan para proteger a las comunidades afectadas por Belo Monte” declaró Joelson Cavalcante, abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien es co-autor del informe. "El gobierno brasileño no puede silenciar las críticas a su política de desarrollo, arrestando a quienes protestan", puntualizó. Algunos de los acusados también son demandantes en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil, por no consultar a las comunidades locales y por ignorar las salvaguardias esenciales para proteger los derechos humanos y el ambiente de los pueblos afectados por la represa. En abril de 2011, la Comisión Interamericana solicitó medidas especiales para proteger los derechos de las 12 comunidades indígenas, una resolución que el gobierno brasileño hasta ahora, se ha negado a cumplir. Grupos brasileños e internacionales, incluyendo AIDA, han interpuesto varias denuncias de violaciones a los derechos humanos relacionadas con el desarrollo de la represa Belo Monte. El proyecto causará serios daños a las tierras de las comunidades indígenas y rurales y sus modos de vida, incluyendo las tribus no adas en aislamiento voluntario. La represa sería la tercera más grande del mundo y desplazaría a unas 40, 000 familias. Los intentos por silenciar las protestas en contra del proyecto surgen justo después de las recientes recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que llamó al gobierno brasileño a salvaguardar el trabajo de los defensores de derechos humanos y proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas y afro descendientes. “Belo Monte es un ejemplo triste de la política de desarrollo mal dirigida” declaró Astrid Puentes, Co-Directora de AIDA. “Esperamos que Brasil por fin prestará atención a las recomendaciones de la ONU y la OEA y promoverá un verdadero desarrollo justo y sostenible, demostrando que lo dicho en Río+20 es realidad. Detener la criminalización injustificada de defensores y defensoras de derechos humanos en el Xingu sería un paso positivo en esa dirección.” Para más información: www.xinguvivo.org.br

Gobierno de Brasil es nuevamente requerido por la Comisión Interamericana para explicar situación de derechos humanos por Belo Monte

Brasilia, Brasil. El pasado 11 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al gobierno brasileño aclarar la situación de las comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingu, afectadas por la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Belo Monte. Esta es la segunda exigencia que la Comisión pide al gobierno, en seguimiento de las medidas cautelares otorgadas en abril de 2011. La CIDH solicitó al gobierno informar acerca de la mala calidad de agua del Río Xingu, que estaría ocasionando problemas de salud a las comunidades tradicionales e indígenas y sobre el proceso de reubicación de los agricultores y otras poblaciones tradicionales, cuyos derechos estarían siendo violados. Adicionalmente, la CIDH solicitó información sobre la implementación de las medidas para mitigar los impactos de la construcción de la represa. El requerimiento al gobierno se dio como respuesta a las denuncias enviadas a la CIDH por las organizaciones Sociedad Paraense de Defensa de Derechos Humanos (SDDH),  Justicia Global, Movimiento Xingu Vivo para Siempre (MXVPS) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), enfatizando en las tierras indígenas de Paquiçamba y Arara da Volta Grande, que son directamente afectadas por las obras de Belo Monte. “Esta solicitud de información es una buena noticia pues evidencia que la Comisión está siguiendo de cerca la implementación de Belo Monte, para proteger los derechos humanos”, señaló Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Esperamos que el gobierno demuestre su voluntad y responda lo antes posible e implemente medidas de protección efectivas”, puntualizó. En enero, con la construcción de la primera barrera del Xingu, los indígenas comenzaron a tener problemas por la calidad del agua. El Ministerio Público Federal realizó un análisis independiente de la calidad del agua en el Instituto Evandro Chagas, pero los resultados todavía no han sido publicados. De acuerdo con el Ministerio Público, este monitoreo debe ser continuo debido al peligro de contaminación del río por la represa. Otro problema denunciado ante la CIDH es la falta de un plan de reasentamiento para las comunidades afectadas por la construcción de Belo Monte. Ante la falta del plan, las personas aceptaron como indemnización la mitad o menos del valor del mercado por sus tierras, porque no poseían título formal de la tierra, y tenían temor de ser expulsados sin pago alguno. Este fue el caso de los habitantes de la comunidad de Santo Antonio, en donde existían 252 propiedades de pequeños agricultores, de los cuales sólo 26 poseían un título formal de las tierras. En uno de los casos, un agricultor recibió USD$3,775 de indemnización por 361.51m2 de tierra avaluados en USD$11,787. La CIDH le dio 20 días al estado de Brasil para presentar la aclaración de la información solicitada. “La acción de la CIDH busca principalmente que el Estado brasilero cumpla con los tratados internacionales de defensa de derechos humanos y en el caso de Belo Monte, hay innumerables indicios de que éstos derechos están siendo violados”, dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH.

