Derechos Indígenas

Comunidades mayas de México, en riesgo por COVID y degradación de la selva

En medio de la pandemia, organizaciones sociales de la Península de Yucatán alertan de omisiones que ponen en riesgo a las comunidades mayas de la región.   Las organizaciones han detectado: la falta de una estrategia oficial para informar y atender a los pueblos indígenas en esta crisis sanitaria y la falta de atención a los incendios forestales y a la deforestación, cuyo aumento se asocia a la expansión agrícola industrial. Además las organizaciones denuncian el avance del proyecto del Tren Maya, lo cual se complica ante la falta de garantías a las comunidades indígenas para acceder a información y justicia, además del riesgo que implica para los trabajadores encargados de su construcción.  8 de abril del 2020 -  Es urgente que la información acerca de la COVID-19 se adapte a los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Por eso, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, organización campesina del municipio de Hopelchén en el estado de Campeche, exigió al gobierno mexicano que se genere una estrategia adecuada.  De acuerdo al colectivo, uno de los sectores en mayor riesgo es el de las y los jornaleros agrícolas. La producción a gran escala de hortalizas y granos en el municipio requiere de su trabajo en los campos de cultivo de empresas privadas y campos menonitas. Este grupo es altamente vulnerable pues carece de derechos laborales y no tiene a servicios médicos.  Por esta razón, es importante que las autoridades de todos los niveles de gobierno implementen medidas para reducir la probabilidad de contagio tanto en las comunidades como en las zonas de trabajo de los jornaleros. La gran movilidad de las personas a lo largo del municipio pone en riesgo a sus habitantes, y no se está tomando ninguna medida de prevención.  Ver su video 15 de abril del 2020 - Urge que las autoridades se hagan responsables de los incendios que están afectando miles de hectáreas de selva en la región y a los modos de vida de la población campesina maya de la región e indirectamente a todos y todas, denunció la  Alianza Maya por las Abejas (Kaab Nalo´on), que integra a 3,500 familias de apicultores y apicultoras de la Península de Yucatán.  Firma su petición  21 de abril del 2020 - A pesar de que la construcción del Tren Maya no es una actividad esencial durante la pandemia, el gobierno federal mexicano anunció que mantendrá las actividades relacionadas con él, denunciaron organizaciones y comunidades. Continuar con este proyecto pone en riesgo a la población involucrada en su construcción. Además, las comunidades no tienen a la información relacionada con el Tren Maya dada la suspensión de plazos de las instituciones estatales que obstaculiza el a la justicia de las personas pues, en este contexto, no pueden hacer uso de los mecanismos judiciales idóneos.      Lee su pronunciamiento 14 de mayo del 2020 - Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades federales suspender las actividades relacionadas a la construcción del Tren Maya, por poner en riesgo la salud de trabajadores y pueblos indígenas. La CNDH emitió medidas cautelares para los pueblos originarios de la Península de Yucatán, dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que, “de manera urgente”, suspenda las actividades de este proyecto. La decisión del organismo, resultó después de que pueblos indígenas y organizaciones civiles presentaran una queja ante la CDNH por violaciones al derecho a la salud, a la integridad personal y la vida, ante posibles contagios de COVID-19 en habitantes de la región y trabajadores.  Comunicado de la CNDH 16 de mayo del 2020 - La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también conocido como sistema de cenotes ante el avance del proyecto Tren Maya. Las organizaciones aludieron que el proyecto “continúa sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya” y violando su derecho al territorio y el derecho humano al agua.  Lee su comunicado    La comunidades buscan :  La implementación de un programa gubernamental para la prevención y atención de la COVID-19, que se concerte y adecue a los usos y costumbres de las comunidades mayas de Hopelchén y del resto de la Península de Yucatán.    La implementación de medidas por parte de los tres niveles de gobierno para prevenir, atender y supervisar los incendios y la deforestación registrados en la península; la creación protocolos de atención, alerta y denuncias más eficientes; sanciones a los responsables de los incendios forestales y el cambio de uso de suelo, y priorizar en sus agendas protocolos de defensa y protección de los bosques y selvas.   Suspensión de la construcción del proyecto Tren Maya y, posterior a la emergencia sanitaria, iniciar un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT, Declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas por dicho proyecto.  

