Cambio Climático

OCCA congratula a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar la inconstitucionalidad del aumento de etanol en las gasolinas en la norma de combustibles

Ayer, 15 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el aumento de etanol en las gasolinas resulta contrario al derecho a un medio ambiente sano. Las organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) piden a la Comisión Reguladora de Energía que actúe en apego a la legalidad y a la sentencia. Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer el amparo en revisión 610/2019 declarando inconstitucional la modificación que hizo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana «NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos«, la cual, entre otras cosas, había incrementado de 5.8% a 10% el volumen permitido de etanol como oxigenante en gasolinas y aprobado medidas más laxas para la protección del medio ambiente en términos de emisiones a la atmósfera derivadas del uso de combustibles fósiles. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) se congratulan por este fallo, pues protege y sienta un precedente importante en la tutela de los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y a la calidad de vida de todas y todos los habitantes del país. Así, en la sentencia proyectada por el Ministro Pérez Dayán y resuelta este miércoles por la Segunda Sala, se determina la importancia de la aplicación del  “principio de precaución ambiental”, el cual obliga a que se lleve a cabo una evaluación con la mayor información científica posible respecto a los potenciales daños que el incremento de etanol para estos fines podría generar en el medio ambiente. La SCJN deja claro que “no puede ser una sola voz, ni una sola valoración” , la que determine la posibilidad de que en el Estado mexicano se modifiquen los porcentajes máximos de empleo de etanol como oxigenante de las gasolinas; pues ello podría tener como consecuencia el permitir daños serios e irreversibles al ambiente, al no valorarse debidamente la magnitud del problema en cuestión, lo cual precisamente, pretende evitarse mediante el principio de precaución ambiental”. Además de esta importante valoración respecto al principio de precaución, la SCJN también deja un importante precedente al establecer que en un régimen de derechos humanos no es suficiente alegar meramente beneficios económicos para no considerar los potenciales riesgos que podrían derivar en daños al medio ambiente, ni para ignorar las obligaciones estatales de reducir las llamadas emisiones de “gases invernadero” (gases contaminantes) y, por tanto, combatir el fenómeno del cambio climático, sobre todo sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía y la opinión de los expertos que aportan la mejor evidencia científica disponible. Con ello, la SCJN recuerda que el crecimiento y desarrollo económico en el Estado mexicano debe ser sustentable conforme al principio rector establecido por la propia Constitución Mexicana. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) hacen un llamado a la CRE para que actúe en consecuencia, ejecute la sentencia en pleno apego a la legalidad y contribuya con ello al respeto y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos.   Organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA): Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) – El Poder del Consumidor – Greenpeace – El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) – International Council on Clean Transportation (ICCT) – Fundación Tlaloc – Bicitekas – Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Redspira – Liga Peatonal – Red por los derechos de la Infancia (Redim) – Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. – Transita Seguro México o de prensa: Victor Quintanillla Sangueza, AIDA, [email protected]  

