Prensa
Sociedad civil llama al gobierno a proteger los arrecifes del Golfo de México
Debido a su proximidad con las obras de ampliación del Puerto de Veracruz, tanto los arrecifes que forman parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) como los recientemente descubiertos, están en riesgo de ser dañados de manera irreversible. Veracruz, México. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en materia de biodiversidad y ecosistemas marinos, urgieron al gobierno a proteger los arrecifes coralinos de Veracruz, tanto los que se encuentran dentro del polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), como los recientemente hallados, ya que debido a su cercanía con las obras de ampliación del Puerto de Veracruz, pueden sufrir daños irreversibles. Con ocasión de la visita a México del barco de la organización ambiental Greenpeace, el Rainbow Warrior –que se encuentra atracado en el Puerto de Veracruz hasta el 2 de enero-, los defensores ambientales reiteraron el llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que revoque la Autorización de Impacto Ambiental otorgada a la istración Portuaria de Veracruz (APIVER) para llevar a cabo obras de ampliación del Puerto. En conferencia de prensa, académicos de la Universidad Veracruzana confirmaron el relevante hallazgo de nuevos arrecifes coralinos no emergidos, ubicados dentro y fuera de la poligonal del PNSAV, una muy buena noticia en términos del alto valor ambiental, económico, social y cultural que tienen. Como se sabe, los arrecifes constituyen una barrera natural contra el impacto de huracanes y tormentas; son banco de alimento que detona la reproducción de la biodiversidad y, por ende, la actividad pesquera. Asimismo, representan un atractivo para turistas y buzos de todo el mundo. Cabe recordar que hace apenas unos días México fue la sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP13) que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, donde el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reiteró el compromiso internacional de México de defender los ecosistemas y anunció la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANPs) Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, señaló que “es urgente reconocer y proteger este nuevo arrecife. El PNSAV es un ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros santuarios marinos y la urgente necesidad de que existan programas de manejo efectivos y aplicables para las Áreas Naturales Protegidas (ANP), como la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano recientemente decretada; es urgente la verdadera protección de los ecosistemas para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.” El Doctor Leonardo Ortiz, biólogo e investigador de la Universidad Veracruzana, señaló al respecto que el hallazgo de arrecifes coralinos no descritos dentro y fuera del Parque Nacional, demuestra que todas las costas veracruzanas se ven beneficiadas con la presencia de un Corredor Ecológico que recorre más de 800 km del litoral del suroeste del Golfo de México. Enfatizó que es necesario proteger todos estos arrecifes para garantizar el bienestar de la población que habita estas costas. También destacaron que la salud de estos arrecifes está comprometida pues han sido impactados negativamente por la actividad humana. Horacio Pérez España, Investigador y Académico de la Universidad Veracruzana, explicó que: “Desde la década de 1960 a 2000 los arrecifes del PNSAV perdieron más del 50% de cobertura de corales, cambiando de un valor aproximado de 50-60% a un 19-22%. Además, en los últimos diez años, las enfermedades en los corales se han incrementado en más de 400%, lo cual es un indicador de un nivel de estrés muy elevado, que podría ocasionar su muerte”. A fin de detener el deterioro del Parque y modificar la ejecución del proyecto de ampliación del Puerto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ha emprendido un par de litigios. Francisco Xavier Martínez Esponda, Director Técnico operativo de CEMDA, refirió que “los arrecifes son fuente de vida y por ello hemos investigado y documentado la situación del PNSAV, así como la deficiente istración realizada hasta ahora para este sitio por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como la afectación que provocará el proyecto autorizado para la ampliación del Puerto. Hemos emprendido acciones legales para contribuir a la conservación del PNSAV, sin que hasta el momento los jueces federales hayan reconocido el interés legítimo que poseen los habitantes de la ciudad para acudir a la defensa de un sitio que les es vital para su buen vivir. En el marco de los compromisos asumidos por México en la COP13 y recordando la estrecha relación que hay entre el derecho humano al medio ambiente sano y la biodiversidad, pedimos atentamente a nuestras autoridades proteger bajo el estándar más alto de protección al PNSAV". Finalmente, Aída Navarro, asesora de Comunicación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que “la modificación de los límites del PNSAV vulnera las obligaciones internacionales de México para preservar ese sitio, entre ellas las asumidas bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica”. Enfatizó además que si la Semarnat retira el permiso otorgado para la ampliación del Puerto, puede obtener apoyo técnico y financiamiento internacional para preservar el área protegida, para lo cual se deberá además incluir al sitio en el Registro Montreaux, mecanismo contemplado por la Convención Ramsar para proteger de manera prioritaria humedales amenazados gravemente. El Sistema Arrecifal Veracruzano encaja muy bien en este perfil.