Brasil responderá junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por violações de direitos humanos relacionadas à hidrelétrica de Belo Monte

Depois de quatro anos, o órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) decidiu abrir a tramitação do caso e pedir uma resposta ao Estado brasileiro às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto hidrelétrico em construção na Amazônia. Washington D.C., Estados Unidos. No momento em que se inicia o enchimento dos reservatórios da represa de Belo Monte, o Brasil é chamado a responder perante a organismos internacionais sobre as violações de direitos humanos decorrentes do projeto. Em 21 de dezembro de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) deu início ao caso apresentado contra o Brasil pelas organizações Justiça Global, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), que representam as pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica. A etapa de revisão inicial estendeu-se por quatro anos, com diversas solicitações de tramitação rápida por parte das organizações peticionárias. A decisão pela abertura da tramitação do caso significa que, enfim, o Estado brasileiro será obrigado a responder às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto Belo Monte. “Já está na hora de o Brasil responder integralmente a nossas denúncias a respeito da ausência de consulta e consentimento prévio, livre e informado das comunidades indígenas afetadas; da falta de participação e de estudos de impacto ambiental adequados, dos deslocamentos forçados e das violações aos direitos à vida, integridade, saúde e justiça das comunidades indígenas, ribeirinhas e moradores da cidade de Altamira”, destacou María José Veramendi Villa, advogada da AIDA. “A abertura do caso é antes de tudo uma vitória das populações atingidas e movimentos sociais envolvidos, que resistiram durante todos esses anos e permanecem firmes e determinados na busca por justiça e reparação” observa Raphaela Lopes, advogada  da Justiça Global. Em novembro do ano ado, o Instituto Brasileiro do Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) outorgou a licença de operação para a hidrelétrica de Belo Monte. Com isso, permitiu-se o enchimento da represa. Esta licença foi outorgada apesar de a Norte Energia - empresa encarregada do projeto – não ter cumprido com as condicionantes necessárias para garantir a vida, saúde e integridade da população afetada. As comunidades indígenas afetadas pela hidrelétrica estão protegidas por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão, as quais o Estado brasileiro ainda não cumpre. No início de dezembro, o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas visitou a cidade de Altamira, a mais próxima da construção da represa e uma das áreas mais afetadas pelo deslocamento e pelos conflitos socioambientais provocados pela construção da hidrelétrica. O GT se reuniu com alguns dos grupos afetados, entre eles membros de comunidades ribeirinhas e povos indígenas, escutando suas denúncias. Após a visita, o Grupo emitiu um pronunciamento no qual exortou ao Governo brasileiro a respeitar os direitos humanos e a não sacrificá-los às custas do desenvolvimento econômico. O Grupo de Trabalho deve apresentar seu informe final a respeito da visita ao Conselho de Direitos Humanos em junho de 2016. A expectativa é que haja um seguimento adequado a sua visita e que o informe seja contundente e explícito sobre as violações de direitos humanos decorrentes de Belo Monte e o acionamento do Estado brasileiro e das empresas envolvidas. As organizações que representam as vítimas continuarão trabalhando para que o Brasil responda pelas violações de direitos humanos causadas pela hidrelétrica. 

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Violaciones en Belo Monte, Brasil, podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Se presenta una denuncia al país por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría conducir al Estado de Brasil a una condena internacional. Altamira, Brasil, Washington, DC, — Organizaciones de defensa de las poblaciones del río Xingú en el Amazonas de Brasil, que están amenazadas por la construcción del megaproyecto de hidroeléctrica Belo Monte, demandaron este jueves, 16 de junio, al Estado de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por las violaciones a los derechos humanos cometidas.  La demanda se presentó después de que Brasil ignoró las medidas cautelares que la CIDH solicitó a ese país el primero de abril, solicitando la suspensión del proyecto de Belo Monte para prevenir violaciones inminentes a los derechos humanos. Las principales críticas a las autoridades del gobierno de Dilma Rousseff son la falta de garantía de procesos de consentimiento libre, previo e informado para las comunidades indígenas, como prevé la Constitución, falta de consulta a las comunidades ribereñas y a la población de Altamira que también se afectará, irregularidades en el proceso de licenciamiento e ineficiencia del sistema judicial brasilero para proteger los derechos. La denuncia enlista a detalle los impactos que afectarán a las poblaciones en la cuenca del río Xingú, incluyendo la destrucción irreversible de un ecosistema irremplazable del que dependen las comunidades, el posible aumento de enfermedades graves como malaria y dengue y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas. “En el caso de Belo Monte, el sistema de justicia brasileño no funciona y ha cedido ante todas las presiones económicas y políticas del gobierno y del Consorcio de Energía del Norte”, explica Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre. “Por eso no hay otra opción que pedir la intervención de la Comisión Interamericana”, añade. Si se acepta la denuncia, se podría ordenar al gobierno de Brasil a reparar los daños, pudiendo encaminar el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que tiene la capacidad de condenar al país por violaciones internacionales a los derechos humanos. Tras los hechos mencionados y de acuerdo con líderes indígenas, el proyecto Belo Monte ha provocado un ambiente conflictivo en la región de Altamira, incluso con amenazas de muerte hacia algunos de sus integrantes. De acuerdo con José Carlos Arara, cacique de la aldea Arara da Volta Grande, amenazado después del inicio de la demarcación de tierras indígenas Arará, “toda la comunidad también está bajo amenaza – y son los líderes los que sufren más. Estoy preso en mi propio pueblo, no puedo salir de aquí y no tenemos ningún apoyo de la FUNAI [entidad indígenista de Brasil] para garantizar nuestra seguridad”. “La posición del gobierno brasileño frente a Belo Monte es está en contra con la imagen que pretende tener como líder regional y anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) a celebrarse en 2012”, dijo Astrid Puentes, Co Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esperamos que los gobiernos de la región dejen de promover proyectos dañinos para las personas y el ambiente y que busquen un desarrollo sostenible verdadero, basado en el respeto a los derechos humanos”, añadió Puentes. Aunque el gobierno emitió una licencia que permite la construcción de la represa en junio, están en proceso de la justicia brasileña 11 acciones públicas civiles del Ministerio Público Federal contra el proyecto.  “La diplomacia brasileña corre serios riesgos de desprestigio internacional con las actitudes que tiene, esperamos que esto se corrija lo antes posible para demostrar la verdadera voluntad de protección de los derechos humanos de Brasil”, afirma Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), citando el fuerte rechazo del proceso internacional por el gobierno de Rousseff y un voto de censura hacia la OEA aprobado por el Senado en la última semana. 