Fortaleciendo el llamado ciudadano a la acción climática

Cuando Cristina Briseño supo que la vigésimo quinta Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) se trasladaría de Santiago a Madrid, tuvo ganas de llorar. “Tenía mucha fe en la presión que un evento tan gigante como ese pondría sobre temas ambientales que requieren acciones urgentes en Chile”, me contó. A sus 46 años, Cristina —una ciudadana chilena que siempre tuvo la inquietud de apoyar causas ambientales— se enlistó como voluntaria para ayudar en la realización de la Cumbre Social por la Acción Climática, prevista como evento paralelo a la COP25 y que, pese al cambio de sede, se mantuvo firme. “Se perdió la oportunidad de discutir temas de vulnerabilidad ante el cambio climático en un país tan vulnerable como Chile”, dijo Ingrid Wehr, Directora de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, durante la Cumbre. Pero no todo estuvo perdido. La razón del cambio de sede de la COP25 fue el estallido social en Chile, un momento histórico donde los segmentos más vulnerables de la población se están haciendo escuchar. En ese contexto, la Cumbre Social por la Acción Climática demostró que la ciudadanía tiene mucho que decir en materia ambiental y mucho que aportar a la lucha contra la crisis climática. “Al final, uno debe seguir luchando con las herramientas que tiene”, me dijo Cristina. La Cumbre que persistió Organizada por la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) —plataforma que agrupa a más de 130 organizaciones de diversos sectores de Chile— la Cumbre tuvo lugar en el Centro Cultural Tío Lalo Parra del municipio de Cerrillos, ubicado en el sector surponiente de la ciudad de Santiago y donde se iba a celebrar la COP25 oficial. Caracterizado por una gran cantidad de terrenos baldíos y sin uso, Cerrillos tiene una apariencia desértica y terrenos erosionados. “Hacer la Cumbre allí implicó descentralizar una problemática que tiende a ser discutida en grandes ciudades o en los lugares más céntricos de las capitales”, piensa Cristina.   En sus 10 días de duración, del 2 al 11 de diciembre, la Cumbre alojó un centenar de actividades para discutir temas relacionados con la crisis climática, enfatizando la necesidad de acciones más ambiciosas para enfrentarla. Hubo de todo: conversatorios, conferencias, talleres, exposiciones artísticas, obras de teatro y actividades interactivas. Se habló de muchos temas. Mientras en una sala se debatía sobre el activismo y los conflictos socioambientales o acerca del rol de los jóvenes como agentes de cambio, en otra se explicaba en detalle los impactos de la crisis climática en el océano y las pesquerías. Ciudadanos, investigadores, activistas y representantes de comunidades reflexionaron juntos. A partir de sus experiencias, evidenciaron que la crisis social en Chile es también una crisis ambiental que bien refleja la desigualdad que azota a toda la región. “La SCAC, que nació teniendo entre sus metas principales la celebración de la Cumbre paralela a la COP25, logró algo importantísimo para el movimiento ambiental del país”, opinó Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, quien participó en un evento sobre descarbonización y transición justa de la Cumbre. “Logró la unión de los grupos ambientales, desde los más pequeños y jóvenes hasta los más grandes y consolidados. Ahora todos estamos conectados”. La voz de Latinoamérica Históricamente, las negociaciones climáticas internacionales no han respondido a las demandas de la sociedad civil de América Latina. Por ello son tan valiosos los esfuerzos para incluir el posicionamiento de la región y la voz de su ciudadanía en la discusión climática. Esa inclusión quedó plasmada en el Manifiesto Latinoamericano por el Clima, elaborado con la participación presencial y remota de cientos de personas y organizaciones a lo largo de la región, y lanzado simultáneamente en la Cumbre Social de Chile y en un evento similar organizado por la sociedad civil en Madrid. El documento es un llamado a vivir en un mundo mejor y a tomar las acciones necesarias para lograrlo bajo nueve ejes: agua, naturaleza, transición energética, nuevo modelo de desarrollo, mujeres; pueblos originarios, indígenas, étnicos y tribales, y afrodescendientes; derechos humanos y cambio climático; justicia climática; y gobernanza climática. Si algo caracterizó al 2019 fue el despertar de la conciencia global en torno a la gravedad de la crisis climática y la urgencia de enfrentarla juntos. También despertó la conciencia social y con ella las voces de los más desvalidos exigiendo justicia. Ambos despertares no son coincidencia, sino las caras de una misma moneda. El llamado de justicia social y justicia ambiental se está escuchando en todo el mundo, mostrándonos una ventana de oportunidad para cambiar las cosas. Por eso es fundamental que la acción climática tenga a los derechos humanos como elemento transversal.  

COP25: Organizaciones piden a gobiernos mejorar la calidad del aire y con ello frenar la crisis climática