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Banco Mundial retira inversión de la empresa Eco Oro Minerals y su proyecto minero en el páramo de Santurbán
En un avance importante para la protección de los páramos, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, toma la decisión positiva de retirar su inversión de la empresa minera canadiense Eco Oro Minerals, cuyo proyecto minero de oro Angostura está ubicado en el páramo de Santurbán, entorno natural que abastece de agua a millones de personas en Colombia. Bogotá, Washington, Ottawa, Amsterdam. La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, decidió retirar su inversión en la empresa canadiense Eco Oro Minerals. El proyecto minero Angostura, a cargo de Eco Oro, está ubicado en el páramo de Santurbán, Colombia, un ecosistema de alta montaña que provee de agua a millones de personas en el país. La legislación colombiana prohíbe la minería en páramos. “Aplaudimos esta decisión del Banco, que le da la razón al Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán sobre la inviabilidad de la minería en el páramo”, sostuvo Alix Mancilla, representante del Comité. “Ahora pedimos al gobierno colombiano que se abstenga de otorgar licencias ambientales a cualquier proyecto minero que afecte a Santurbán”. “El retiro de la inversión por parte de la CFI es un duro golpe político y financiero para la minería en el páramo de Santurbán”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El gobierno colombiano debe reflexionar sobre su actitud permisiva hacia la minería a gran escala en páramos, que es ilegal”. La CFI toma su decisión tras la publicación de un informe de la Oficina del Asesor en Cumplimiento del Banco Mundial (CAO, por sus siglas en inglés), un mecanismo independiente de quejas, en el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contrariando las políticas internas de la institución financiera. En 2012, el Comité, con asesoría de las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado, presentó ante la CAO la queja que dio origen al informe en mención. "Después de una intensa presión pública, la CFI por fin escuchó el mensaje y al retirar la inversión, lo amplifica. La decisión de retirarse fortalece el derecho del Estado colombiano para legislar sobre el interés público y proteger su agua. Aplaudimos esta decisión de la CFI, la cual tendrá repercusiones para todos los colombianos", declaró Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL). La decisión de la CFI también sucede en el contexto del anuncio de la empresa Eco Oro, quien ha iniciado una demanda de arbitraje contra el gobierno de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial. La medida se habría presentado por las decisiones adoptadas por el Estado para proteger sus páramos. “El interés de Eco Oro Minerals en Colombia ya no es la mina, sino extorsionar a un Estado soberano por millones de dólares y presionar para debilitar las protecciones para el agua colombiana. Con el retiro, la CFI no solo libera al Banco Mundial de un claro conflicto de interés, sino que también resalta la existencia de proyectos mineros desacertados en el páramo colombiano, así como la ilegitimidad de esta demanda", agregó García Zendejas. os de prensa: Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canada, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272
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Respaldo internacional a la creación de grupo de expertos para investigar el asesinato de Berta Cáceres en Honduras