Aplaudimos la exclusión de Eletrobras del fondo petrolero noruego

El Consejo de Ética que rige al mayor fondo soberano del mundo recomendó la medida debido a la participación de la empresa estatal brasileña en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte, asociado con graves violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas. El pasado 13 de mayo, el fondo petrolero noruego, considerado el mayor fondo soberano del mundo, excluyó de su cartera de inversiones a doce compañías por razones éticas, entre ellas a la brasileña Eletrobras por su participación en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte.  El fondo es gestionado por el banco público Norges Bank Investment Management, que sigue las recomendaciones que cada año hace el Consejo Ético para que las inversiones se ajusten a criterios determinados. El Consejo señaló que el proyecto Belo Monte, a cargo del consorcio Norte Energía —del cual Eletrobras es parte—, provocó “una mayor presión sobre tierras indígenas, la desintegración de las estructuras sociales de los pueblos indígenas y el deterioro de sus modos de vida” con el desplazamiento forzado de unas 20 mil personas. AIDA —como parte de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil— informó al Consejo de la situación de la población indígena y ribereña afectada por el proyecto, de los impactos sociales y ambientales del mismo, de la situación operativa de la represa y de la situación actual de las acciones judiciales nacionales e internacionales interpuestas contra el proyecto. Consideramos que la decisión del Consejo debe ser aplaudida ya que desincentiva la continuidad de proyectos no sostenibles y mal llamados de desarrollo, que amenazan la supervivencia de pueblos indígenas y tradicionales, como es el caso de Belo Monte. Creemos fundamental que los bancos, instituciones financieras internacionales y fondos monetarios tengan en cuenta los impactos probables de los proyectos que financian. Apoyar a proyectos social y ambientalmente sostenibles por encima de iniciativas que priorizan el beneficio económico y no la protección de los derechos humanos y el ambiente demuestra una inversión responsable y ética. o de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