En una carta abierta, organizaciones sociales y ambientales de América Latina y de todo el mundo instan a los gobiernos a limitar los contaminantes climáticos de vida corta en sus compromisos climáticos internacionales, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020. Madrid, España. Los gobiernos de los países miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) en sus nuevos compromisos climáticos. Así lo solicitaron más de 100 organizaciones de varios países en una carta abierta presentada hoy durante la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención y en el marco del Día de los Derechos Humanos. “Apuntar a la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontaminación de las ciudades”, señaló Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Estos contaminantes también son conocidos como “súper contaminantes climáticos” porque contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2). Y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. La mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial. Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Los beneficios de reducir las emisiones de los CCVC ha sido respaldada por la ciencia. El Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, resaltó que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporara a los esfuerzos la mitigación de los contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano. Asimismo, más de 11 mil científicos de todo el mundo destacaron que la pronta reducción de los CCVC reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas. “Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El plazo para la actualización vence en marzo de 2020. Por ello, las organizaciones solicitan en la carta que los gobiernos incluyan hasta esa fecha metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta —y que detallen cómo van a implementar, monitorear y reportar su progreso— en los nuevos compromisos que presenten ante Naciones Unidas. "Las soluciones necesarias para reducir y eliminar cada uno de los cuatro contaminantes climáticos de vida corta no son un misterio. Son conocidas y han sido probadas. Pero necesitamos que los gobiernos prioricen estas soluciones para poder evitar los peores impactos de cambio climático", comentó Amanda Maxwell, directora de proyectos en Latinoamérica para el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés). Además de la carta abierta, las organizaciones lanzaron una petición ciudadana en línea para que la causa sea apoyada con las firmas de personas de todo el mundo. Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, afectan de manera más grave a los grupos y segmentos más vulnerbales de la población, entre ellos niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por ello su resolución es un asunto de derechos humanos.   Lee la carta dirigida a gobiernos. Lee y firma la petición ciudadana. os de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Fabiola Nuñez, NRDC, [email protected], +1 (646) 889-1405 Renata Assumpção (Brasil), Instituto Alana, [email protected] Ricardo Ruiz (México), CEMDA, [email protected], +5215559644162  