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento apoyamos la creación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que surge para colaborar en la investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato contra el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto. Desde que Berta, lideresa y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue brutalmente asesinada el 2 de marzo de 2016, hemos acompañado la demanda de su familia, del COPINH y de la sociedad hondureña por conocer la verdad y porque haya justicia. En ocasiones anteriores, hemos hecho llamados al Estado hondureño para que realice una investigación independiente y exhaustiva que asegure la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales. En este sentido, preocupa que, pese a las numerosas solicitudes de actores nacionales e internacionales, las autoridades han guardado silencio y hasta la fecha continúan impidiendo la participación plena de los familiares y víctimas. Asimismo, preocupa que las investigaciones actuales no sugieren claridad sobre la autoría intelectual ni sobre los diferentes niveles de participación de quienes están imputados. Ante este panorama, la participación del GAIPE, conformado por profesionales expertos e independientes, constituye una iniciativa importante que permitiría hacer una lectura objetiva del proceso y apoyar para lograr una mayor rigurosidad en las investigaciones, de conformidad con los estándares internacionales. Cabe recordar que la participación de expertos y expertas internacionales en procesos internos ha sido clave para impulsar cambios estructurales en diversos países, en este sentido, se puede citar como experiencia reciente el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en México. En el caso de Honduras, las organizaciones esperamos que este equipo pueda brindar recomendaciones, entre otras cosas, para superar las causas que promueven la impunidad en los delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos. También solicitamos garantizar las medidas de seguridad para que tanto integrantes como colaboradores del GAIPE, puedan desarrollar sus actividades sin injerencias indebidas. Finalmente, exhortamos a las autoridades a dar a la investigación en curso así como aprovechar esta oportunidad de colaboración y mantener una actitud receptiva y transparente que brinde legitimidad al proceso y devuelva la confianza a las víctimas y a la sociedad hondureña, así como a la comunidad internacional.
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HOY, más que nunca, necesitamos seguir trabajando por la justicia y la protección del planeta
Quienes trabajamos para proteger nuestro planeta, para mejorar el ambiente en el que vivimos, para preservar nuestras fuentes de agua, y para concretar acciones que contrarresten efectivamente el cambio climático, estamos convencidos que ante los resultados de las elecciones en Estados Unidos, nuestro trabajo es más necesario que nunca. Es igual de esencial el involucramiento de cada uno de ustedes para lograr la justicia ambiental. Hoy, especialmente, reiteramos nuestro compromiso con la justicia, con el ambiente y con los derechos humanos. Cada una de las personas que trabajamos en AIDA estamos comprometidas con hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Estamos conscientes que la tarea es dura. Tenemos la responsabilidad histórica de mostrar que podemos encontrar soluciones pacíficas que aseguren un futuro promisorio para las generaciones presentes y futuras. Trabajar juntos es HOY un imperativo. Es necesario que todos reaccionemos al unísono, nos involucremos y colaboremos para construir la esperanza y el camino hacia un futuro pacífico, próspero, respetuoso y tolerante; un futuro en el que las y los guardianes de la naturaleza sigan cumpliendo esa tarea, conservando su cultura y sus modos de vida. ¡Agradecemos el apoyo y la solidaridad de cada uno de ustedes, algo que nos llena de energía para juntos seguir adelante!