Corte Interamericana ratifica los derechos de pueblos indígenas en Argentina

En el departamento Rivadavia de la provincia argentina de Salta, fronteriza con Bolivia y Paraguay, existen tierras habitadas por indígenas desde hace al menos 60 años. Se trata de pueblos que viven de la caza, la recolección y la pesca. La batalla de varios de esos pueblos ancestrales para que el derecho de propiedad sobre sus tierras sea reconocido por el gobierno lleva también mucho tiempo, remontándose a 1984, año que marcó el inicio del retorno a la democracia en el país tras la dictadura. La falta de reconocimiento de ese derecho ha obligado a los indígenas a cambiar por años sus formas de vida, afectadas por la interferencia de actividades ajenas a sus usos y costumbres. El asentamiento en su territorio de familias criollas, así como el pastoreo, la tala ilegal y la construcción inconsulta de alambrados y de un puente internacional han modificado su modo tradicional de alimentación y su al agua, dañando además su identidad cultural. Ante la falta de protección del Estado argentino, las comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) —agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)— llevaron su lucha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998, representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales. La Comisión emitió su informe de fondo del caso en 2012, estableciendo la violación de derechos de las comunidades indígenas y ordenando al Estado la adopción de medidas de reparación. Y, tras el incumplimiento de la disposición por parte del Estado, el caso fue derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia —hecha pública el pasado 2 de abril­— declaró al Estado argentino responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas. El fallo marca un hito importante para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos. Es la primera vez que la Corte, en un caso contencioso, analiza esos derechos en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana, ordenando medidas específicas para su restitución, incluyendo acciones para el al agua y a la alimentación, la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena. Acciones de reparación Entre otras implicaciones, la decisión de la Corte podría dar paso a soluciones a la emergencia sanitaria que aqueja a las comunidades indígenas de la Asociación Lhaka Honhat. La vulneración de sus derechos a la alimentación y al agua ha causado muertes por desnutrición y deshidratación. En ese sentido, la Corte exigió al Estado presentar en seis meses un estudio que identifique situaciones críticas de falta de a agua potable o alimentación, que formule un plan de acción para enfrentarlas y que comience su implementación. Dispuso también la creación de un fondo de desarrollo comunitario y su implementación en un plazo no mayor a cuatro años. En cuanto al territorio, el Estado deberá Territorio, en un plazo máximo de seis años: Delimitar, demarcar y otorgar un título único colectivo sin subdivisiones ni fragmentaciones para las comunidades indígenas. Trasladar a la población criolla fuera del territorio indígena a través de mecanismos específicos que promuevan, sobre todo, el traslado voluntario. Quitar de las tierras indígenas los alambrados y el ganado perteneciente a pobladores criollos. Abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos en el territorio indígena. Adicionalmente, la Corte la Corte pidió la adopción de medidas legislativas y/o de otro tipo para dar seguridad jurídica al derecho a la propiedad comunitaria indígena en Argentina. Apoyando la lucha indígena En marzo de 2019, AIDA y los otros del grupo de litigio de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Asociación Civil por Igualdad y Justicia, Amnistía Internacional, la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, FIAN International, International Women’s Rights Action Watch - Asia Pacific y Minority Rights Group International— presentamos ante la Corte un escrito legal (Amicus) para respaldar las demandas de las comunidades indígenas de la Asociación Lhaka Honhat. Los argumentos contenidos en el escrito resaltaron la importancia de reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como verdaderos derechos exigibles — al igual que otros derechos como la vida o la integridad personal— debido a su naturaleza independiente e indivisible. En ese sentido, AIDA recordó el avance importante que la Corte promovió con la Opinión Consultiva 023, que reconoce el derecho a un ambiente sano como fundamental para la vida humana. En el escrito, las organizaciones solicitamos hacer respetar los derechos a un ambiente sano, a la identidad cultural, a la alimentación y al agua de los pueblos indígenas bajo el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La decisión de la Corte establece un precedente regional importante para la protección del ambiente en el continente pues contribuye a la consolidación de estándares para proteger la tierra de comunidades indígenas, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a la cultura.   

Tendencias del Derecho Ambiental en América Latina

En el seminario —organizado por AIDA y el Tribunal Agroambiental de Bolivia—se abordó las principales tendencias de la regulación ambiental en América Latina en sus últimos años, y sus implicaciones para la comunidad jurídica, a partir de un análisis de algunas de las principales instituciones del derecho ambiental en perspectiva comparada. istasAngela Sánchez Panozo: Magistrada Presidente del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia.Arlet Escalera Guizada: Asesora Legal de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).Carlos Lozano Acosta: Abogado Sénior del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Arlet Escalera Guizada: Asesora Legal de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano: 3. Presentación de Carlos Lozano Acosta, Abogado Sénior de AIDA: 

Informes enviados a la ONU y CIDH sobre la situación de pueblos indígenas de Brasil y Colombia ante el COVID-19