Seis medidas para vestir nuestras acciones de justicia climática

El 2 de diciembre pasado, inició en Madrid la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una reunión vital para el planeta en la que debería aumentarse la ambición y compromisos entre tres y cinco veces más que los actuales si queremos preservar la vida como la conocemos hoy. Al momento hay más anuncios que acciones, por lo cual quiero compartir seis medidas que podrían ayudar a que avancemos hacia los resultados que el planeta necesita. El panorama no es alentador, por ello la urgencia del cambio. Cada día se evidencian mayores daños por la crisis climática, en especial para quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Según el informe de la Brecha de Emisiones de Naciones Unidas, éstas siguen subiendo y las acciones en curso no son suficientes para alcanzar las reducciones necesarias. Y en un evidente debilitamiento político y financiero, países que antes lideraron acciones climáticas hoy se retiran o se niegan cumplir los acuerdos. A esto se suman las protestas sociales, especialmente en América Latina. Gobiernos de Ecuador, Chile y Colombia declararon toques de queda en las últimas semanas para atender la grave situación en sus países, al punto que la COP25 fue movida de Santiago de Chile a Madrid. En algunas situaciones hubo abuso de la fuerza, causando varias personas muertas y cientos de otras heridas. Esto evidencia la urgencia de atender el llamado social, ver y hacernos cargo de la desigualdad, de construir soluciones y países donde quepamos todas las personas. Por ello una cosa es clara: vamos mal y hay que componer el rumbo. Necesitamos cambios profundos tanto en los sistemas de energía, transporte y alimentación como en los procesos de negociación, toma de decisión e implementación de las acciones climáticas. Esto es esencial para alcanzar lo antes posible al pico máximo de emisiones globales, reducirlas a la mitad para 2030 y llegar a cero emisiones en 2050. Indudablemente se están haciendo esfuerzos importantes con inversiones billonarias por parte de gobiernos, empresas, organizaciones y personas. Pero no es suficiente. Es esencial hacer un alto y evaluar qué está sirviendo y qué no, qué debemos seguir haciendo y qué deberíamos hacer diferente. Estas seis medidas podrían ayudar para que las acciones climáticas sean efectivas y contribuyan a lograr justicia climática: 1. Incluir, en serio, los derechos humanos como elemento transversal Aunque ha sido una petición de movimientos sociales, indígenas, campesinos y de organizaciones por décadas, hasta el momento no se cristaliza. Responder a este llamado es vital para aumentar la ambición y la responsabilidad que tanto se requieren. Si bien los Acuerdos de Cancún y de París se refieren a la importancia de respetar los derechos humanos, su implementación no ha incluido realmente esta perspectiva. Ello a pesar de que los organismos de derechos humanos han recordado a los Estados que es su obligación hacerlo, y a que científicas y científicos del IPCC resaltaran la importancia de abordar la desigualdad social y de incluir el conocimiento de las comunidades indígenas como elemento fundamental para resolver la crisis climática. 2. Participación efectiva de las personas y comunidades afectadas, como sujetos, en la planeación, discusión, decisión y monitoreo de las acciones climáticas Los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, las y los jóvenes, son de los grupos más afectados por la crisis climática. Además, las comunidades locales han protegido millones de hectáreas de bosques y otras áreas naturales, esenciales para la resiliencia climática. A pesar de ello, aún son muy reducidos los espacios de participación para estos actores y casi nulos los de decisión, en las COP y en otras instancias. Asegurar que las discusiones y decisiones sean realmente diversas es un paso esencial para incrementar la ambición y la efectividad climática. Las comunidades deben considerarse sujetos de derechos, no simplemente objetos de proyectos y acciones de protección. 3. Distribución equitativa de fondos Vivimos en medio de una inmensa desigualdad, donde la riqueza, la propiedad y los privilegios son de unos pocos, mientras las mayorías asumen los impactos negativos. La crisis climática es en parte resultado de ello. Aunque América Latina es la región más desigual del planeta, la desigualdad está subestimada, de acuerdo con la CEPAL. Por ello la distribución de recursos económicos y humanos debe atender esta realidad, asegurando que el Sur Global acceda verdaderamente a las oportunidades para participar en igualdad de condiciones hacia una verdadera justicia climática. Ello aumentaría la posibilidad de encontrar soluciones alternativas y replicar las ya en curso. 4. Rendición de cuentas de los responsables de la crisis climática Quienes están causando la crisis climática deberían responder por ésta en lugar de continuar gastando millones de dólares en su negación y en atacar a quienes buscan la rendición de cuentas y la justicia climática. Este es uno de los grandes obstáculos para avanzar y, por lo mismo, es tiempo de nombrar a los responsables y exigirles hacerse cargo, reparar el daño, en lugar de aceptar más paños de agua tibia y acciones voluntarias ineficaces. 5. Perspectiva femenina, desde el amor maternal Con esto me refiero a la necesidad de rescatar una perspectiva de colaboración, de dialogar en serio para llegar a consensos, asumiendo responsabilidades por encima de las diferencias y de la competencia. Incluyamos una perspectiva que priorice el cuidado de la Tierra, de la naturaleza y de las personas. Dejemos de poner por encima los intereses económicos y la visión de corto plazo. Enfoquemos nuestros esfuerzos en acordar cómo sí podemos alcanzar la justicia climática, saliendo de la negación y de las excusas sobre por qué no se puede. 6. Incluir los verdaderos costos de la crisis climática: sociales, económicos, ambientales y humanos Hasta el momento la mayoría de las evaluaciones económicas se ha centrado en calcular el costo de la transición a una economía de cero emisiones. Si bien hay cálculos de lo que implica no implementar la transición, éstos no son integrales, ignorando impactos sociales, ambientales y culturales. Esto es particularmente importante para regiones como América Latina, que además de sufrir pérdidas humanas y culturales, están perdiendo su riqueza natural sin siquiera conocer lo que implica. En todo caso, las y los científicos concluyen que los cambios serán más costosos entre más tiempo demoren. Esta COP25 podría ser una gran oportunidad para incorporar las anteriores y otras medidas frente a la emergencia climática. A estas alturas, insistir en lo mismo, solo cambiando de ciudad europea como sede, es un sinsentido que traerá más frustraciones y fracasos. No hacerlo será condenar a millones de personas más en el mundo a que sufran las consecuencias de la crisis climática y de soluciones inadecuadas que afectan sus derechos. La realidad es indiscutible, lo que hace impostergable poner el rostro humano a las soluciones, incluyendo los derechos humanos como eje transversal de las acciones climáticas. Si no lo hacemos, las acciones resultantes de la Conferencia de las Partes y de otras se parecerá al emperador del cuento de los Hermanos Grimm. Saldrán al desfile desnudas, luciendo con orgullo un costoso traje hecho con la ambición climática, insuficiente para lo que el planeta necesita.  En lugar de ello, podemos cubrir la acción climática con el traje de la justicia climática, uno visible, uno que debemos tejer en conjunto. Si no se hace, seguirá habiendo niñas y muchas personas más gritando que el emperador está desnudo. El problema es que ya no tendremos mucho tiempo más para remediarlo.  