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Sociedad civil pide en sede del Banco Mundial el retiro de la inversión a un proyecto minero en Colombia
Organizaciones de la sociedad civil harán su solicitud ante funcionarios del organismo financiero, y discutirán la situación del páramo de Santurbán y sus defensores con representantes del Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Argumentarán que la Corporación Financiera Internacional (CFI) invirtió en una mina de oro sin tener en cuenta los impactos ambientales de la misma y desconociendo así sus propios estándares. La mina pone en peligro un ecosistema esencial para el agua de millones de personas. Washington D.C., Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil estarán en la sede del Grupo del Banco Mundial para pedir que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), brazo para el sector privado de ese grupo, retire su inversión del proyecto minero Angostura, propuesto en el páramo de Santurbán, ecosistema de alta montaña ubicado a gran altura que abastece a más de dos millones de personas en Colombia. Una investigación independiente de la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO), el Ombudsman del Banco Mundial, concluyó que al momento de invertir, la IFC no tomó en cuenta los potenciales impactos ambientales del proyecto, incumpliendo sus políticas internas. A fin de realizar su solicitud, las organizaciones se reunirán con funcionarios de la IFC. También dialogarán con representantes del Congreso y del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el estado del páramo y los riesgos para sus defensores. Se trata de la Plataforma Cívica “Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán”, apoyada por el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) y MiningWatch Canadá. La investigación realizada por la CAO derivó de una queja presentada por el Comité y apoyada por las ONG internacionales. La visita tiene lugar luego de que la empresa Eco Oro anunció que demandará al Estado colombiano ante un tribunal internacional de arbitramento, por la sentencia de la Corte Constitucional que reafirmó la prohibición de minería en páramos. La petición a la IFC para que retire su inversión está respaldada por una petición lanzada vía internet y con miles firmas de personas de todo el continente americano, que serán entregadas durante la reunión. os de prensa Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canadá, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272
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Perú inicia diagnósticos a personas afectadas por contaminación tóxica en La Oroya
En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios. La Oroya, Perú. El 14 y 15 de octubre pasados, comenzaron a realizarse en el centro médico de la ciudad mediciones de concentración de metales pesados en sangre y orina y evaluaciones médicas al grupo adicional de personas afectadas por la contaminación proveniente del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ello ocurrió cinco meses despues de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara tales acciones al Estado peruano mediante la ampliación de la medida de protección otorgada originalmente en 2007, con la cual el número de beneficiarios subió de 65 a 79. El 3 de mayo, la Comisión pidió que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 14 beneficiarios adicionales[1], “realizando las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cio y arsénico en la sangre, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables a la materia.” Cinco meses después de la solicitud y ante la insistencia y reclamos de las organizaciones que representamos a los beneficiarios, finalmente se realizaron en el Centro de Salud de La Oroya las mediciones de metales pesados a siete de los nuevos beneficiarios. También se les hicieron evaluaciones médicas en las especialidades de nutrición, odontología, psicología, medicina interna, neumología y gastroenterología. Para ello, los médicos de las tres últimas especialidades llegaron a La Oroya desde Lima y Huancayo. Los resultados deberán ser procesados por el Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y entregados a los beneficiarios en un plazo no mayor a 45 días. El Ministerio de Salud se comprometió a gestionar que aquellos beneficiarios que, según el diagnóstico, requieran tratamiento médico, sean atendidos por médicos especialistas en Huancayo y/o Lima, pues el Centro de Salud de La Oroya no tiene el personal para hacerlo. También comprometió una nueva fecha para la medición y evaluación médica de aquellos beneficiarios que no pudieron ser atendidos. Desde las organizaciones que representamos a las víctimas esperamos que éste sea un primer paso hacia el cumplimiento pleno de las medidas de protección solicitadas por la Comisión, el cual se exprese no solo en un diagnóstico, sino también en tratamientos médicos especializados y seguimiento adecuado al estado de salud de cada uno de los beneficiarios, aquellos de la medida inicial otorgada en 2007, cuya protección continúa vigente, y los incluidos en la ampliación otorgada este año. “Pese a que las medidas cautelares fueron emitidas