Ante la crisis sanitaria mundial resultante del COVID-19, los informes buscan llamar la atención de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Interamericana de Defechos humanos acerca de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas de Brasil y de Colombia frente a la pandemia. En los informes se destaca que más allá de la baja inmunidad de esos pueblos, hay muchas prácticas de los Estados que los están poniendo en un riesgo aún mayor. Aunque en contextos normales el derecho a la salud de los pueblos indígenas ya está en peligro, su vulnerabilidad se agrava en situaciones excepcionales, como los desastres. Debido a su gravedad, los efectos de una pandemia mundial deberían ser comparables al nivel del desorden social resultante de un desastre. Así pues, ante la actual pandemia del COVID-19, el a los servicios de salud de muchas comunidades indígenas se ve dificultado aún más por el hacinamiento de los puestos de atención de salud y la restricción en el uso del transporte y las carreteras. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "los procesos pandémicos producen impactos desproporcionados en las poblaciones con mayores dificultades de a las instalaciones y tecnologías de atención de salud dentro de los países, como los pueblos indígenas". La CIDH "recordó a los Estados su deber de brindar protección especial a los pueblos indígenas y la importancia de proporcionarles información clara sobre la pandemia en su idioma tradicional, siempre que sea posible". Además, la CIDH hizo un llamado especial a los Estados "para que observen el máximo respeto al no o con los pueblos indígenas o segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados los graves efectos que la infección por COVID-19 podría tener en su supervivencia". Los indígenas brasileños están aún más expuestos al COVID-19 debido a problemas estructurales en los servicios de salud en Brasil. El desmantelamiento de la Secretaría Especial de Salud Indígena, responsable de la atención de más de 765.000 indígenas en el país, ha sido denunciado desde el año pasado por entidades indígenas. Es probable que el debilitamiento de las instituciones indígenas tenga un impacto dramático en esas poblaciones durante la pandemia. Y conforme a la información disponible del Sistema de Monitorio Territorial de La Organización NacionalIndígena de Colombia (ONIC),el 67% de los territorios indígena que reportaron información no cuenta con personal de salud, el 73% no ha recibido ningún tipo de capacitación sobre la pandemia. Ninguna comunidad reportó tener elementos de bioseguridad para el plan de contención y el 90% no cuenta con agua potable. En relación con la disponibilidad de alimentos de las comunidades indígenas para enfrentar la etapa de aislamiento, se reporta que solo el 30% de los 205 comunidades que propiciaron información, manifestaron contar con alimentos propios; el 79% de estos reportes, dan cuenta de no contar con reservas de alimento para el tiempo de aislamiento dentro de sus territorios.   informe para la ONU sobre Brasil (en inglés) informe para la ONU sobre Colombia (en español) informe para la CIDH sobre Brasil (en portugués) informe para la CIDH sobre Colombia (en español)  

Actúa: Por el agua, contras las represas destructivas

  Para María y otras mujeres de Ixquisis, el río es un lugar especial. Allí, ellas se reúnen y lavan ropa. Hablan de sus familias, de sus cosas por hacer, de sus alegrías y preocupaciones. Sin embargo, en los últimos años, la vida en la microrregión de Ixquisis, Guatemala, ha cambiado dramáticamente. Varias hidroeléctricas están siendo construidas en la cuenca, incluidas las represas Pojom II y San Andrés, ambas financiadas por el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Incluso antes de concluir, la construcción de las represas ha causado escasez de agua y la contaminación de ríos altamente apreciados. Los peces ya no abundan, las enfermedades de piel y estómago se han hecho comunes. Para empeorar la situación, la gente de Ixquisis ya no se siente segura. Debido a su oposición a las represas, las mujeres viven con miedo a represalias contra ellas mismas, sus esposos o sus hijos. Pero, a pesar de los riesgos, no están dispuestas a ser silenciadas. Las mujeres de Ixquisis necesitan tu ayuda. Firma la petición y únete al llamado de María y de las mujeres de Ixquisis para que el Banco Interamericano de Desarrollo retire su inversión de las represas que están contaminando su agua y amenazando la salud y seguridad de su comunidad.

Hoja Informativa: Mujeres mayas por la defensa de sus ríos

   Descarga la hoja informativa 

¿Por qué las mujeres son tan importantes en la búsqueda de justicia ambiental?