Zonas de Sacrificio: La injusticia de vivir en un ambiente que no está sano

En Chile, 40% de la energía que se produce y consume proviene de la quema de carbón. Esa enorme cantidad de energía la generan apenas 28 plantas termoeléctricas, concentradas en cinco localidades a lo largo del país. Son las llamadas Zonas de Sacrificio, cuyos habitantes han sido sometidos a vivir inmersos en medio de la contaminación, con su salud dañada, niños con problemas de aprendizaje y mares envenenados. El grave perjuicio que implica habitar una de estas zonas ha sido documentado ampliamente. Uno de los esfuerzos más recientes en ese sentido es un informe que la ONG Chile Sustentable encargó a la Universidad Católica de Chile, el cual evidencia que vivir en una Zona de Sacrificio se traduce en mayores riesgos de enfermar y de morir prematuramente. El estallido social que el país vive actualmente representa una oportunidad histórica de transformación. Empujado por la voz de su gente y teniendo a su cargo la Presidencia de las negociaciones climáticas internacionales, Chile puede liderar un cambio estructural de redistribución de cargas y beneficios, tanto sociales como ambientales, que lo lleve a ser un país más limpio y más justo. El camino hacia la descarbonización En junio y tras un año de discusiones con la industria y otros actores interesados, el Presidente Sebastián Piñera anunció un esperado cronograma de descarbonización. Fruto de un acuerdo, la industria se comprometió a cerrar todas sus plantas a carbón antes del 2040. Por positiva que parezca, al analizar a fondo la propuesta, es posible concluir que no es suficiente para lograr la justicia que tanto merecen las personas afectadas por la quema de carbón. El cronograma establece fechas específicas para el cierre de las ocho plantas más antiguas al 2024, pero no da fechas ni detalles sobre el cierre efectivo de las 20 plantas restantes, dejándolo a la merced de la buena voluntad de las próximas istraciones. En esos términos, no hay forma de garantizar que el plan vaya a ejecutarse realmente. Además, esperar 20 años tampoco parece un trato aceptable para quienes ya han cargado demasiado y por demasiado tiempo, ni para el equilibrio climático del planeta, que no esperará tanto antes de colapsar. Otra crítica que recibió la propuesta del gobierno es que poco después de ser anunciada, la empresa Engie inauguró una nueva central eléctrica de carbón en Mejillones, Zona de Sacrifico ubicada al norte del país. La nueva planta tiene más del doble de la capacidad operativa de las dos termoeléctricas de Tocopilla que la misma empresa habría cerrado tras la firma del plan de descarbonización. Pero no todo son malas noticias. Un mes antes de que estallaran las protestas sociales en Chile, el gobierno dio señales de una meta de descarbonización más ambiciosa. En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que solicita al Presidente adelantar en diez años, al 2030, el cierre de las termoeléctricas a carbón. La solicitud se basa en un estudio encargado por la ONG Chile Sustentable a la consultora Kas Ingenieros. La investigación evidencia la factibilidad técnica y económica de alcanzar la meta de descarbonización al 2030. La crisis social en el país estalló en plena búsqueda de un acuerdo vinculante para concretar ese avance.   El estallido social en Chile Chile vive hoy un momento histórico. El descontento social —generado por las injusticias, la desigualdad y la falta de equidad que los segmentos más vulnerables de la población han soportado por años— desencadenó múltiples protestas que aún no amainan en intensidad. Lo que pasa en Chile es un espejo de lo podría ocurrir en muchos países del mundo, sobre todo en América Latina. El pasto en muchos lugares está seco y cualquier chispa podría encender la movilización social, destapando ollas que por años han acumulado descontento y presión. Las cifras muestran que el país ha crecido y que hay menos pobreza, pero ni los beneficios ni las cargas se han repartido equitativamente. Las autoridades han fallado. La confianza se está acabando y la desilusión aumenta. Las Zonas de Sacrificio son un ejemplo muy claro del problema estructural que aqueja a la sociedad: ciertas comunidades cargan con los costos y no disfrutan de los beneficios, situación que es inaceptable en estos tiempos. Un nuevo rumbo es posible Los incendios, las inundaciones y otros eventos extremos que provocan daños cuantiosos en la vida de las personas muestran que la naturaleza no dejará de protestar hasta que la respetemos. La sociedad también está pidiendo lo suyo, y con una urgencia que ha ganado la atención de los tomadores de decisión. Cambios que parecían imposibles ciertamente ya no lo son. No es que las demandas sociales sean más importantes que las ambientales o viceversa. Las demandas ambientales son también demandas sociales. Aunque la crisis climática y la contaminación nos afectan a todos, el daño es mucho mayor para las personas más vulnerables. Los cambios en favor de nuestro planeta pueden y deben hacerse con un enfoque de justicia social y en armonía con la naturaleza.   En el caso de Chile, la descarbonización —y con ella el fin de las Zonas de Sacrificio— es el cambio que nos llevará a ser un mejor país. Porque una de las más grandes injusticias es tener que vivir en un ambiente que no está sano.  