originalmente por la CIDH hace casi 10 años —solicitando una serie de acciones urgentes para la protección de la salud— éstas todavía no han sido implementadas en su totalidad. Ello implica que por años los problemas de salud de los beneficiarios no han sido debidamente atendidos”, señaló Christian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Asimismo, el Estado debe atender con urgencia la situación de los servicios de salud en La Oroya, cuyo centro de salud está en crisis al funcionar en un lugar que ha sido declarado inhabitable por el Instituto Nacional de Defensa Civil y tener solo cinco médicos para la población de La Oroya y la de toda la Provincia de Yauli. “En La Oroya existen problemas estructurales en materia de salud y ambiente que deben ser resueltos con urgencia. Es necesario que la CIDH emita pronto el Informe de Fondo del caso que sobre esta situación fue presentando ante dicha instancia hace casi 10 años. Son 10 años de espera para las víctimas que buscan justicia ante la violación de sus derechos humanos. Si existe un verdadero compromiso del Estado con la población de La Oroya, éste se podrá evaluar en el cumplimiento pleno de las eventuales recomendaciones que emita la CIDH en ese informe”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). [1] Uno de los nuevos beneficiarios falleció por causas ajenas al objeto de la medida de protección de la CIDH. os de prensa: María José Veramendi Villa, AIDA, [email protected], +51 954114393 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959789232
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Nuevo estudio confirma que las grandes represas son una fuente principal de los gases causantes del cambio climático
Investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producido por la humanidad. El hallazgo ratifica una vez más que las represas no son energía limpia y afectan el clima. Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera. De acuerdo con el estudio, los gases contaminantes provienen de la descomposición de la materia orgánica que es inundada por los embalses artificiales de agua. La contaminación generada es de gran magnitud. Los embalses generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano, señala la investigación. “En toda América, gobiernos están impulsando la construcción de cientos de grandes represas, sobretodo para producir energía, argumentando que ayudan a mitigar el cambio climático al ser fuentes limpias”, explicó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es cada vez más claro que las grandes represas, más que una solución, son un problema. Los líderes del mundo deben con urgencia empezar a planificar e implementar soluciones energéticas alternativas a fin de conseguir un avance real en la lucha contra el cambio climático”. Junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, AIDA, Amazon Watch e International Rivers hemos insistido por años que la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos —como la represa Belo Monte en Brasil— causan daños serios al ambiente, el clima, y a los derechos de las comunidades afectadas. “Las grandes represas son uno de los causas más importantes de la destrucción ambiental en la Amazonía”, dice Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch. “Además de emitir metano, destruyen la biodiversidad y los bosques ancestrales de miles de comunidades indígenas y tradicionales que han vivido por siglos de los ecosistemas ribereños. Es imprescindible calcular los costos reales de las grandes represas para entender todos sus impactos y no generar más daños que beneficios”. Como organizaciones trabajando en la promoción de soluciones reales al cambio climático, estamos dispuestas a compartir evidencia científica sobre los daños de las grandes represas con gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras, para contribuir al cambio energético que todos necesitamos. “Los nuevos hallazgos tumban el mito de las hidroeléctricas como fuente limpia de electricidad y ponen de relieve porqué las grandes represas deben ser excluidas de los mecanismos de financiamiento climático”, dijo Kate Horner, directora ejecutiva de International Rivers. Los hallazgos de este nuevo estudio deben ser considerados en los inventarios de emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático, y en la ejecución de programas y planes orientados a resolver nuestras necesidades energéticas. Para más información consulte: Estudio de la Universidad del Estado de Washington (inglés). Comunicado de la Universidad del Estado de Washington sobre el estudio (en inglés). Video corto de Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA, con una breve explicación de la investigación y su importancia. 10 razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos (manifiesto). Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático. os de prensa: Astrid Puentes Riaño, Codirectora de AIDA, [email protected], +521 5523016639 Moira Birss, Responsable de Comunicaciones, Amazon Watch, [email protected], 510 394 2041 Sarah Bardeen, Directora de Comunicaciones, International Rivers, [email protected], 510 219 5704