Columna publicada originalmente en La Silla Rota   Las mujeres han tenido un rol fundamental en la conservación y defensa del planeta. La luchas pasadas y presentes por justicia climática y ambiental y por los derechos de los animales han sido, en una proporción importante, luchas de mujeres.    Pero la estrecha relación entre las mujeres y el ambiente no escapa a las desigualdades que caracterizan a las sociedades actuales. Los contextos de pobreza, exclusión e inequidad se entrecruzan con los impactos de la devastación ambiental y la crisis climática. Y, por lo general, las mujeres los sufren de manera diferencial y agravada.   En desastres, por ejemplo, las mujeres pueden sufrir los mayores daños y las tasas de mortalidad son notablemente superiores en comparación con los hombres. Ellas, en razón a los roles que desempeñan en sus comunidades pueden desarrollar menos capacidades para responder a emergencias derivadas de catástrofes. Porque no aprendieron a nadar o a trepar árboles, porque están pendientes de sus hijos menores o de las personas mayores en la familia, o porque deben usar ropa que dificulta su movilidad para reaccionar rápidamente.   Además, por razones históricas y culturales, enfrentan barreras más fuertes para acceder a la información y participación sobre situaciones que afectan su derecho a un ambiente sano. Y tienen mayores dificultades para acceder a la justicia o a los mecanismos de reparación de daños.   Por su parte, las mujeres que desarrollan roles en el ámbito público, participando de asuntos políticos, enfrentan a menudo nuevas cargas de trabajo que, por lo general, un hombre en la misma situación no asumiría. Al mismo tiempo, enfrentan riesgos y obstáculos más intensos para desarrollar su liderazgo.    Ante este panorama, el enfoque de género —entendido como el mecanismo dirigido a garantizar la valoración integral de los impactos que cualquier acción tiene para hombres, mujeres y para quienes no se identifican dentro de estas categorías— es fundamental para hacer visibles las asimetrías, superar las barreras de discriminación y remover los escenarios de exclusión que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad.    El enfoque de género busca que tales diferencias sean incluidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de cualquier intervención a nivel, político, económico y social.    La perspectiva de género es indispensable para potenciar el liderazgo de las mujeres, que se hace cada vez más vital en la búsqueda de justicia climática y ambiental.    En efecto, el desarrollo de las teorías ecofeministas ofrece al mundo novedosas y transformadoras alternativas que reflexionan sobre las lógicas que están llevando a la destrucción de la naturaleza y los impactos que traen consigo para la vida hombres, mujeres y demás seres sentientes.    Además de ser las más afectadas, las mujeres son también sujetos activos con un papel clave en las soluciones a la crisis climática y en la preservación de la naturaleza.     

Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo

Pronunciamiento de AIDA sobre la situación en Ecuador

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente ve como positivo el diálogo iniciado entre el gobierno nacional de Ecuador y el movimiento indígena de ese país, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del conflicto desencadenado por la emisión del decreto 883 que eliminó los subsidios al diésel y la gasolina. En un contexto de emergencia climática mundial, es necesario eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y cualquier otra distorsión del mercado que promueva su continua explotación y uso. Sin embargo, ninguna medida será exitosa si no se hace en absoluta conciencia de los impactos que implica para los segmentos más vulnerables de la población, afectados directamente por el alza de los precios del transporte y de los bienes de consumo. Por tanto, la transición energética debe ser progresiva y respetuosa de los derechos humanos. Solo así caminaremos hacia una verdadera justicia climática. Medidas como las adoptadas en ese país deben además estar enmarcadas en una planificación adecuada, orientada a transitar hacia una economía baja en carbono, así como a reducir la dependencia del petróleo, la minería a gran escala y otros sectores que contribuyen a la crisis climática. AIDA resalta el compromiso de gobierno y movimiento indígena para elaborar un nuevo decreto de manera conjunta y participativa. El conflicto reciente en el país evidencia la necesidad de fortalecer el Estado plurinacional y pluricultural, donde las decisiones sean discutidas y consensuadas con los pueblos indígenas y con todos los actores nacionales. Ecuador tiene ahora la oportunidad de sentar un precedente clave a nivel mundial, diseñando políticas integrales que apoyen el cumplimiento de sus compromisos climáticos y que al mismo tiempo respeten y protejan a las personas, en especial a grupos en situación de vulnerabilidad. Esperamos que el diálogo sea exitoso y sea ejemplo de una construcción colectiva de soluciones climáticas que asegure la participación, el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y, en suma, el bienestar de las generaciones presentes y futuras. o de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107