Eventos paralelos: AIDA en la COP25

Por un aire limpio: La descontaminación, un compromiso climático

Existen ciertos contaminantes que, además de contribuir de manera importante al calentamiento del planeta, son causa principal de la mala calidad del aire que afecta a muchas de las ciudades de América Latina. Uno de ellos es el carbono negro, generado principalmente por la quema de leña para calefacción y cocina y por el transporte que usa diésel. Ante la actual crisis climática y social que vivimos, es urgente que los países de la región incluyan, en sus nuevos compromisos climáticos, metas ambiciosas para reducir las emisiones de carbono negro y de los otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Esos compromisos deben ser actualizados en el marco de la COP25 este diciembre. Los CCVC se llaman así porque permanecen apenas unos días o décadas en la atmósfera. Esto significa que su reducción implica mejoras en el corto plazo en cuanto a la descontaminación de nuestras ciudades y la lucha contra la crisis climática. En este seminario, el último de una serie de tres, abordamos el problema de la mala calidad del aire y su relación con las negociaciones climáticas. Expertos en la materia hablaron de los daños de la contaminación atmosférica, sobre todo para segmentos vulnerables; los avances hacia las soluciones en el contexto de los compromisos climáticos de países de la región; y del rol de los movimientos ciudadanos frente a la emergencia climática. istasJavier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): La descontaminación del aire en el marco de las negociaciones climáticas.Juan Pablo Amaral y Thaís Dantas, Instituto Alana (Brasil): Aire y clima en relación con la niñez.Anaid Velasco, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA): Política energética y de movilidad en los compromisos climáticos de México.Patricia Araya, ONG FIMA y Sociedad Civil por la Acción Climática (Chile): Movimientos ciudadanos por el clima. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Juan Pablo Amaral y Thaís Dantas, Instituto Alana (Brasil): 3. Presentación de Anaid Velasco, Centro Mexicano de Derecho Ambiental: 4. Presentación de Patricia Araya, ONG FIMA y Sociedad Civil por la Acción Climática (Chile): 

Resumen de la 24ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Noviembre de 2019Del 12 al 14 de noviembre de 2019, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) sostuvo su 24ª reunión en Sondo, Corea.Los puntos clave de esta reunión fueron la consideración de 14 nuevas propuestas de financiamiento por un valor de USD $484.6 millones y la acreditación de siete entidades. También se consideró el Plan Estratégico del Fondo para 2020-2023 y la adopción de la Política y Plan de Acción de Género actualizados.Además, el Fondo recibió USD $9.700 millones de 27 países contribuyentes. Ese dinero será utilizado durante los próximos cuatro años.Consulta y descarga el resumen 