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El Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos
El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28). Ciudad de México, México. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos. Los testimonios que escucharon durante su visita el Sr. Pavel Sulyandziga y el Sr. Dante Pesce, expertos del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros. En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur. En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos. En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el efectivo a la justicia. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU. En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos, la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras. El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales. La coalición de organizaciones y movimientos sociales consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Desde sociedad civil exhortamos al Estado a: Informar sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor. Informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones. A las empresas a: Comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo. Organizaciones firmantes en orden alfabético: Alianza de la Costa Verde Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro Fray Jualián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales Comités de Cuenca Río Sonora Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
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Mecanismo del Banco Mundial alerta sobre riesgos de proyecto minero en Santurbán
La Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman concluyó que la Corporación Financiera Internacional no previó impactos ambientales de la mina Angostura y aún así invirtió, desconociendo sus políticas internas. Washington/Ottawa/Bogotá/Ámsterdam. La Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), advirtió que esa institución incumplió estándares del Grupo del Banco Mundial, del que es parte, al invertir en el proyecto minero Angostura en el páramo de Santurbán, Colombia. Entre las pautas incumplidas está la evaluación de los impactos potenciales de la mina en la biodiversidad del lugar. Así lo establece la CAO en su informe final resultado del procedimiento de queja iniciado contra la inversión. Por ello la CFI debería retirar su inversión. La queja fue presentada por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, con el apoyo del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y MiningWatch Canadá. La CFI es el brazo financiero para el sector privado del Grupo del Banco Mundial. “La biodiversidad existente en Santurbán es crítica para la provisión de agua. Por tanto, cualquier amenaza sobre la misma afecta el suministro del líquido en el área metropolitana de Bucaramanga”, sostuvo Alix Mancilla, del Comité de Santurbán. Según el informe, la CFI falló también en su obligación de asegurar la evaluación de los impactos de la totalidad del proyecto minero, pues se concentró solo en aquellos de la etapa de exploración. Lo hizo pese a que, para justificar su inversión, manifestó que todo el proyecto era viable, incluyendo la explotación de la mina. En el informe, la CAO señaló que la posibilidad de que la etapa de exploración cumpliera con los estándares era “incierta y potencialmente compleja”. El mecanismo independiente dio cuenta además que "uno de los propósitos declarados de la inversión de la CFI era desarrollar los informes necesarios para determinar si el proyecto podría cumplir con los estándares” de la propia institución. Ello incluía la realización de un estudio de los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como la evaluación de la biodiversidad y el hábitat crítico del lugar del proyecto, aspectos que Eco Oro Minerals, empresa canadiense a cargo de la mina, no hizo. A pesar de ello, "la CFI no ha procurado remediación, pero ha realizado posteriores inversiones en la compañía", menciona la CAO. "Si el propósito de la inversión era evaluar la viabilidad del proyecto, no hay razón que justifique la falta de estudios necesarios para dicha valoración. No es posible dar luz verde a un proyecto en una región tan crítica para los habitantes de Santurbán sin valorar sus consecuencias reales", declaró Carla García Zendejas, de CIEL. En su respuesta al informe, la CFI no reconoce culpa ni se compromete a hacerle frente a los hallazgos de la CAO. Al contrario, reitera su justificación para invertir en el proyecto, indicando que la mina traerá empleo y ganancias. “Es muy grave que pese a las fallas en la evaluación de los riesgos, la CFI haya seguido invirtiendo en el proyecto minero Angostura”, agregó Kris Genovese, de SOMO. "Una vez más, es decepcionante, pero no sorprendente, la falta de respuesta de la CFI ante el fallo de la CAO". Por su lado, Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, dijo que “el proyecto es ilegal, por eso la licencia fue negada en 2011 y la Corte Constitucional ratificó la prohibición de minería en páramos. Nos preocupa también que la CFI invirtió en una empresa cuyo proyecto desde el comienzo era inviable y que demandó internacionalmente al Estado colombiano, que es parte del Banco Mundial.” De