Organización de Estados Americanos solicitó suspender inmediatamente el proyecto de represa de Belo Monte

Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los pueblos indígenas deben ser consultados ANTES del inicio de las obras. Altamira, Brasil / Washington, D.C., USA. El 1 de abril pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) oficialmente solicitó al gobierno de Brasil suspender inmediatamente el licenciamiento y construcción de la gran represa de Belo Monte, en el estado de Pará, Brasil, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingú. La CIDH determinó que el gobierno debe realizar procesos de consulta "previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuados", con las comunidades indígenas involucradas antes de la construcción de la hidroeléctrica. El gobierno brasileño recibió un plazo de quince días para informar a la CIDH sobre el cumplimiento de la resolución. La decisión de la CIDH responde a una denuncia presentada en noviembre de 2010 por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Prelazia del Xingú, el Consejo Indígena Misionero (CIMI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos y Justicia Global, en nombre de varias comunidades tradicionales de la cuenca del Xingú. De acuerdo con la denuncia, entre otros, estas comunidades no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto que, si se lleva a cabo, causará daños socio-ambientales irreversibles, desplazamientos forzados de miles de personas y amenazará una de las regiones de mayor valor para la conservación de la biodiversidad en el Amazonas. "Al reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada, la CIDH solicita que el gobierno brasileño paralice la construcción de Belo Monte y garantice el derecho de decidir de los indígenas", dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH. "De esta forma, seguir con las obras sin realizar las consultas indígenas violaría el derecho internacional y el gobierno sería responsable internacionalmente por los impactos negativos causados por el proyecto". La CIDH también resolvió que Brasil debe adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además de medidas para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades tradicionales afectadas por la obra. "La decisión de la CIDH envía un mensaje claro que las decisiones unilaterales del gobierno y la justicia brasileños, en busca del crecimiento económico a cualquier costo, constituyen una afronta a las leyes del país y a los derechos de las poblaciones tradicionales locales", dijo Antonia Melo del MXVPS. "Nuestros gobernantes no pueden continuar excusándose en el crecimiento económico para violar los derechos humanos e impulsar proyectos que promueven la destrucción de nuestros recursos naturales y la muerte de los pueblos del Xingú y del Amazonas". La represa no sólo ha sido criticada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil, sino también por científicos, investigadores y expertos de las agencias federales brasileñas. Sólo el Ministerio Público Federal ha presentado diez demandas que están pendientes de resolverse. ”Esta decisión marca un hito para Brasil y para la región, pues evidencia que el desarrollo económico debe cumplir con las normas y respetar los derechos humanos” afirmó Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Grandes represas como Belo Monte han evidenciado que no son energía limpia ni sostenible, por los graves impactos que causan, incluso para el cambio climático, por lo cual es esencial que los Estados examinen integralmente los impactos y alternativas que estos proyectos tienen, pues existen muchas” concluyó. "Estoy muy conmovida con esta noticia", dijo Sheyla Juruna, líder de la comunidad indígena Juruna del km 17, afectada por el proyecto. "Hoy, más que nunca, tengo la certeza de que estamos en lo correcto en denunciar al gobierno ante la justicia por las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas del Xingú y de todos los que están juntos en esta lucha en defensa de la vida y del medio ambiente. Continuaremos firmes y resistentes en esta lucha contra la implementación del Complejo de Belo Monte". La decisión de la CIDH ordenando la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención de Biodiversidad, en la Convención Americana y en la propia Constitución de Brasil.