Defendiendo mi lugar en la lucha por el clima

Empecé en AIDA siendo una estudiante de Derecho que exploraba las posibilidades de trabajar usando el Derecho Ambiental. Cuatro años después, soy la abogada más joven del equipo legal de la organización, apoyando los esfuerzos del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera. El mes pasado, participé de la reunión preparatoria de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo lugar en Costa Rica. Fue mi primera experiencia en un evento de ese tipo. Siempre digo que la parte favorita de mi trabajo es estar rodeada de muchas mujeres jóvenes, poderosas y ejemplares. Sus enseñanzas han cimentado mi camino. Pero fue en la PreCOP25 cuando realmente sentí la fuerza femenina y la de las generaciones más jóvenes, unidas para exigir nuestro lugar en la mesa de discusión sobre las soluciones ante la crisis climática. En los últimos meses, hemos visto el apogeo de movimientos mundiales y regionales de jóvenes indignados por lo que consideran la inacción de gobiernos para frenar el calentamiento del planeta. En su mayoría, estos movimientos han sido liderados por mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas. La reunión climática de Costa Rica no fue la excepción y reflejó el cambio generacional que estamos viviendo. En ese foro, jóvenes de diferentes segmentos, profesiones y aspiraciones hicimos nuestro reclamo y buscamos ser escuchados. Nos unía un propósito común: garantizar un futuro y ser mejores que las generaciones actuales en cumplir esa meta. Los mileniales (grupo generacional al que pertenezco) —personas nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo veinte— y los centeniales (grupo generacional al que pertenece mi hermana de 13 años) —­­jóvenes que nacieron alrededor del nuevo siglo— somos quienes tendremos que vivir con las consecuencias de la inacción política frente a la emergencia climática. Es nuestro futuro el que está en juego. Además, las mujeres somos un grupo especialmente vulnerable a la degradación ambiental debido al rol especial que jugamos en el cuidado de los recursos naturales y de las personas que nos rodean. Por eso es una buena noticia que nos estemos levantando y exigiendo acciones claras, concretas y, sobre todo, urgentes. Esta PreCOP fue una oportunidad de mucho aprendizaje y crecimiento. Me sentí identificada con el énfasis que el gobierno de Costa Rica dio en la agenda del evento a la protección del océano y a las soluciones basadas en la naturaleza. Fue también un espacio de mucha inspiración al ver que cada vez somos más mujeres jóvenes tomando el timón de las acciones decididas y ambiciosas que la crisis ambiental y social del mundo nos exige adoptar.  

Pronunciamiento ante la suspensión de la COP25 en Chile

Lamentamos la decisión del gobierno chileno de cancelar la realización de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista para diciembre en Santiago. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro apoyo al pueblo chileno ante la difícil situación que vive, la cual no garantiza la seguridad y por ende la participación que un evento de tal magnitud requiere. Hacemos un llamado especial al Estado chileno para que el proceso de cambio que vive el país se desarrolle respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas. El abuso de la fuerza pública es inaceptable, sobre todo en un proceso que busca reparar las heridas sociales que empañan nuestras sociedades. El gobierno chileno debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Exhortamos también al Estado y al sector privado a dar pasos firmes hacia la transformación de Chile en un país con mayor justicia social, ambiental y climática; y a ser ejemplo para América Latina, región donde la desigualdad e injusticia solo se intensifican con los años. Bajo la crisis social en Chile, subyace una crisis ambiental gravísima que hace tiempo corroe la equidad y que es parte de la chispa que encendió el descontento social. Dos muestras de esa realidad inisible son las zonas de sacrificio, donde las termoeléctricas a carbón han condenado a familias a sufrir gran parte de la contaminación atmósferica del país, enfermando y viendo truncado su desarrollo; y la privatización del agua, que implica que Chile no reconozca el al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, ni que priorice su uso para consumo humano y para el mantenimiento de ecosistemas. Problemas similares ocurren en otros países de la región. Esperamos que Chile continúe en su rol de Presidente de la COP, empujando con más fuerza que nunca compromisos climáticos ambiciosos, que nos ayudarán a mantener el calentamiento del planeta bajo control, mientras cumplimos con los objetivos del Acuerdo de París. Las experiencias del último mes evidencian claramente que, ante las crisis, los cambios deben venir desde la gente, protegiendo y favoreciendo a los segmentos más vulnerables —entre ellos los más pobres y los pueblos indígenas y comunidades rurales que pueden también contribuir a las soluciones— y que son los que más han sufrido las injusticias sociales y ambientales. Los esfuerzos de Chile y del mundo para combatir la crisis climática deben asegurar una transición energética justa, participativa y respetuosa de los derechos humanos. Chile tiene hoy la oportunidad de hacer historia, incluyendo la protección ambiental y la justicia climática como pilares en la construcción de un futuro más limpio, más justo y en equidad. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a esta señal de apoyo a la sociedad chilena. O DE PRENSA: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107