acuerdo con el informe de la CAO, la CFI tiene una política explícita para invertir en empresas mineras junior con poca capacidad socioambiental y en países donde existe poca regulación en estos términos. “Es hora que la CFI retire su inversión de Eco Oro y deje de estimular las inversiones en empresas mineras junior, tal como ha venido haciendo en Colombia y otros países, sabiendo los serios daños socioambientales que esto implica y el contexto de impunidad en que operan las empresas”, sostuvo Jen Moore, de MiningWatch. “Las comunidades afectadas por la mina seguiremos desafiando el proyecto y usaremos todos los medios legales a nuestra disposición para frenarlo”, afirmó Elizabeth Martinez, del Comité de Santurbán. La Corte Constitucional de Colombia estudia una acción de tutela interpuesta por el Comité de Santurbán y elaborada por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez sobre la falta de participación ciudadana en la delimitación del páramo de Santurbán. La acción será resuelta próximamente. Ante el incumplimiento de sus propios estándares y los resultados del informe de la CAO, la CFI debería retirar la inversión en la empresa Eco Oro, y así actuar en consecuencia con sus políticas internas. Informe de la CAO: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOComplianceInvestigationReportonIFCinvestmentinEcoOroMinerals-Spanish.pdf Comunicado de la CAO (inglés): http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOCommuniqueEcoOroSummaryofFindingsAugust252016.pdf Respuesta de la CFI (inglés): http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/EcoOro-IFCManagementResponsetoCAOInvestigationReport-5August2016.pdf os de prensa Miguel Ramos, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 3118806350 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canadá, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272
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Colombia debe acatar recomendaciones de Ramsar para la Ciénaga Grande
Autoridades nacionales y regionales deben contribuir a ese cumplimiento. El colapso del sitio puede desplazar a miles de personas que dependen del mismo para su sustento. Bogotá, Colombia. Tras la visita de expertos de la Convención Ramsar para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, creemos necesario que el informe con las conclusiones y recomendaciones de la misión técnica de asesoramiento sea de conocimiento público y que sea acatado por el Estado colombiano en su conjunto. Tanto autoridades nacionales como regionales deben contribuir a lograr ese cumplimiento. Reconocemos la voluntad política del gobierno nacional para dar con la solución a la crisis ambiental por la que atraviesa la Ciénaga Grande. La visita, realizada del 22 al 26 de agosto con el consentimiento gubernamental, ocurrió tras la petición realizada en 2014 al Secretariado de la Convención por a Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida. Ramsar es un tratado intergubernamental para la prptección de humedales. Según los medios, se prevé que los expertos entreguen sus conclusiones al gobierno a más tardar en un mes. ”Esperamos que la sociedad colombiana se apropie de las recomendaciones que emitirá la Misión Ramsar y que el Estado en su conjunto concurra para cumplirlas”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. “El colapso de la Ciénaga puede provocar el desplazamiento de miles de personas que allí habitan y cuyo sustento depende del sitio”, sostuvo Juan Pablo Sarmiento, de la Universidad del Norte. “El Estado colombiano debe preservar la Ciénaga porque es crucial para enfrentar los efectos del cambio climático”, agregó. En el ecosistema han muerto cientos de miles de peces producto de la degradación ambiental causada, entre otros, por incendios forestales, deforestación y construcción ilegal de diques. Consideramos que también han contribuido al problema la falta de coordinación entre las entidades a cargo del tema, la escasez de recursos económicos para tareas de protección, la falta de educación ambiental y de persecución de los crímenes ambientales que allí se cometen. Además de las recomendaciones que surjan de la misión de Ramsar, creemos importante contar en el país con una entidad fuerte e independiente de presiones políticas para la evaluación adecuada de los proyectos de desarrollo que se implementan en la Ciénaga, incluyendo las carreteras, y la entrega de los permisos ambientales correspondientes. La Convención puede sugerir al Estado colombiano incluir a la Ciénaga Grande en la lista Montreaux, lo cual permitiría la obtención de ayuda económica solicitada por organizaciones no gubernamentales o por el Estado; así como asesoría técnica para generar recomendaciones orientadas a la recuperación y conservación del sitio. Esas orientaciones harían que las acciones de la Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación del Magdalena y de otras autoridades responsables de la gestión de la Ciénaga sean más efectivas. os de prensa Juan Pablo Sarmiento, Universidad del Norte, [email protected], +57 300 5514583 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +573005640282
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